Animal Político · 29 de julio de 2026
Gilda Susana Lozoya Austin promovió un juicio de amparo contra la presunta filtración de información en el proceso penal que enfrenta por el caso Agronitrogenados; sin embargo, el recurso quedó pendiente de admisión a trámite, luego de que un juez federal le ordenó subsanar deficiencias detectadas en su demanda.
La determinación fue publicada este miércoles en la lista de acuerdos del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México.
El acuerdo corresponde al expediente de amparo indirecto 743/2026, presentado el 24 de julio. De acuerdo con los datos del asunto, los actos reclamados corresponden a “actos dentro de juicio” y, de manera específica, a una presunta filtración de información.
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Según la síntesis publicada por el juzgado, antes de resolver si admite o no el juicio de garantías, el juez debe revisar el escrito inicial para verificar que cumpla con los requisitos legales.
El acuerdo señala que “Previo a pronunciarse sobre la admisión de la demanda de amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis se advierte que hubiere alguna deficiencia, irregularidad u omisión, mandará prevenir al promovente para que llene los requisitos omitidos”.
Por ello, el juzgador requirió a la quejosa corregir las deficiencias advertidas y le concedió un plazo de cinco días para hacerlo. También le apercibió que, de no cumplir con el requerimiento dentro del plazo concedido, “se tendrá por no presentada la demanda de amparo”.

El nuevo juicio de amparo fue promovido semanas después de que Gilda Susana Lozoya fuera vinculada a proceso por una jueza federal por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dentro de las investigaciones del caso Agronitrogenados.
El pasado 8 de julio, tras una audiencia que se prolongó por más de 14 horas, la jueza Nora Ileana García Peralta determinó que existían datos de prueba suficientes sobre la probable participación de Gilda Lozoya en la transferencia de 2 millones 589 mil dólares de origen ilícito desde el extranjero hacia México y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria. La audiencia intermedia fue programada para el 9 de noviembre de 2026.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), la cuenta bancaria utilizada para triangular presuntos sobornos en el caso Agronitrogenados habría sido cedida a Gilda Lozoya por su hermano, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.
La fiscalía sostiene que mediante ese esquema financiero se triangularon y recibieron 3.5 millones de dólares que Altos Hornos de México (AHMSA) y su entonces propietario, Alonso Ancira, presuntamente entregaron para que Pemex adquiriera la planta Agronitrogenados.
Las investigaciones también señalan que parte de esos recursos habría sido utilizada para adquirir una vivienda con valor de 38 millones de pesos en la colonia Lomas de Bezares, en la Ciudad de México.
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Al concluir la audiencia de vinculación a proceso, la defensa de Gilda Lozoya denunció presuntas irregularidades durante el desarrollo de la diligencia. Su abogado, Alejandro Rojas Pruneda, afirmó que existía “un hostigamiento claro” contra su representada y sostuvo que las autoridades pretendían encarcelarla durante el procedimiento. También cuestionó un receso ordenado durante la audiencia y atribuyó presiones externas al proceso.
Durante su comparecencia, Gilda Lozoya manifestó su disposición a colaborar con las autoridades, aunque sostuvo que el proceso penal en su contra obedecía a una estrategia para presionar a su hermano Emilio Lozoya a través de las mujeres de su familia.
Un día después de la vinculación a proceso, el 9 de julio, la misma jueza rechazó la solicitud de la FGR para imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada, al concluir que la fiscalía no acreditó la existencia de riesgo de fuga.
Con esa resolución, Gilda Lozoya quedó en libertad para enfrentar el proceso penal bajo las medidas cautelares impuestas por la autoridad judicial.

Al emitir su determinación, la jueza señaló: “Con esta decisión no se genera impunidad, sino que se garantiza su presencia en el resto del proceso. En este periodo les doy la oportunidad del esclarecimiento de los hechos. Esto aún no se termina”.
Durante esa audiencia, la FGR presentó 18 elementos para sustentar su solicitud de prisión preventiva, entre ellos un análisis de riesgo, informes financieros, movimientos migratorios e inspecciones policiales.
La petición fue respaldada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Pemex, mientras que la defensa presentó cinco pruebas para sostener que no existía riesgo de fuga y argumentó que parte de la información bancaria y migratoria utilizada por la fiscalía fue obtenida sin autorización judicial.