Redacción Animal Político · 22 de enero de 2026
La jueza federal Mariana Vieyra Valdez ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar la carpeta de investigación a los abogados del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, ligado al huachicol fiscal, para resolver una audiencia de tutela de derechos.
En una audiencia de tutela de derechos, determinó que se debe emitir luego de que los abogados de Farías Laguna denunciaron que el Ministerio Público Federal les habría entregado información incompleta, documentos con datos testados y negó el acceso a la carpeta original, lo que, argumentaron, limitó el ejercicio del derecho de defensa.
“La Jueza fue clara: la carpeta de investigación no puede seguir oculta a la defensa, ni la Fiscalía puede decidir unilateralmente qué información mostrar y cuál esconder. Por ello, determinó que: La Fiscalía deberá entregar los 20 tomos completos de la investigación. Aunque las copias pueden ser testadas, la carpeta original deberá ponerse a la vista de la defensa sin testaduras”, aclaró.
Indicó que cualquier intento de reservar información deberá justificarse en una audiencia privada, bajo control judicial.

Asimismo, se fijó el martes 27 de enero a las 10:00 horas para acudir a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y dar cumplimiento a lo ordenado.
“En esa misma fecha, la autoridad deberá pronunciarse sobre los analistas cuyas entrevistas fueron solicitadas por la defensa. Esta resolución exhibe omisiones del Ministerio Público en la investigación federal y confirma que el Poder Judicial obligó a la FEMDO a transparentar el expediente, corrigiendo prácticas dilatorias y devolviendo equilibrio al proceso”, indicó la defensa.
Precisó que el fallo deja un mensaje inequívoco: “la transparencia no es una concesión de la Fiscalía, es una obligación legal; el debido proceso no admite atajos, y la tutela de derechos sí funciona cuando existe control judicial efectivo”.
El contralmirante Fernando Farías Laguna, implicado en el caso del huachicol fiscal, recibe el 30% de su sueldo de la Secretaría de Marina, pese a estar prófugo y emitirse una orden de aprehensión en su contra.
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El abogado Epigmenio Mendieta, afirmó que mediante un amparo promovido en contra del procedimiento de baja y con motivo de una suspensión definitiva, el juez ordenó que se le depositara el 30% de sus percepciones económicas.
“Que no se le diera de baja en cuestión de seguridad social. Es decir, esta figura jurídica la conocemos como el mínimo vital, porque salvaguarda los derechos de la familia. De esta manera tienen el sustento básico para que puedan procurarse alimentos y que su familia pueda seguir gozando del servicio de atención médica”, indicó Mendieta.
En tanto, en el caso del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien ya se encuentra recluido en el Altiplano, su defensa aseguró que mientras no se había determinado su procedimiento de baja, recibió una parte del sueldo hasta el mes de septiembre.
Por su parte, la Marina separó del cargo cuatro elementos, incluidos los hermanos Farías Laguna, por su presunta participación en una red de contrabando de combustibles, la cual se ha denominado huachicol fiscal, informó su titular, Raymundo Morales Ángeles.
Al ser cuestionado sobre la situación de los hermanos Farías Laguna y las investigaciones en su contra, el secretario informó que la baja de los mandos navales se ejecutó conforme a la legislación castrense y que los implicados se encuentran bajo proceso judicial.

“De acuerdo con nuestra legislación, cuando una persona no puede cumplir con sus obligaciones, tiene que ser dado de baja. Ya se dieron de baja, están ellos en su proceso legal, tienen quince días para poner sus recursos de revisión, algunos ya los cumplieron, se dieron los fallos, y estamos esperando que las autoridades terminen”, dijo.
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Ambos son señalados de presuntamente liderar una red que facilitó el desembarque de 31 buques con combustible de contrabando en Altamira y Tampico, en Tamaulipas, entre 2024 y 2025.
La Semar inició los procedimientos administrativos de baja en octubre y septiembre de 2025 para Manuel Roberto y Fernando Farías, respectivamente. A pesar de que promovieron amparos contra estas decisiones, los recursos fueron desechados, por lo que la separación del cargo se consumó.