Verónica Fajardo · 29 de agosto de 2026
Cancún.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo fue denunciada por rezago, negligencia y burocracia en el seguimiento del caso de abuso sexual cometido contra un menor de edad, comentó la madre del menor, Giorgia del Grosso.
El presunto agresor, su padre biológico Carlos Atanasio, en entrenador físico en Playa del Carmen, se encuentra prófugo desde hace ocho meses a pesar de estar vinculado a proceso y bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
La madre del menor recriminó la inacción de las autoridades a pesar de que el menor ha sido sometido a múltiples pruebas, entrevistas e intervenciones por parte de peritos del Sistema DIF, la Fiscalía y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (CEAVEQROO).

Giorgia del Grosso, de origen italiano, señaló que la agresión fue detectada cuando su hijo, de 3 años de edad, regresó a casa tras convivir con el padre.
El niño comenzó a presentar cambios físicos y emocionales compatibles con síntomas de abuso sexual: problemas para dormir, pesadillas, falta de control de esfínteres, miedo y conductas sexualizadas, entre otros indicadores verificados por expertos.
La madre resaltó que, tras notar dicho comportamiento inusual, se le realizaron estudios institucionales al menor que confirmaron la comisión del delito.
La investigación avanzó en la Fiscalía hasta llegar a los tribunales. La madre del infante relató que el 21 de noviembre de 2025 un Juez de Control vinculó a proceso a Carlos Atanasio por el delito de abuso sexual en agravio de su hijo y le impuso prisión preventiva justificada.
El defensor legal del menor, Jesús Armando Liogon Beltrán, expuso que existe una ineficiencia institucional en la impartición de justicia. Detalló que, durante una audiencia vía digital, el juez ordenó la presentación del imputado en el Centro de Retención Municipal de Playa del Carmen al día siguiente, en lugar de decretar una audiencia presencial acorde a la gravedad del delito.
Debido a esa vinculación a proceso, el imputado no ingresó al penal y a la fecha se desconoce su paradero.
La madre del menor señaló que, ante la frustración y el temor por la falta de justicia, se vio en la necesidad de hacer público su caso en redes sociales y solicitar el apoyo de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama.
Resaltó que la gobernadora atendió su denuncia y solicitó al fiscal general, Raciel López Salazar, agilizar la detención de Carlos Atanasio.
Del Grosso comentó que esto renovó sus esperanzas, ya que se giró una orden de aprehensión y posteriormente se activaron los mecanismos de búsqueda internacional. Actualmente, el imputado cuenta con Ficha Roja de la Interpol y existe una recompensa de 150 mil pesos ofrecida por la FGE de Quintana Roo.
A ocho meses de los hechos, la Policía de Investigación de la FGE no ha entregado resultados, acusó Giorgia del Grosso.
Agregó que, a pesar de haber aportado datos concretos sobre la ubicación del presunto criminal y sus movimientos, la representación social ha omitido dar seguimiento a las pruebas presentadas por la defensa.
Durante una conferencia de prensa en Cancún en la que estuvo presente el fiscal Raciel López, se intentó obtener una declaración sobre este y otros casos de violencia contra las mujeres y la niñez; sin embargo, el funcionario evitó dar declaraciones, se retiró del presídium argumentando reuniones urgentes y omitió responder a los medios.
En dichos eventos se restringe el uso de teléfonos celulares y el material en video es entregado de manera editada por el equipo de comunicación.
Posteriormente, se estableció contacto con el vocero de la FGE de Quintana Roo, Luis Cortés, quien solicitó el número de carpeta de investigación. Dos días después, respondió mediante mensaje de texto: “No tenemos nada aún, estamos presionando”.
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El 5 de octubre de 2025, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer, a través del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal (CNPFJ-E), que la FGE de Quintana Roo inició 49 mil expedientes durante 2024, de los cuales solo logró concluir cerca del 50 % en las etapas de investigación inicial y complementaria.
Al respecto, el abogado Jesús Armando Liogon resaltó que existen áreas dentro de la Fiscalía que carecen de recursos económicos y materiales para agilizar las investigaciones y ejecutar órdenes de aprehensión, especialmente fuera del municipio de Solidaridad (Playa del Carmen).
“El caso de la señora Giorgia del Grosso es un reflejo de lo que enfrentan cientos de mujeres en Quintana Roo”, concluyó la defensa.