Alfredo Maza · 17 de enero de 2023
Luego de más de tres años de espera, hoy arranca en Brooklyn, New York, el juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en la presidencia de Felipe Calderón, quien es acusado por autoridades estadounidenses de presuntos nexos con el narcotráfico.
El juicio genera expectativa no solo porque quien irá al banquillo fue uno de los más altos responsables de la política de seguridad del sexenio de Calderón (2006-2012), sino también porque el propio expresidente puede ser mencionado en las declaraciones de testigos.
Para iniciar, la Corte Federal del Distrito Este definirá este martes a las personas que integrarán el jurado para el llamado “juicio del siglo”, en el que se pretende imputar al exsecretario por cinco cargos: tres por tráfico de cocaína, uno por delincuencia organizada y otro por falsedad de declaraciones.
Quien conducirá el proceso contra el artífice de la llamada “guerra contra las drogas” es el juez Brian Cogan, el mismo que en 2019 condenó a cadena perpetua al narcotraficante Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa.
Durante aquel juicio fue cuando el narcotraficante Jesús ‘el Rey’ Zambada, exintegrante del Cártel de Sinaloa y uno de los principales testigos contra ‘el Chapo’, aseguró que entregó al menos 6 millones de dólares a García Luna a nombre de su hermano, Ismael ‘el Mayo’ Zambada, entonces jefe de la organización criminal, a cambio de la protección del exsecretario.
Luego, en diciembre de ese mismo año, autoridades estadounidenses arrestaron a García Luna por una acusación formal de aceptar sobornos multimillonarios del Cártel de Sinaloa mientras ocupaba altos cargos policiales en México.
Pero si bien este martes arrancará el proceso de selección del jurado, aún no se tienen claros algunos aspectos para el juicio formal contra el exsecretario mexicano. Todavía está por definirse el orden en el que las partes presentarán sus pruebas.
Lo que es un hecho es que García Luna no se presentará con el tradicional uniforme naranja de la cárcel, pues su defensa pidió al juez permitirle vestir un traje azul durante su comparecencia, como solía hacerlo cuando dirigía la extinta Agencia de Investigación Federal (AFI), de 2001 a 2005, o cuando era secretario de Seguridad Pública, 2006 a 2012.
Durante los últimos días, tanto la defensa de García Luna como los fiscales estadounidenses han continuado con sus intentos para desvirtuar o permitir que se presenten pruebas a favor y en contra del exsecretario.
El pasado 14 de enero, los fiscales pidieron excluir como pruebas evidencias de la estrecha colaboración de García Luna con el gobierno de Estados Unidos cuando este era funcionario de Vicente Fox y Felipe Calderón, según se señala en documentos públicos del Departamento de Justicia.
La defensa de García Luna ha solicitado que se le permita presentar como prueba a su favor su declaración post arresto, así como fotografías del exsecretario con altos mandos del gobierno estadounidense, como el expresidente Barack Obama y la exvicepresidenta Hilary Clinton.
La fiscalía, por su parte, señala que esto no debería permitirse y, en todo caso, ha indicado que la defensa de García Luna podría pedir llamar a testificar a estos exfuncionarios, aunque esta es una posibilidad remota.
Otra solicitud de los abogados de García Luna es que no se presente evidencia relativa a los recursos económicos que generó el exsecretario luego de sus cargos públicos, ni cuando se volvió ciudadano estadounidense al frente de empresas de consultoría en inteligencia y seguridad.
García Luna salió de México en 2012 y buscó convertirse en ciudadano estadounidense naturalizado para poder vivir y trabajar en EU. Desde ahí, consiguió que empresas como Nunvav Inc., ICIT Holding Inc., Glac y Icit Private Security, relacionadas con servicios en reclusorios de México, siguieran concesionadas o autorizadas por el propio Estado para laborar.
Ambos gobiernos, tanto el estadounidense como el mexicano, señalan que antes y después de 2012 García Luna presuntamente lavó dinero del narcotráfico a través de contratos irregulares que estas empresas obtuvieron con el gobierno mexicano.
Mientras en EU seguía la etapa previa al juicio, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la existencia de al menos tres órdenes de aprehensión giradas contra él como parte de diversas carpetas de investigación y procesos abiertos.
El posicionamiento de la FGR se dio el 16 de junio de 2022. Un día antes, fiscales estadounidenses aseguraron tener las pruebas suficientes para demostrar que García Luna amenazó con ejercer violencia y manipular a potenciales testigos.
Luego de que se diera a conocer esta información, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a las autoridades estadounidenses para que publicaran los audios en los que se escucha a García Luna realizar estas declaraciones.
En respuesta, la FGR informó que la primera orden de aprehensión que tiene contra García Luna es por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades y de asociación delictuosa, concedida por actos de corrupción presuntamente cometidos en diversos penales federales.
La segunda orden fue por el delito de enriquecimiento ilícito, mientras que la tercera es por la presunta introducción ilegal de armamento en el operativo Rápido y Furioso, que permitió la entrada de 2 mil armas de fuego de EU a México con el fin de rastrear a sus usuarios, pero a las que se les perdió el rastro.
García Luna se ha declarado inocente de los cargos que se le imputan en EU. De ser declarado culpable, enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua.