“El acoso judicial es la nueva forma de censura”: Artículo 19 documenta 51 casos contra periodistas
Redacción Animal Político · 26 de agosto de 2025
En lo que va del año, la organización Artículo 19 ha documentado “un preocupante incremento en el acoso judicial” contra periodistas y medios de comunicación en México: entre el 1 de enero y el 31 de julio se registraron 51 casos que incluyen a 39 periodistas —28 hombres y 11 mujeres— y 12 medios de comunicación que han sido notificados de procesos legales en su contra.
Esto equivale, en promedio, a un proceso judicial o administrativo cada cuatro días.
De acuerdo con su reporte “Las leyes como mecanismo de censura: Aumento del acoso judicial contra periodistas en México”, la violencia contra la prensa ya no se limita a agresiones físicas o amenazas; ahora se traslada a los tribunales mediante demandas, denuncias y procedimientos administrativos o electorales.
Si esta tendencia continúa, el espacio para el periodismo crítico se reducirá aún más. A este patrón hay que sumar lo registrado en los últimos años de estigmatización de la prensa desde la tribuna pública, alerta.
Artículo 19 señala que en tan sólo siete meses se ha superado el número de víctimas registradas en cualquier año anterior, lo que refleja “un patrón de un uso faccioso del marco legal mexicano que pone en grave riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información”.
Con 40 casos, el año 2021 había sido el año con más procesos abusivos documentados contra periodistas por sus publicaciones o investigaciones.
Los estados con más procesos iniciados contra periodistas son Veracruz (10 casos), Ciudad de México (9), y Jalisco (6), seguidos de Campeche, Oaxaca y Puebla, con tres casos cada uno.
Cuál es el propósito del acoso judicial contra medios y periodistas
El reporte indica que los procesos judiciales o ministeriales contra periodistas por sus investigaciones, notas periodísticas o incluso publicaciones en redes sociales pueden conllevar múltiples propósitos como revertir discursos incómodos, eliminar información publicada, y mandar un mensaje colectivo sobre “temas prohibidos” que personas con poder económico o político no quieren que se toquen.
Destaca que, contrario a otras formas de agresión, el acoso judicial representa una estrategia de desgaste, de recursos económicos, legales y humanos. Los medios de comunicación y periodistas independientes deben destinar no sólo recursos a responder ante estos procesos, sino que inclusive pueden verse acreedores a multas millonarias.
El informe menciona algunos casos como el de la periodista Lourdes Mendoza, quien a inicios del año fue notificada de una demanda de daño moral interpuesta por Adrián Rubalcava, el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro de Ciudad de México.
Las denuncias por Violencia Política en Razón de Género contra periodista Jorge Luis González, en Campeche, quien enfrenta procesos penales y civiles por daño moral, promovidos por la gobernadora de ese estado, Layda Sansores.
También menciona casos como los de Ruby Soriano, en Puebla; Héctor de Mauleón; o de la ciudadana Karla Estrella, en Sonora, sancionada por el INE y el TEPJF tras publicar un tuit que cuestionaba posible nepotismo en beneficio de la diputada Diana Karina Barreras.
Quiénes son los perpetradores
De los 51 casos documentados entre enero y julio, 26 fueron por la vía electoral (50.98 %), 14 por la vía penal (27.45 %), y 11 civiles (21.57 %).
Según la organización, los perpetradores de acoso judicial son, en su mayoría, personas con poder público. De los casos documentados, 23 (45.10 %) fueron personas funcionarias públicas (varias de ellas en proceso reelección de su puesto o en proceso de candidatura de uno nuevo), seguido de 18 particulares (35.29 %), y 10 (19.61 %) con procesos iniciados por partidos políticos y candidaturas (sin un puesto como persona funcionaria al momento de la agresión).
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De las 23 autoridades que iniciaron procesos contra periodistas, la gran mayoría fueron a nivel estatal, con 14 casos (60.87 %); seguido de autoridades a nivel federal, sobre todo personas candidatas en el proceso de elecciones judiciales de este año, con 5 casos (21.74 %); y por último, autoridades a nivel municipal, con 4 casos, (17.39 %).
Ante ello, alerta que la impunidad y el desbalance de poder en los litigios estratégicos contra la participación pública permite que funcionarios y figuras públicas utilicen recursos públicos y acceso institucional para intimidar y castigar la crítica, lo que genera un efecto de autocensura con impactos duraderos en la democracia.
Asimismo, el reporte también destaca que, de todos los procesos documentados, 25 fueron acusando a la prensa de Violencia Política en Razón de Género (VPEG). Es decir, prácticamente uno de cada dos procesos de acoso judicial contra la prensa en el país se iniciaron abusando de esa normativa.
En el periodo analizado, cinco mujeres periodistas fueron víctimas de acoso judicial por presunta VEPG. “El propio instrumento se está utilizando también para acallar a mujeres periodistas”.
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“Artículo 19 considera necesaria la introducción de la protección de los derechos de las mujeres en el ámbito electoral, pero externa su preocupación que esta figura se ha desvirtuado de su propósito y está siendo utilizada de manera abusiva contra periodistas y medios de comunicación de manera desproporcionada. La ambigüedad de la norma, así como la interpretación arbitraria sin perspectiva de derechos humanos y de libertad de expresión, ha resultado en limitaciones injustificadas. Inclusive se llega al extremo de ordenar la remoción de contenidos de relevancia pública a través de medidas cautelares”, destaca.
Finalmente, el informe hace un llamado a las autoridades para atender la problemática desde los distintos poderes e instituciones.