Militares serán interrogados por el Ministerio Público por muerte de 6 migrantes
Redacción Animal Político · 3 de octubre de 2024
La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que este mismo jueves interrogará a los dos militares que accionaron sus armas de fuego y asesinaron a seis migrantes la noche del 1 de octubre en Huixtla, Chiapas. A través de un comunicado, el ministerio público federal aseguró que ambos elementos se encuentran bajo arresto.
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La FGR detalló que pidió asistencia jurídica internacional a Guatemala para obtener datos sobre los migrantes que pasaron por ese país y solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) la información con la que cuente al respecto de la entrada de los 33 migrantes a México.
Al mediodía de este 2 de octubre, la Sedena reconoció que seis migrantes de diferentes nacionalidades murieron tras la persecución que elementos del Ejército hicieron a tres camionetas, una pickup y dos de redilas, en la carretera Villa Comaltitlán-Huixtla, en Chiapas.
Este jueves, la FGR puntualizó que las 33 personas que se encontraron en una de las camionetas de redilas -la que recibió los impactos- eran originarias de Honduras, Perú, Cuba, Nepal, Pakistán, India y Egipto. De las seis que perdieron la vida, una originaria de Honduras; una de Perú; y tres de Egipto.
Civiles armados esquivaron el dispositivo de seguridad
La FGR continuó la narración de los hechos que la Sedena adelantó el miércoles 2 de octubre: personal del Ejército fue alertado sobre personas armadas en una comunidad cercana a la frontera entre Tapachula, Chiapas, y Tecún Umán, Guatemala, “razón por la cual acudió a la carretera federal número 200, cercana a dicha ciudad de Tapachula, donde encontraron tres vehículos, cuyas personas a bordo, al ver al personal de la autoridad, se dieron a la fuga”.
De acuerdo con el relato del ministerio público federal, los civiles armados se dieron a la fuga a pesar de la indicación de los militares de que se detuvieran, “ignorando dicha orden que es obligatoria frente a un acto de autoridad”.
“En la persecución a dichos vehículos, el personal militar refiere que fueron agredidos por sus tripulantes; y, por ello, repelieron el ataque, deteniendo una camioneta de redilas verde, mientras los otros dos vehículos se daban a la fuga”, puntualizó la FGR. La camioneta que transportaba a los migrantes tenía placas del Estado de México.
“Militarizar la migración no es opción”: ONG
En una comunicación conjunta, varias organizaciones no gubernamentales (ONG) exigieron al gobierno federal frenar la política de militarización en los procesos migratorios en México. Aseguraron que “la militarización nos pone en riesgo a todos”, pues no es la primera vez que personal militar se ve envuelto en agresiones a migrantes.
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“En octubre de 2021, elementos de la Guardia Nacional (conformada principalmente por militares) asesinaron en Chiapas a Cristóbal Cobreiro, migrante cubano. Las autoridades se apresuraron a brindar los salvoconductos necesarios a los testigos para que salieran del país y así evitar que testificaran. A pesar de que los responsables están plenamente identificados, ninguno ha sido llevado a la justicia“, recordaron dichas organizaciones.
Entre las organizaciones firmantes están la Fundación para la Justicia (FJEDD), Asylum Access México (AAMX), Impunidad Cero, México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), Instituto para las Mujeres en la Migración y el Observatorio de Designaciones Públicas.
“México ha optado por la implementación de una política migratoria sin enfoque de derechos humanos, haciendo uso de cuerpos militares, como la Guardia Nacional, la Marina o el Ejército, incluso, como un aparato de control migratorio, aún cuando esto va en contra de las disposiciones normativas en materia migratoria y el derecho internacional de los derechos humanos”, concluyeron.
Episcopado reclama la “militarización de la política migratoria”
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) reclamó justicia por el asesinato de 6 migrantes en Chiapas, aseguró que ese no fue un hecho aislado y sí “consecuencia de la militarización de la política migratoria” en México.
“Al existir un contexto de violación sistemática de derechos humanos, así como una política migratoria basada en la militarización, el Estado mexicano está obligado a realizar una investigación seria, imparcial y efectiva”, señaló en un comunicado el obispo de Ciudad Juárez, Guadalupe Torres, encargado de la Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana.
En su posicionamiento, la Iglesia católica también sentenció que, “si estos hechos no son investigados con la debida
diligencia, resultaría de algún modo, auxiliados por el poder público comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado mexicano”.
La Conferencia del Episcopado Mexicano a través de la @DEPMH rechaza de manera enfática el uso desproporcionado de la fuerza letal por parte de agentes del Estado lo que ocasionó, hasta el momento, la muerte de seis personas migrantes y diez más resultaron heridas. pic.twitter.com/A6Iqfu6p8x
— CEM (@IglesiaMexico) October 3, 2024