Van al menos 361 policías asesinados en gobierno de Sheinbaum; persiste abandono de agentes: informe

Al menos 361 policías han sido asesinados durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum -entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2025-, lo que equivale a un promedio de un agente muerto cada día durante la actual administración, según Causa en Común.

En el informe “Las policías en México: radiografía de un retraso crónico (2025)”, la organización muestra que esta cifra ocurre un contexto de abandono institucional crónico y precariedad laboral que afecta a las corporaciones policiales en el país, mientras que la militarización de la seguridad pública sigue avanzando.

La organización subrayó que durante la administración de López Obrador se registraron al menos 2 mil 456 homicidios de policías, sin embargo, la violencia contra los elementos se intensificó en el arranque de la administración de Sheinbaum, pues desde el 1 de octubre de 2024, tras su toma de posesión, al 31 de agosto de este año, suman 361 casos.

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De esa cifra, 267 se registraron en lo que va de este año. Esto representa un 21 % más de los homicidios en ese mismo periodo de 2024.

Respecto a las corporaciones, señaló que el 69 % eran agentes municipales, mientras que el 24 % eran estatales y el 6 % federales.

Los estados con mayor número de casos son: Sinaloa (35), Guerrero (35), Guanajuato (29), Michoacán (23) y Veracruz (16), indicó Causa en Común.

Aumentan movilizaciones de policías por abandono institucional

Causa en Común señala que el abandono de las policías se mantiene en el actual sexenio, lo que ha llevado a que en los primeros 11 meses del gobierno de Sheinbaum, se hayan registrado al menos 73 movilizaciones de policías, lo que representa un 64 % más que las ocurridas en el mismo periodo de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

El informe también incluye 35 paros, 5 emplazamientos y 33 manifestaciones como una manera de exigir condiciones de trabajo menos precarias y denunciar abusos laborales o destitución de mandos.

Asimismo, indica que, entre enero y agosto de este año, se han registrado 43 movilizaciones, de las cuales el 54 % fueron organizadas por policías municipales, 33 % por estatales, 7 % por familiares de uniformados, 4 % por policías auxiliares y 2 % por exagentes.

“El 59 % de las movilizaciones se concentra en cinco entidades: Michoacán (7), Puebla (6), Oaxaca (5), Baja California (4) e Hidalgo (4)”, sostiene el informe.

En su estudio, Causa en Común destaca el caso de la policía estatal de Michoacán, cuyos elementos han llevado a cabo al menos 1 paro y 6 manifestaciones en cinco municipios de la entidad.

“Los policías denuncian al gobierno estatal por faltar a su compromiso de otorgar un incremento salarial del 5 %. En respuesta, las autoridades rechazaron las acusaciones de los policías, incurriendo en presuntos actos de intimidación y en la detención aparentemente arbitraria de los líderes de las movilizaciones”.

Militarización

Durante el sexenio anterior (2018-2024), la militarización de la seguridad pública avanzó como nunca antes, según el Quinto Informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, coordinado por Causa en Común. Este informe documenta los siguientes efectos y riesgos:

• La Guardia Nacional no ha dado resultados significativos para incidir en la situación de violencia e impunidad crónicas del país.
• El crecimiento en funciones y presupuestos de las Fuerzas Armadas ocurre en detrimento de las policías locales.
• Se incrementa el peligro de un mayor número de violaciones a los derechos humanos.
• Dada la opacidad de las Fuerzas Armadas, se incrementan los riesgos de corrupción.
• El protagonismo militar no es compatible con un sistema democrático definido por la preeminencia de las instituciones civiles.
• Expresiones partidistas de altos mandos militares y amenazas a jueces y funcionarios judiciales fueron preocupantes durante el gobierno pasado.

En la administración de Sheinbaum, Causa en Común indica que la consolidación de la preeminencia militar se acompaña con la destrucción de un Poder Judicial autónomo.

Desequilibrio en asignación de recursos y precariedad laboral de policías

El estudio destaca un severo desequilibrio en la asignación de recursos. Para el año 2025, el gobierno federal destinó apenas 10.6 miles de millones de pesos al financiamiento de las policías del país, una cifra que “contrasta con los cientos de miles de millones de pesos que ya administran las Fuerzas Armadas”.

Además, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), dirigido a policías estatales, ha recibido incrementos mínimos, y el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP), destinado a los municipios, representa solo una cuarta parte de los recursos que antes se otorgaban a través del subsidio FORTASEG, eliminado en 2021.

El informe también muestra que la precariedad laboral es una realidad para los elementos policiales, pues enfrentan jornadas excesivas de hasta 24 horas, condiciones de estrés extremo y la ausencia de sueldos y prestaciones acordes con los altos niveles de riesgo a los que se exponen.

A esta situación se suma el testimonio de integrantes de la extinta Policía Federal, quienes han denunciado discriminación laboral y hostigamiento al interior de la Guardia Nacional.

Asimismo, se documentan casos de incumplimiento en la obligación de otorgar seguros, prestaciones y regímenes complementarios de seguridad social, además de una falta de rigor y transparencia en los procesos de certificación. La regulación del uso de la fuerza y el equipamiento de protección para el personal también presentan vacíos, y la perspectiva de género está lejos de integrarse plenamente en las corporaciones.