Redacción Animal Político · 4 de septiembre de 2025
Omar “N” fue vinculado a proceso por su presunta participación en el delito de abuso de confianza en agravio al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM), pues el pasado 1 de diciembre de 2023, realizó 29 transferencias electrónicas por un monto total de 32 millones 482 mil 330 pesos sin que se le diera una autorización.
En un comunicado, la fiscalía estatal aseguró que el detenido era jefe de departamento de recursos financieros del Tribunal y realizó dichas transacciones sin que se hubiera advertido alguna justificación para hacerlo.
“De las declaraciones recabadas mediante entrevistas que obran en el expediente de investigación, se estableció que los dos dispositivos tipo “token” con los que el Tribunal contaba para realizar sus operaciones de banca en línea fueron en su momento asignado al entonces director de administración, identificado como T.D.L. y a Omar “N”, dicha práctica se debe a que los dispositivos se complementaban entre sí para materializar transferencias”, detalló la fiscalía.
La dependencia señaló que dicha investigación estableció que el pasado 4 de diciembre de 2023, los ejecutivos de cuenta de la institución bancaria responsable de las cuentas del Tribunal acudieron con el propósito de que conjuntamente con el acusado se llevaran a cabo “pruebas” con la banca en línea, motivo por el cual Omar “N” solicitó a T.D.L., le facilitara el dispositivo “token” a su cargo, toda vez que según consta en expediente de investigación Omar “N” manifestó ‘a lo que Maribel (ejecutiva de cuenta del banco) me pidió que hiciéramos algunos procedimientos dentro de la banca para saber el estatus de mi token de usuario apoyándose por vía telefónica de un área de soporte del banco, pudimos detectar que mi token y usuarios estaban bloqueados’”.

“Maribel me pidió que acudiera con el director para ver si con su token podíamos ingresar o si él podía acudir a mi oficina para poder entrar con su usuario y contraseña, ya que ese es el único usuario que tiene las facultades de cambiar los estatus de los demás para habilitarles más permisos o desbloquearlos, por lo que me trasladé a la oficina del director T.D.L., le comenté lo sucedido y posteriormente le dio el token en una hoja a su particular, Lic. B.A.Z.”, narró Omar “N”, de acuerdo con la fiscalía estatal.
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Por su parte, T.D.L., afirmó que: “acudo a ver la problemática que se estaba suscitando, al llegar ya se encontraban haciendo uso de mi token, percatándome que en la oficina de Omar se encontraban las dos ejecutivas, mi asistente b, Omar…” y agregó “aparecieron 105 cuentas de proveedores de otros bancos, siendo de estas últimas 26 transacciones con el concepto ‘sel traspaso entre cuentas’ las cuales suman un total de Veintidós millones cuatrocientos ochenta y dos mil trescientos (sic) veintinueve pesos con veinte centavos y tres transacciones por el ‘concepto 03-sel pago de servicios’, de las cuales suman diez millones de pesos, dichos movimientos todos de fecha 1 de diciembre de 2023, en un horario de “las doce horas con nueve minutos y las catorce horas con catorce minutos, de las cuales ninguna fue autorizada por el token del director”.
El pasado 22 agosto, F.C.L., director de Administración en funciones del tribunal, acudió a la fiscalía y aportó al expediente de investigación el estado de cuenta correspondiente al mes de diciembre de 2023 en donde consta que la institución bancaria abonó a la misma cuenta de donde fue sustraído el recurso, la totalidad del mismo, en un lapso comprendido entre el 7 y el 13 de diciembre de 2023.
“Cabe destacar que aún y cuando el recurso fue restituido por la institución bancaria a la cuenta del Tribunal y de conformidad con los artículos 287 párrafo primero y segundo, 289 fracciones V y 290 fracciones XVI y XIX, en relación con los numerales 6, 7, 8 fracciones I y III, y 11 fracciones I inciso d) todos del Código Penal vigente en el Estado de México, esta Fiscalía investiga la posible comisión de otros delitos relacionados con la apropiación indebida del numerario en cuestión”, destacó la dependencia.

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La fiscalía estatal señaló que continúa con la indagatoria sin descartar la intervención de otras personas quienes hubieran obtenido beneficios, facilitado o permitido los hechos, ya sean servidoras públicas, empleados de la institución bancaria u otros.
La Fiscalía aseguró que tras el registro de retención de empleados del Tribunal el pasado lunes 1 de septiembre, ya inició investigación de oficio por la posible comisión del delito de privación de la libertad ilícito.
“Esta Fiscalía extiende la investigación no solo a quienes participaron sino a quienes lo instigaron, por lo que tendrán que responder de sus actos ante la autoridad competente”, declaró.