Dulce Ramos · 4 de abril de 2013
Ciudadanos y académicos pertenecientes al Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) emitieron un comunicado en el que hicieron pública su posición frente a la Reforma en Telecomunicaciones, sobre la que hicieron varias consideraciones.
Ciudadanos y representantes de estas instituciones emitieron un ánalisis de los puntos relevantes y preocupantes de la reforma, aunque afirmaron que “constituye un paso importante para impulsar el desarrollo de estos sectores” y “es una acción gubernamental largamente esperada … que ha abordado en el sentido correcto los principales problemas que los aquejan.”
Aquí las consideraciones principales:
*Debe esclarecerse cuál será el papel del Estado en la construcción y operación de las nuevas redes de transporte y de banda ancha móvil, pues los expertos afirmaron que el Estado debe priorizar sus sus recursos en cobertura social y no en competir con los privados.
*El objetivo es “señalar puntos específicos que, sin contravenir el espíritu de la propuesta, puedan implicar mandatos contradictorios o rígidos en un sector caracterizado por el rápido cambio tecnológico.”
*Evitar elevar muchas reformas al grado constitucional, pues pese a que las fortalece y obliga su seguimiento sin reglamentación adicional, presenta el riesgo de generar rigidez en sectores en los que la autoridad necesita flexibilidad para enfrentar la innovación tecnológica.
*Asignar constitucionalmente los recursos de la fibra óptica de la CFE y del espectro de la banda de 700 MHz a Telecomunicaciones de México, una empresa paraestatal con escasa experiencia en esta materia, generará una empresa verticalmente integrada y dificultará que se invierta eficientemente.
*El IFETEL, como órgano autónomo, podría minar la capacidad de articular una estrategia integral digital con agencias del Ejecutivo, en particular con la SCT, SEP y SS, mientras que pese a que en la iniciativa se afirma que el IFETEL es autónomo, también señala que debe ceñirse al Plan Nacional de Desarrollo, lo que es contradictorio con el mandato de autonomía constitucional.
A pesar de que los expertos y ciudadanos creen en la transparencia y rendición de cuentas, para ellos, las sesiones plenarias del órgano autónomo no deberían ser públicas porque en éstas se mencionan y trabajan con datos financieros y operacionales confidenciales de las empresas. Existen opciones intermedias, por ejemplo, que sean públicas las agendas a tratar y que hayan transcripciones escritas de las sesiones con la información confidencial eliminada.
*Se deben revisar las condiciones de comunicación e interacción entre el órgano regulador y las entidades reguladas. En un sector con cambios tecnológicos constantes, el conocimiento está en empresas y proveedores de tecnología; el eliminar este contacto resultará en que los comisionados estén constantemente desactualizados.
Para los firmantes del comunicado, la iniciativa de Reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión en México constituye un paso importante para impulsar el desarrollo de estos sectores. “Es una acción gubernamental largamente esperada y creemos que ha abordado en el sentido correcto los principales problemas que los aquejan. Su aprobación será bienvenida”, aseguraron.
Los firmantes a título personal del comunicado son:
Sergio López Ayllon, Director General CIDE
Juan E. Pardinas, Director General IMCO
María Amparo Casar, Profesor Investigador Titular, CIDE
José Caballero, Profesor Investigador Titular, CIDE
Javier Cruz Angulo, Profesor Investigador Titular, CIDE
Alexander Elbittar, Profesor Investigador Titular, CIDE
Carlos Elizondo Mayer-Serra, Profesor Investigador Titular, CIDE
Ernesto Flores-Roux, Profesor Asociado, Telecom-CIDE
Miriam Grunstein, Profesor Investigador Titular, CIDE
Judith Mariscal, Directora del Programa Telecom-CIDE
Elisa Mariscal, Profesor Invitado, CIDE
Jana Palacios, Directora de Proyectos de Buen Gobierno, IMCO
José Roldán Xopa, Profesor Investigador Titular, CIDE