Fuerzas Armadas consolidan faceta empresarial con presupuestos históricos y opacidad, advierte MUCD
Alfredo Maza · 4 de junio de 2026
La organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD) presentó la tercera edición de su informe “El negocio de la militarización: opacidad, poder y dinero”, revelando que las Fuerzas Armadas del país han consolidado su faceta empresarial con presupuestos históricos, sobreejercicios millonarios y un acceso a la información cada vez más restringido para la ciudadanía.
Durante la presentación del documento, los investigadores advirtieron que este modelo provoca que el Ejército asuma un rol económico y empresarial en el país, alejándose de sus funciones exclusivamente de seguridad.
Presupuestos que superan los promedios mundiales
De acuerdo con Daniela Osorio, analista de datos de MUCD, la última década en México marcó una “expansión sin precedentes del poder presupuestario militar”.
El crecimiento del gasto militar en el país fue del 120 % en el periodo analizado, cifra que representa más de tres veces el promedio mundial de 37 %. Este incremento convirtió a México en el segundo país con mayor gasto militar de América Latina y el Caribe durante el 2024.
Daniela Osorio detalló que “una parte creciente de los recursos militares se orientaron a la administración de infraestructura estratégica y empresas públicas, ampliando el alcance económico e institucional de las Fuerzas Armadas”.
Asimismo, el reporte evidencia que las instituciones castrenses tienen la capacidad de modificar sus presupuestos sin necesidad de debate legislativo.
Según los especialistas, “los sobreejercicios y subejercicios se convirtieron en una característica estructural”, ejemplificando que los recursos asignados al Tren Maya superan por mucho el presupuesto de toda la Secretaría de Salud.
Empresas militares y dependencia del dinero público
Gerardo Álvarez, analista de políticas públicas e investigador de la organización, detalló que el Ejército y la Marina ahora operan un conglomerado de empresas de participación estatal mayoritaria.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) controla negocios como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Tren Maya y la aerolínea Mexicana de Aviación, mientras que la Secretaría de Marina (Semar) administra múltiples sistemas portuarios, aeropuertos y el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.
Sin embargo, el informe señala que la mayoría de estas empresas carecen de autosuficiencia financiera. Es decir, que las obras a cargo de los militares operan con una “dependencia estructural en las transferencias y los subsidios” federales.
De acuerdo con el cálculo de MUCD, mantener estas empresas representa un costo aproximado de 49 centavos por cada contribuyente activo en el país.
A la par, el uso de fideicomisos militares ha crecido desde el año 2020 de manera exponencial. Actualmente, el fideicomiso para la adquisición y pago de equipo militar de la Sedena es el tercero más grande de toda la Administración Pública Federal.
Falta de controles democráticos y opacidad
Ante esta situación, los expertos también alertaron sobre la grave dificultad para auditar y rastrear estos recursos públicos.
Cristina Reyes, directora general de MUCD, señaló que existe una mayor discrecionalidad en el gasto que coincide con cambios en las instituciones de transparencia: “El proceso para obtener esa información se ha complejizado mucho más […] existe una mayor discrecionalidad en el ejercicio del gasto a la par de la eliminación del Inai”.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) desapareció formalmente tras aprobarse la reforma de simplificación orgánica impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con la que desaparecieron diversos órganos autónomos del país.
Además, Cristina Reyes denunció que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha dejado de publicar los informes de las auditorías realizadas al Tren Maya y al Aeropuerto Felipe Ángeles.
Como ejemplo de las omisiones de información por parte de las Fuerzas Armadas, mencionó que la Semar omitió reportar ingresos durante todo el año 2023 para su empresa Turística Integral Islas Marías y se negó a dar información sobre convenios interinstitucionales.
MUCD concluyó que otorgar este nivel de poder e infraestructura a las fuerzas militares representa un riesgo.
En palabras de Cristina Reyes, “este empoderamiento económico se ha hecho a costa del debilitamiento de otras instituciones del Estado, del debilitamiento de los procesos democráticos en el país y también […] a costa de la violación de los derechos de las comunidades”.