Dulce Ramos · 24 de mayo de 2012

Amnistía Internacional (AI) afirmó que el gobierno mexicano no adoptó medidas efectivas para prevenir o investigar las violaciones graves y generalizadas de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas y la policía, que incluyeron desapariciones forzadas, asesinatos extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias.
Criticó además la colusión ocasional de grupos criminales con el gobierno, así como la violencia que a menudo sufren los migrantes que cruzan el país hacia la frontera norte.
El Informe 2012 de Amnistía Internacional, titulado “El estado de los derechos humanos en el mundo” y que fue presentado ayer, indicó que el gobierno no dio respuestas sustantivas a las peticiones de información hechas por este organismo acerca de las investigaciones sobre estos casos.
Otros temas abordados en el informe se refieren a la situación de periodistas que han reportado temas de derechos humanos y han recibido amenazas, el de los migrantes, el de los derechos sexuales y reproductivos, y el de la violencia contra las mujeres.
Sobre la región este es el resultado de AI: “América Latina mantuvo su déficit en la situación de los derechos humanos durante 2011… la demanda de respeto por los derechos humanos se hizo oír en toda la región, durante 2011, en los tribunales nacionales, en el sistema interamericano y en las calles”.
El Informe 2012 documentó también casos concretos de restricción de la libertad de expresión en al menos 91 países, así como casos de torturas o malos tratos en al menos 101 naciones, en muchas ocasiones por participar en manifestaciones.
Llamó también a crear un sólido Tratado sobre Comercio de Armas, debido que los mecanismos actuales son demasiado laxos en sus restricciones para vender armamento a países en conflicto o a regímenes dictatoriales.
México, por temas
El ejército y la marina
El gobierno hizo caso omiso de los informes generalizados sobre violaciones graves de derechos humanos cometidas por el ejército y, de forma creciente, por personal de la marina. Siguió afirmando que los abusos eran excepcionales y que sus autores rendían cuentas de sus actos. Durante 2011 sólo hubo un caso en el que personal militar compareció ante la justicia: los tribunales militares declararon culpables a 14 soldados del homicidio, cometido en 2007.
Fuerzas policiales
Los avances en la reforma de las fuerzas de policía federales, estatales y municipales fueron sumamente lentos. Había pruebas de que algunos policías actuaban en colusión con organizaciones delictivas, incluso en el homicidio de presuntos miembros de organizaciones rivales.
Libertad de expresión: periodistas
Según la CNDH, al menos nueve periodistas murieron violentamente y decenas más sufrieron ataques e intimidación. La impunidad siguió siendo la norma en la mayoría de estos crímenes, pese a la existencia de una fiscalía federal especial para los delitos contra periodistas.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Más de 20 defensores y defensoras de los derechos humanos fueron objeto de amenazas o ataques en 2011. Las investigaciones oficiales no habían identificado a los autores al concluir el año. La provisión de protección a defensores y defensoras era a menudo lenta, burocrática e inadecuada. En julio, el presidente firmó un decreto que establecía un mecanismo de protección, pero al finalizar el año no había datos que indicasen que el mecanismo estuviera activo o hubiera mejorado la protección de los periodistas o de los defensores de derechos humanos.
Sistema de justicia penal e impunidad
Las reformas del sistema de justicia penal avanzaron con suma lentitud. Había varios factores que contribuían a que las sentencias condenatorias fueran poco fiables, como la detención arbitraria, la tortura, la falsificación de pruebas, la ausencia del debido proceso, la negación del acceso a una defensa efectiva y la inadecuada supervisión judicial de las actuaciones. La detención preventiva sin cargos (conocida como arraigo) durante 80 días siguió utilizándose de manera generalizada, lo que facilitaba la tortura y otros malos tratos y socavaba las garantías procesales.
Migrantes irregulares
Decenas de miles de migrantes irregulares, en su mayoría procedentes de Centroamérica, que se dirigían a Estados Unidos corrían el riesgo de ser secuestrados, violados, reclutados por la fuerza o asesinados por bandas delictivas, que actuaban a menudo en colusión con funcionarios públicos. Los responsables casi nunca rendían cuentas de sus actos. En febrero, la CNDH informó de que, en un periodo de seis meses, habían sido secuestrados 11 mil migrantes. Las medidas de los gobiernos federal y estatales para prevenir y castigar los abusos y garantizar el acceso a la justicia siguieron siendo inadecuadas. Se conocieron más casos de malos tratos a manos de funcionarios de inmigración y de colusión con bandas delictivas, pese a las medidas para acabar con los funcionarios corruptos. Las autoridades no recabaron datos suficientes sobre los abusos para facilitar las investigaciones que llevaban a cabo los familiares de los migrantes desaparecidos.
Aquí puedes leer el apartado completo sobre México.
Un video sobre el Inform 2012:
Otras novedades mundiales destacadas en el Informe 2012 de Amnistía Internacional:
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Infografía sobre el estudio: