Marcela Nochebuena / Manu Ureste · 22 de marzo de 2026
A un mes del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, uno de los capos más temidos y visibles del crimen organizado en México, la vida en Jalisco parece haber retomado su curso. Las escuelas están abiertas, los negocios operan y el tráfico volvió a llenar las avenidas. Pero debajo de esa superficie de normalidad, algo no termina de acomodarse.
Si bien algunos ciudadanos entrevistados por Animal Político el día de la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) coinciden un mes después en que poco a poco una aparente “normalidad” se va recuperando, en realidad no ha habido soluciones o mejorías en materia de seguridad en el estado.
Salvador, abogado especialista en derechos digitales, cuenta que el ambiente social está un poco más positivo que hace unas semanas: “Realmente fue impactante. Todavía conservamos en la memoria ese día de los bloqueos; en las conversaciones surge mucho el ‘yo iba a hacer esto, pero pasó lo de los bloqueos’”.
A su juicio, lo ocurrido dejó una marca en la cotidianidad y en la mente de los jaliscienses. Aunque Guadalajara se mueve hoy relativamente normal en lo que se refiere a trabajos, escuelas y horarios, la mayoría de sus habitantes ha optado por la cautela, sobre todo en salidas nocturnas.
Esa recuperación, dice, fue gradual y lenta. Incluso ahora, algunos fines de semana, la precaución sigue presente. En el contexto de las movilizaciones del 8M, por ejemplo, varias mujeres expresaron preocupación o decidieron no asistir ante las condiciones de inseguridad.
“No fue tan masivo como otros años cuando cae en fin de semana; bajó un poco la afluencia. Vi muchos comentarios de que muchas fueron cautelosas de no salir precisamente por los hechos recientes de El Mencho”, apunta.
Para Salvador, la aparente normalidad no implica un cambio de fondo: “Sabemos que fue un golpe fuerte, pero también que las cosas no van a cambiar mucho. Debajo de la capa superficial de la vida cotidiana en Guadalajara se mueve ese mundo del crimen organizado que se está reconstituyendo; es algo del día a día”.

Ese movimiento con cautela, además, no es nuevo. Forma parte de una práctica que lleva años, en un estado marcado por la crisis de personas desaparecidas, también vinculada al crimen organizado.
“Nos hubiera gustado que después de ese golpe nos sintiéramos más seguros, pero seguimos igual”, añade.
Tras los bloqueos, hubo un incremento temporal en la presencia de fuerzas de seguridad, pero esta se fue moderando con el paso de los días, permaneciendo más tiempo en regiones fuera de la capital.
Sobre la presencia del Ejército, Salvador describe una sensación ambigua: por un lado, genera cierta seguridad; por otro, miedo ante la posibilidad de enfrentamientos y el despliegue de armas. “A veces sigue pareciendo una zona de guerra”, dice.
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“Sigue habiendo desaparecidos, sigue habiendo una cantidad enorme de fichas de búsqueda. A cada rato las difundimos. El sentimiento de inseguridad sigue muy cerca”, agrega. Desde su perspectiva, persisten la vulnerabilidad, la tensión y la necesidad de caminar con “pies de plomo”. Además, critica la falta de comunicación efectiva por parte de las autoridades: “La única estrategia fue cambiar de tema”.
Para Joseph Olid, académico y abogado, la normalidad que hoy se percibe no existió durante la primera semana tras los hechos. Recuerda que después de los primeros dos días, que muchos describieron como un “toque de queda”, vino una semana de actividades escolares irregulares, con clases a distancia.
“Eso ya se compuso en la parte educativa, pero en las calles, hasta la segunda semana, todo estaba más muerto. Los fines de semana no hay la misma cantidad de gente; en lugares públicos no se ve el mismo nivel de circulación”, explica.
Algunos comercios también ajustaron sus operaciones. Centros comerciales redujeron horarios y, en varios puntos, tiendas que fueron incendiadas aún no han reabierto completamente.

En materia de seguridad, tras los primeros días se registraron incidentes atribuidos a vandalismo, aunque Olid advierte que no pueden desligarse del contexto general. En su opinión, lo que hoy se vive es un regreso al estado previo, sin ninguna mejora real.
“Se ha recuperado cierta ‘normalidad’, pero fuera de la capital todavía hay riesgos. Son las regiones donde más repercusión hubo”, señala.
A esa percepción se suma la denuncia del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, que el 26 de febrero informó la cancelación de búsquedas en campo “hasta nuevo aviso” tras la activación del código rojo.
“Si bien entendemos las razones, nos genera profunda incertidumbre la falta de estrategias claras y transparentes para continuar la búsqueda de nuestros seres queridos”, expresaron.
El 22 de febrero, el abatimiento de “El Mencho” detonó una jornada de violencia coordinada en distintos puntos de Jalisco: bloqueos carreteros, quema de vehículos, enfrentamientos armados y la paralización de municipios enteros durante horas. Más allá del impacto inmediato, el golpe abrió un escenario de incertidumbre mayor: el riesgo de una disputa interna por el control del Cártel Jalisco Nueva Generación, similar a la fragmentación que en Sinaloa derivó en enfrentamientos entre facciones tras la ruptura entre “chapitos” y “mayitos”. Ese temor —el de una guerra sucesoria— es el que, un mes después, sigue latente en la percepción de habitantes que, aunque han retomado sus rutinas, no dan por cerrada la crisis.
Esa incertidumbre se vuelve más tangible fuera de la capital.
En La Barca, municipio en los límites con Michoacán, la violencia no fue solo una noticia que se siguió en redes o en la televisión, sino una experiencia directa que transformó el ritmo del pueblo en cuestión de horas.
Elizabeth García González, hermana de Jorge Alberto García González, desaparecido desde el 18 de marzo de 2022, lo recuerda con claridad.
Aquella mañana, dice, todo comenzó como cualquier domingo: trabajando en un local de comida junto a otras mujeres, atendiendo uno de los días de mayor venta. Primero pasaron patrullas como algo habitual. Luego, otras más, ya con torretas encendidas y a toda velocidad.
El punto de quiebre llegó cuando una familia irrumpió en el local, visiblemente alterada.
“Nos dijeron: ‘Métanse, está muy feo, hay balacera, están cerrando carreteras y quemando carros’. Nosotras no sabíamos nada hasta ese momento”.

A partir de ahí, la información empezó a acumularse: reportes de enfrentamientos en comunidades cercanas, bloqueos en salidas clave hacia Guadalajara y Morelia, vehículos incendiados, accesos cerrados. Las redes sociales confirmaban lo que hasta entonces parecía confuso.
En paralelo, su padre —que coordina taxis— comenzó a ordenar la retirada de unidades: no dar servicio, regresar, no salir. Las entradas y salidas del municipio quedaron bloqueadas.
En pocas horas, La Barca quedó incomunicada.
“Para la una de la tarde ya no había nadie. Ningún negocio abierto, ni gente en la calle, ni carros, ni motos. Era un pueblo fantasma”.
Los días siguientes no trajeron calma inmediata. Clases suspendidas, comercios cerrados, ventas a domicilio como única alternativa. Rumores de nuevos bloqueos que prolongaron la incertidumbre. Fue hasta el jueves cuando la actividad comenzó a retomarse.
Un mes después, la escena ha cambiado, pero no del todo.
“Parece que está en calma, pero solo parece”, dice Elizabeth. “No hay ventas, el comercio está mal”.
Y, sobre todo, hay señales de que la estructura criminal no desapareció, sino que se reacomodó.
Tras los bloqueos, quienes en el municipio son identificados como “halcones” desaparecieron durante algunos días. Pero luego regresaron. Y lo hicieron con mayor visibilidad.
“Ahora los ves con camionetas, con armas, como si nada. Antes no era así. Están más descarados”.
Para ella, el mensaje es claro: la caída del líder no significó la pérdida de control en el territorio.
“Aquí parece que no hay autoridad”, afirma. Aunque hay presencia del Ejército, los grupos armados siguen operando a la vista de todos.
En ese contexto, otro problema se mantiene intacto —o incluso se agrava—: las desapariciones.
En La Barca no hay colectivos de búsqueda, ni denuncias sistemáticas. El miedo inhibe cualquier intento de organización. Familias que prefieren callar antes que exponerse a amenazas o extorsiones.
“Aquí ni siquiera se denuncia. Por eso parece que no pasa nada”.
Elizabeth relata casos recientes de menores que desaparecen tras ser reclutados, con promesas de trabajo o bajo presión. Familias que, aun con acompañamiento, se niegan a iniciar procesos legales.
El resultado es un vacío institucional que convive con una violencia cotidiana cada vez más visible.
Y con una regla no escrita que organiza la vida diaria: no salir de noche.
“Después de las nueve o diez, ya no hay nadie en la calle. La gente aún tiene miedo”, dice Elizabeth.