Abuela yucateca se reencuentra con nietos sustraídos en 2012

Hace dos años y cinco meses, en mayo de 2012, la señora Ligia Canto vio iniciarse una “guerra” en el seno familiar, luego de que sus tres nietos fueran sustraídos por el padre, violando la custodia concedida a la parte materna. Se trata de una guerra por recuperar a los niños, por la cual Gabriela, la madre, y Ligia, su abuela, han sufrido acoso judicial, fabricación de delitos e incluso cárcel. Sin embargo, explica Ligia, el pasado 12 de octubre “la paz inició”, luego de que la PGR lograra rescatar a los menores en el estado de Quintana Roo.

[contextly_sidebar id=”m5kmvr6VAKk6jOgi6DZeNM4fjaKnlEId”]Internados, por el momento, en un albergue del estado de Yucatán, entidad donde los niños fueron raptados en 2012, y a la que fueron devueltos tras su rescate, “los pequeños están siendo evaluados por especialistas, para saber su condición psicológica y física –explica su abuela materna–, y en dos ocasiones he podido ya reunirme con ellos, un momentito, pero sin presionarlos, porque, como era de esperarse, ellos están sufriendo ahorita de lo que se conoce como ‘alienación parental’, es decir, durante estos dos años y cinco meses en que permanecieron raptados por su padre, sus mentes fueron envenenadas, los hicieron formarse una idea negativa de mí, y de su madre, alguien que ha luchado tanto por ellos… pero aún así yo estoy feliz, enormemente feliz, de haberlos podido ver nuevamente, y de iniciar este proceso de reintegración al seno materno, del que nunca debieron ser arrancados.”

En 2012, Gabriela Molina Canto y Alberto Medina Sonda disolvieron su matrimonio, luego de 12 años de violencia intrafamiliar, antecedente por el cual la custodia de los tres niños que la pareja procreó fue otorgada a la parte materna. Esto, explica Ligia, “desató una campaña de acoso judicial por parte del padre, con el objetivo de que mi hija le cediera el cuidado de los niños: a mi hija la acusó de robarse el auto familiar, por lo cual fue apresada y meses después liberada, al confirmarse que no había delito qué perseguir; y luego le inventó delitos de fraude en el DF, un fraude que supuestamente fue cometido cuando Gaby estaba en prisión, y luego la acusó de falsificación de documentos en Jalisco, y para acusarla se presentaron pruebas falsificadas, lo cual ya se comprobó”.

A pesar de esas irregularidades, explica Ligia, su hija pasó más de un año escondida, puesto que las acusaciones fueron demeritadas jurídicamente, pero las órdenes de aprehensión en su contra siguen vigentes.

Por la acusación formulada en Jalisco, de hecho, la misma abuela de los menores fue detenida por la PGR en agosto pasado y encerrada en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, donde pasó una semana encerrada, hasta que se confirmó que las pruebas en las que se fundó dicho proceso penal son, en realidad, documentos falsificados.

“Luego de pasar más de un año escondida –explica la señora Ligia–, mi hija Gaby vino ayer a Mérida y pudo visitar a sus pequeñitos, que ya están bien crecidotes… aunque tenemos miedo de que puedan detenerla, porque a pesar de que ya se comprobó que no existe lugar para los procesos penales que abrieron contra ella en DF y Jalisco, aunque la misma autoridad ya reconoció que se trata de delitos fabricados, ambos procesos siguen abiertos, y las órdenes de aprehensión giradas siguen vigentes.”

Esta campaña de acoso judicial, destacó la señora Canto Lugo, “fue posible debido a las complicidades de este señor –Alberto Medina Sonda, padre de los niños–, porque él es asesor financiero del exgobernador de Tabasco, Andrés Granier (actualmente preso, acusado del delito de fraude)”.

Cabe destacar que, además de la recuperación de los niños, también se informó que su padre, acusado de sustracción de menores, fue detenido y recluido en un penal de Tabasco.