Aislados y con delitos sin detallar: así viven los extranjeros presos en la CDMX

[contextly_sidebar id=”uPAkt20A1gbEl9ecAJn4HLA5tCmIInKP”]En los 10 centros penitenciarios a cargo del gobierno capitalino hay 268 personas extranjeras, de acuerdo con cifras oficiales.

Su edad promedio es de 37 años y están bajo proceso o ya fueron sentenciadas por delitos como robo, narcotráfico, homicidio o una variedad que las autoridades sólo catalogan en sus estadísticas como “otros”. Algunos viven aislados, sin amigos o familiares ni el respaldo de su país. 

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Por región, la mayoría proviene de América Latina, con 74% del total, y a este grupo sigue el de los originarios de Europa, con 11%, según los datos entregados en respuesta a una solicitud de información.

En tanto, por nacionalidad predominan los colombianos (88), venezolanos (32) y estadounidenses (27), y más abajo están los guatemaltecos y hondureños (16 de cada país), peruanos (13), rumanos (12), cubanos y salvadoreños (ocho de cada país), argentinos (seis), españoles (cinco), costarricenses (cuatro), húngaros y búlgaros (tres de cada país) y nicaragüenses, dominicanos, chilenos y cameruneses (dos de cada país).

La lista la completan, entre otros, un canadiense, un haitiano, un francés, un griego, un holandés, un checo, un monegasco y ciudadanos de países aún más lejanos: un paquistaní, un chino, un norcoreano, un iraquí, un iraní y un singapurense.

En la manutención de estos internos las autoridades capitalinas gastan unos 48 mil pesos diarios, según un cálculo basado en cifras de la Secretaría de Gobierno local. En 2015, en respuesta a una solicitud de información, la dependencia indicó que por cada preso que vive en cárceles capitalinas desembolsa 178.92 pesos.

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Delitos no detallados

De las personas 268 extranjeras presas, 221 son hombres y 47 mujeres; 179 ya tienen sentencia y 89 todavía esperan una.

Por delito, la información entregada por el gobierno capitalino indica que 111 (41%) lo están por robo calificado, mientras a 61 (22.76%) únicamente se les ubica en la categoría “otros”, a 23 (8.58%) en narcotráfico y a 20 (7.46%) en homicidio.

Barrón critica que los datos no estén más detallados y considera que las autoridades no lo hacen para evitar cuestionamientos a sus posiciones en temas como la presencia de delincuencia organizada en la capital de la República.

“Por ejemplo, el jefe de Gobierno [Miguel Ángel Mancera] ha insistido en que no hay narcotráfico. Habría que ver cuántas personas están por [trabajar para cárteles del] narcotráfico. La propia estadística contradiría el discurso del jefe de Gobierno. Es ahí donde a la autoridad no le conviene porque puedes hacer un análisis más puntual que te permite ver y contradecir el discurso político”, dice Martín Barrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

Desde 2010, las prisiones capitalinas tienen cada año un promedio de 243 extranjeros. Esto significa que la cantidad actual supera en 10% esta media.

Elena Azaola,académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), explica que las redes de narcotraficantes colombianas se han extendido en México, y atribuye a ese factor o a la migración desde Venezuela, motivada por la crisis económica allá, que en las cárceles de la ciudad exista una mayoría de ciudadanos de esas naciones.

En situación vulnerable

Cuando un extranjero está preso, no siempre cuenta con el apoyo legal de su representación diplomática, advierte Azaola. Incluso, dice, puede quedar en aislamiento si no tiene amigos o conocidos que le brinden dinero o sirvan de enlace con su familia en su país de origen.

“Cuando se trata de una persona norteamericana, con seguridad tiene el apoyo de su consulado, lo mismo si se trata de una persona de un país europeo. Pero de ahí, en más, conozco mucho la situación de chicas colombianas o de otros países de América Latina que no tienen ni los recursos y no sé si el interés, de manera que esas chicas se encuentran muy aisladas, sin que tengan visitas. Es una situación muy penosa”, explica.

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Además, señala la experta, hay muy pocas organizaciones no gubernamentales que se dediquen a abordar el tema de los sistemas penitenciarios y, de entre ellas, ninguna que se preocupe por vigilar que los extranjeros estén sujetos a un debido proceso judicial.

“Tendría que haber un interés creciente. Algunas de estas ONG podrían hacer una buena labor si se ocuparan de visitar a estas personas internas extranjeras y ayudarles a enviar o recibir cosas por parte de sus familias, o ponerlas en contacto”, afirma.