Familiares de Noé y Jonathan, jóvenes desaparecidos por la Marina, exigen a FGR entregue los cuerpos
Redacción Animal Político · 20 de mayo de 2024
Familiares de Noé Ignacio Alférez Hernández y Jonathan Organista Ballesteros, jóvenes desaparecidos por elemento de la Marina en Nuevo Laredo en febrero de 2018, llegaron a la Ciudad de México para exigir que la Fiscalía General de la República (FGR) entregue sus restos para sepultarlos dignamente.
A petición de la Fiscalía Especial de Investigación en Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF), los restos de ambos jóvenes fueron exhumados en febrero pasado para realizarles pruebas genéticas y antropológicas para confirmar su identidad y ser entregados. Sin embargo, la FGR se niega a regresar a Noé y Jonathan a su familia.
Los jóvenes fueron víctimas de un operativo implementado por órdenes del entonces gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El objetivo era combatir la alta incidencia delictiva en Tamaulipas.
Tras las desapariciones forzadas de los jóvenes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en julio del 2020 la Recomendación 36VG/2020 dirigida al secretario de la Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero y al entonces gobernador.
Sin embargo, sólo se reconocieron 27 de las 47 víctimas de los miembros de la Marina. De las cuales, ninguna recibió reparación integral del daño.
El 24 de abril, familiares de ambos jóvenes solicitaron a titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, una reunión interinstitucional con representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Secretaría de Gobernación, la CNDH y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH), pero aún no se tiene una fecha concreta.
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¿Qué pasó con Noé Ignacio y Jonathan?
Noé Ignacio Alférez Hernández y Jonathan Organista Ballesteros fueron detenidos arbitrariamente por elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina en Nuevo Laredo el 18 de febrero de 2018. En el momento de la detención Jonathan tenía 17 años y Noe Ignacio 21.
Dos meses después, el 23 de abril, la Fiscalía General de Justicia halló los cuerpos de ambos semienterrados en una brecha de la carretera Nuevo Laredo-Piedras Negras. Dicha información fue ocultada a los familiares de los jóvenes.
El 30 de mayo, la Fiscalía del Estado envió a los cuerpos a una fosa común en el Panteón Municipal Número II de Nuevo Laredo. El 7 de junio, la FGR lleva a sus oficinas en la Ciudad de México 34 carpetas de investigación, entre ellas las de Noé Ignacio y Jonathan.
No fue hasta octubre de 2023 que mediante un perfil genético confrontado con la base de datos de personas fallecidas no identificadas, los padres de las víctimas dieron con la ubicación de los jóvenes.
El 24 de ese mes, la agente del Ministerio Público Cinthya Nayeli Banda Ferrer se comprometió a entregar los restos de los jóvenes a finales de Diciembre, pero no cumplió. Para febrero de 2024 se exhumaron los cuerpos y se les realizaron pruebas genéticas y antropológicas. La FGR se comprometió a entregar resultados en tres meses y una vez más no cumplieron.
Este 20 de mayo, Cinthya Nayeli les solicitó a las madres de los jóvenes 90 días más para tener los resultados. Ambas se trasladaron desde Nuevo Laredo a la FEIDDF en la Ciudad de México para exigir los restos de sus hijos y poder sepultarlos dignamente.
Mañana 21 de mayo Noe habría cumplido 27 años. Su familia no podrá realizar ninguna ceremonia porque la Fiscalía se niega a entregar sus restos que estuvieron más de 6 años en una fosa común.
Miembros de la Marina involucrados en desaparición forzada son liberados
En noviembre de 2021, 12 de los 13 marinos acusados de desaparecer a los dos jóvenes fueron liberados por un juez de control en Tamaulipas. Además, se ordenó que se repita el proceso debido a un amparo que presentaron los uniformados.
Entre los 12 excarcelados se encontraba el capitán Alfredo Reyes Mondragón, quien estaba al mando de la Unidad de Operaciones Especiales en Nuevo Laredo cuando se registraron las desapariciones.
Junto con ellos, otros 18 marinos también fueron vinculados a proceso por otros casos de desaparición forzada.
La FGR abrió 34 carpetas por la desaparición de 47 personas que atribuye a la Marina: solo tres de ellas fueron judicializadas. La propia Secretaría de Marina reconoció su responsabilidad en un acto público de perdón celebrado en la ciudad fronteriza.