Vinculan a proceso a Fernando Farías, excontralmirante implicado en “huachicol fiscal”
Alfredo Maza · 27 de agosto de 2026
Un juez de control federal vinculó formalmente a proceso a Fernando Farías Laguna, excontralmirante de la Secretaría de la Marina (Semar) presuntamente implicado en una red de delincuencia organizada especializada en el contrabando, dispersión y distribución de combustible, mejor conocido como “huachicol fiscal”.
La vinculación a proceso se logró tras la presentación de datos de prueba por parte del Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
El juez de control determinó ratificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra el imputado por su probable intervención en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, bajo la modalidad de ocultamiento.
Por este motivo Fernando Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de la Marina Rafael Ojeda Durán, permanecerá interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
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La resolución judicial se dio en la continuación de la audiencia inicial, luego de que la defensa del acusado solicitara una ampliación del plazo constitucional para definir su situación jurídica.
Previamente, el 22 de agosto de 2026, el juez había calificado de legal su detención e impuesto la prisión preventiva provisional.
La detención y el proceso de traslado desde Argentina
La captura de Fernando Farías Laguna ocurrió el pasado 23 de abril de 2026 en Argentina, derivado de una ficha roja emitida por la Interpol a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).
Tras su detención, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a petición de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, gestionó formalmente la solicitud de extradición el 21 de mayo de 2026. El gobierno de Argentina resolvió aprobar su expulsión del país.
El traslado de Farías Laguna a territorio mexicano se concretó el viernes 21 de agosto de 2026. Para esta acción, la propia Semar dispuso una aeronave para que personal del Ministerio Público y de la SRE realizaran el traslado directo hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
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Tras su arribo al AICM, el excontralmirante fue presentado ante un médico legista para certificar su estado físico y, posteriormente, fue conducido por personal de la FGR hacia el penal del Altiplano, donde quedó a disposición del juez federal de control.
La red criminal del “huachicol fiscal”
Las investigaciones de las autoridades mexicanas apuntan a que Fernando Farías Laguna formaba parte de una sofisticada estructura delictiva dedicada a la introducción ilegal de hidrocarburos por vía marítima, práctica conocida bajo el término de “huachicol fiscal”.
De acuerdo con información difundida por Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de la República, la investigación de este caso se remonta al año 2024.
En ese año, el secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda Durán, tío político de los hermanos Farías Laguna conocidos como “Los Primos”, habría comunicado a la FGR indicios y datos de inteligencia sobre operaciones marítimas irregulares, lo que habría impulsado la apertura de carpetas de investigación por parte del Ministerio Público de la Federación.
De acuerdo con la FGR, el modus operandi de la organización consistía en que la red empleaba buques para trasladar el hidrocarburo hasta puertos nacionales clave, principalmente Tampico (Altamira, Tamaulipas) y Ensenada (Baja California).
Al arribar a los puertos de destino, los cargamentos de combustible eran reportados de manera ilícita bajo el concepto de aceites o aditivos, evadiendo de esta forma el pago de impuestos correspondientes.
El esquema de defraudación se facilitaba mediante la intervención de servidores públicos y agentes aduanales que se encargaban de manipular las revisiones y los pedimentos de importación, simular inspecciones y adulterar las muestras y volúmenes reales de los productos.
Una vez descargado, el combustible era transportado y dispersado a través de una red de empresas legalmente constituidas, las cuales lo distribuían en diversas estaciones de servicio para su venta al público o utilizaban los flujos de capital para el lavado de dinero de origen ilícito.
La FGR estima que, mediante esta mecánica de operación, la organización delictiva omitió el pago de impuestos federales por un monto aproximado de 209 millones 718 mil 854 pesos.