NSU Protección: armas perdidas y fallas en supervisión de seguridad privada
Animal Político · 3 de junio de 2026
La pérdida de armas por NSU Protección, empresa de seguridad privada propiedad de Mario Abeyta Meléndrez, que derivó en la suspensión de su licencia federal, exhibe irregularidades operativas y abre preguntas sobre la capacidad del Estado para supervisar a un sector que, por definición, maneja armamento bajo control público.
Una sanción que revela más que una falta administrativa
En octubre de 2025, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) suspendió la licencia colectiva de portación de armas de la empresa NSU Protección, tras detectar que no reportó la pérdida de armamento bajo su resguardo.
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La medida obligó a la compañía a concentrar sus armas en instalaciones militares, lo que en la práctica limitó su capacidad de operar servicios armados, eje central de su modelo de negocio.
Antes de la sanción federal, la empresa —vinculada a Mario Abeyta Meléndrez y Mario Abeyta Ruiz— ya acumulaba antecedentes que evidencian incumplimiento reiterado: en 2021 fue suspendida en Baja California Sur por operar sin permisos estatales; en 2024, elementos suyos fueron detenidos en el Estado de México por portar armas y documentación presuntamente irregular. Este historial sugiere fallas sistémicas en cumplimiento normativo.
Hasta ahora, no hay información pública sobre cuántas armas se perdieron, de qué tipo eran, ni si fueron recuperadas. Esa ausencia de datos abre un vacío central: no solo se desconoce la dimensión del incidente, sino su posible impacto en materia de seguridad.
Sanciones Administrativas: en diciembre de 2025, la Dirección General de Seguridad Privada (DGSP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una sanción contra la empresa consistente en una amonestación pública y una multa de mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) por irregularidades operativas, equivalentes a 169 mil 710 pesos.
Entre otras cosas NSU Protección omitió registrar la baja de sesenta y cinco elementos operativos, así como registrar el alta de ciento veintiocho operativos, además de no actualizar la situación de su equipo al no dar de baja tres armas, dar de alta cuatro vehículos y de baja quince vehículos, asimismo, no proporcionó información de seis vehículos más y omitió dar de alta un modelo de uniforme.
Entre las omisiones, no proporcionó información requerida por las autoridades competentes durante las visitas de verificación, obviando evidencia fotográfica de las unidades vehiculares que utiliza para la prestación de los servicios de seguridad privada, presentar las constancias de autenticación de blindaje expedida por el proveedor que haya blindado dos de sus vehículos y tampoco aplicó exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos en tiempo y forma a 778 elementos operativos.
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Sedena, entre supervisión y reacción
El caso también coloca el foco en el papel de la Sedena como autoridad reguladora. La dependencia tiene el control exclusivo sobre la expedición, supervisión y cancelación de licencias de portación de armas para particulares y empresas. Sin embargo, la intervención en el caso NSU ocurrió después de detectadas las irregularidades.
En febrero de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que la Sedena puede suspender o cancelar licencias sin necesidad de otorgar audiencia previa, bajo el argumento de seguridad nacional.
Este criterio fortalece la capacidad de reacción del Estado, pero también evidencia que el modelo de supervisión sigue operando, en gran medida, de forma reactiva.
Un sector con controles desiguales
El caso NSU no ocurre en el vacío. En México operan cientos de empresas de seguridad privada, muchas de ellas con acceso a armamento bajo licencias federales. Según datos disponibles, la supervisión fragmentada entre autoridades estatales y federales amplifica los riesgos de incidentes similares.
El sector enfrenta problemas estructurales documentados: disparidad en regulación estatal y federal, supervisión limitada, vacíos en la trazabilidad del armamento, vínculos locales con actores políticos o económicos.
Conflictos internos y litigios
A la par de las sanciones, NSU Protección enfrenta disputas internas y procesos legales. La empresa promovió un amparo para evitar la suspensión de su licencia, pero los recursos fueron rechazados. Los conflictos entre sus directivos escalaron a tribunales, lo que agrava su situación operativa.
En un sector donde la confianza es un activo central, la combinación de irregularidades, litigios y pérdida de control sobre armamento compromete la viabilidad de la empresa.
Implicaciones: seguridad pública en riesgo
El caso NSU muestra que la supervisión del armamento en manos privadas no solo es un asunto administrativo, sino de seguridad pública.
Cada arma no localizada representa un riesgo potencial. Cada falla en los controles amplía la posibilidad de que ese armamento termine fuera del circuito legal.