Animal Político · 3 de septiembre de 2026
Al cierre de 2025, los servicios periciales y médicos forenses del país tenían almacenados 10 mil 770 cadáveres en anfiteatros, una cantidad equivalente a 11% de los 97 mil 920 cadáveres que ingresaron a instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y de las unidades estatales durante ese año.
En el reporte de resultados de Servicios Periciales y/o Servicio Médico Forense, publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señala que en el periodo también se registraron 9 mil 115 segmentos, mil 158 fragmentos y 813 restos no identificados almacenados en estos espacios
La cifra de 10 mil 770 cadáveres no representa necesariamente cuerpos que ingresaron durante 2025 y que permanecían sin entregar al cierre de ese mismo año. El Inegi precisa que los cadáveres almacenados pudieron haber ingresado durante 2025 o en ejercicios anteriores, por lo que el reporte no establece cuánto tiempo llevaba cada cuerpo en el anfiteatro ni señala las razones por las que permanecía ahí.

Veracruz concentró la mayor cantidad de cadáveres almacenados, con 2 mil 552, seguido de Jalisco, con mil 190, y Quintana Roo, con mil 132. En cuanto a segmentos, Jalisco concentró 7 mil 470 de los 9 mil 115 registrados en el país.
El registro se conoce mientras organizaciones de derechos humanos, colectivos de familiares de personas desaparecidas, académicos y activistas han solicitado a Naciones Unidas intervenir ante la crisis de desapariciones en México y establecer mecanismos de cooperación para la búsqueda, identificación forense e investigación.
En una carta dirigida a la ONU y difundida este miércoles, las organizaciones señalaron que la crisis de desapariciones en México rebasa las capacidades institucionales del Estado. Los firmantes sostuvieron: “En México hay más de 135 mil personas desaparecidas y más de 72 mil restos humanos pendientes de identificación forense”.
La petición ocurrió después de que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) activara por primera vez el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Las organizaciones pidieron que el caso mexicano sea abordado durante el próximo periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, particularmente en la Tercera Comisión.
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Durante 2025, la FGR y las unidades estatales recibieron 97 mil 920 cadáveres, 2.1% menos que los 100 mil 20 registrados en 2024. La FGR recibió 37 cuerpos y las unidades estatales 97 mil 883.
El Estado de México concentró la mayor cantidad de cadáveres recibidos, con 11 mil 47; le siguieron Guanajuato, con 7 mil 245; Baja California, con 6 mil 914, y Ciudad de México, con 6 mil 815.
Durante ese mismo año egresaron 90 mil 445 cadáveres identificados. De ellos, 83 mil 918 fueron entregados a familiares, lo que representó 92.8% del total. Otros cuerpos permanecieron almacenados en anfiteatros o fueron enviados a panteones, centros de resguardo forense u otros destinos.
En cambio, 6 mil 502 cadáveres egresaron sin identificar. De ese total, 3 mil 169, equivalentes a 48.7%, fueron almacenados nuevamente en anfiteatros; mil 713 fueron inhumados en fosas comunes individuales; 844 fueron almacenados en centros de resguardo forense u homólogos y 47 en agencias funerarias. Otros 715 tuvieron un destino clasificado por el Inegi como “otro tipo”.

El Inegi registró además el egreso de 578 segmentos, 594 fragmentos y 167 restos no identificados. En estos casos, los anfiteatros fueron el principal destino de los segmentos y fragmentos, mientras que los centros de resguardo forense concentraron la mayor parte de los restos no identificados.
La carga de trabajo de las instituciones forenses no se limitó al procesamiento de cadáveres. Durante 2025 fueron admitidas 5 millones 121 mil 796 solicitudes de intervención pericial en el país.
Al cierre del ejercicio permanecían pendientes de concluir 289 mil 958 solicitudes. La mayor cantidad se concentró en Guerrero, con 36 mil 424; estado de México, con 30 mil 701; Morelos, con 27 mil 978; Zacatecas, con 26 mil 753; Jalisco, con 26 mil 144, y Sinaloa, con 26 mil 61.
El Inegi advierte que las solicitudes concluidas y pendientes pueden corresponder a intervenciones admitidas durante 2025 o en ejercicios anteriores. En las unidades estatales se concentraron 287 mil 696 solicitudes pendientes, mientras que la FGR reportó 2 mil 262.
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El país contaba al cierre de 2025 con 19 centros de resguardo forense u homólogos distribuidos en 15 entidades federativas. Estos espacios tenían capacidad para almacenar hasta 13 mil 359 cadáveres, además de 321 espacios para cadáveres de reciente data y 3 mil 258 para restos humanos sin tejidos blandos.
El Inegi define estos centros como espacios destinados al almacenamiento, protección y trazabilidad de cadáveres y restos humanos no identificados o identificados no reclamados, mientras se espera su entrega a familiares. El reporte aclara que no se consideran como centros de resguardo los anfiteatros o laboratorios por sí mismos, ni sus cámaras de frío u osteotecas.
A esta infraestructura se sumó el apoyo de 113 agencias funerarias privadas en ocho entidades federativas. De ellas, 90.3% proporcionó instalaciones para practicar necropsias y 75.2% servicios para el traslado de cadáveres y restos humanos.
En los servicios periciales y médico forenses trabajaban 15 mil 33 personas al cierre de 2025. De ellas, 11 mil 631 eran peritas.
La FGR reportó que la totalidad de su personal pericial estaba acreditado en la especialidad que atendía. En las unidades estatales, en cambio, la acreditación alcanzó 69.6% entre quienes realizaban criminalística: mil 584 de 2 mil 276 personas peritas.
En medicina forense, mil 1 de mil 434 personas peritas contaban con acreditación, equivalente a 69.8%. También se registraron 85 peritos estatales en antropología física forense, de los cuales 54 estaban acreditados. La FGR reportó 46 personas peritas en esta especialidad.
El reporte también contabilizó los instrumentos disponibles para la búsqueda y localización de personas desaparecidas. Las unidades estatales disponían de 157 GPS portátiles, 129 sondas o varillas metálicas en forma de T, 69 detectores de metales, 32 drones, 30 georradares, 11 caninos especializados y un equipo LiDAR.
La FGR contaba con ocho sondas o varillas en forma de T, cinco georradares y cinco equipos LiDAR.
El Inegi incluye estos recursos dentro de la información sobre las capacidades institucionales para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas. El reporte señala que los datos sobre cuerpos recibidos, prácticas forenses, destinos y almacenamiento pueden utilizarse para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas en esta materia.
Las cifras se incorporan así a la discusión sobre las capacidades forenses del Estado mexicano, en momentos en que colectivos de familiares y organizaciones de derechos humanos han solicitado mecanismos de cooperación internacional para atender la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
En su petición ante Naciones Unidas, las organizaciones plantearon que la intervención internacional debe traducirse en cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada, y no ser entendida como un juicio contra México. El gobierno mexicano, de acuerdo con la información difundida el 2 de septiembre, ha manifestado su desacuerdo con la activación del artículo 34 y rechazado la presunción de que exista una práctica generalizada y sistemática de desaparición forzada en el país.