Instituciones de salud en Guerrero y CDMX niegan aborto a mujer con problemas en su embarazo

Personal del Hospital General de Acapulco, Guerrero; y del Instituto Nacional de Perinatología (Inper), le negaron a una mujer el derecho para abortar, pese a que acreditó tener problemas con su embarazo.

El caso fue revisado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) quien resolvió que la mujer fue víctima de violencia obstétrica y de discriminación de género, por lo que solicitó la reparación del daño.

¿Por qué le negaron el aborto?

Los hechos ocurrieron en 2019, cuando la víctima acudió al Hospital General de Acapulco para valorar su embarazo; sin embargo, tras la revisión, la mujer fue enviada al Inper en Ciudad de México para que valoraran su caso. En el Instituto se detectó que el bebé tenía malformaciones; y en enero de 2020, se le realizó un ultrasonido que reveló la existencia de un “quiste interhemisférico”.

Debido a estos problemas, la mujer solicitó la interrupción del embarazo; sin embargo, la jefa de genética del Inper se negó y argumentó que eso lo tenía que aprobar el Comité de Bioética.

En febrero de 2020, la víctima presentó las pruebas necesarias al comité y la ingresaron a urgencias para practicarle el aborto.

Dos médicos diferentes atendieron a la víctima, una mujer y un hombre, pero ambos se negaron a realizar el procedimiento argumentando “objeción de conciencia”. Finalmente nació una niña, pero debido a sus padecimientos, sólo vivió tres días.

A pesar de que los médicos sabían que sus padres no deseaban que recibiera cuidados paliativos, ya que por sus padecimientos no podría sobrevivir, se le colocó un respirador y lámparas calefactoras.

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Instituciones de salud sí violentaron derechos de la víctima 

Ante esta situación, la CNDH analizó el caso y resolvió que se violó el derecho a la salud, a la igualdad y a una vida libre de violencia obstétrica.

De acuerdo con la comisión, los médicos de ambas instituciones “no tomaron en consideración los antecedentes clínicos de la víctima”, quien habría tenido dos embarazos previos que no llegaron a término por muerte fetal y malformaciones.

La CNDH determinó que el personal del Inper incumplió con su obligación de proporcionar un trato digno y respetuoso.

“La negativa de atender oportunamente su voluntad de interrumpir el embarazo afectó su proyecto de vida, porque se le obligó a asumir un rol de madre bajo condiciones no elegidas por ella misma, en una situación para la que no estaba preparada y que generó efectos devastadores en su salud psicoemocional”.

 

Como reparación del daño, el Inper y la Secretaría de Salud de Guerrero deberán otorgarle atención psicológica y tanatológica a la mujer.

Además, deberán capacitar a su personal sobre derechos de las mujeres gestantes, perspectiva de género, aborto legal y seguro, haciendo énfasis en el trato humano.

También tendrán que diseñar una campaña de información sobre la interrupción del embarazo y pedirles a los trabajadores apegarse a los lineamientos del aborto seguro.