EU sanciona a Carlos Torres, exesposo de Marina, por presunta protección al Cártel de Sinaloa
Manu Ureste · 29 de septiembre de 2026
El gobierno de Donald Trump dio un paso más contra las presuntas redes de protección política al narcotráfico en México. Este martes 29 de septiembre, el Departamento del Tesoro sancionó a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, a quien acusa de utilizar su influencia para proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa en el estado.
Según el comunicado, Torres mantiene una alianza con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, identificado como líder de Los Rusos, una facción vinculada a Los Mayos que controla la plaza de Mexicali. El Tesoro también lo señala por presuntamente recibir pagos mensuales del exdirector de Seguridad Pública municipal, Pedro Ariel Mendivil García, para permitir que el cártel operara con relativa impunidad.
Las sanciones alcanzan a Mendivil y a Luis Alfonso Torres Torres, hermano del exdiputado. A este último, las autoridades estadounidenses le atribuyen recibir los sobornos y lavar los recursos ilícitos mediante empresas y campañas políticas.
La medida forma parte de una acción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) contra 21 personas y 25 entidades relacionadas, según el Tesoro, con el Cártel de Sinaloa. Entre los sancionados figura Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, a quien identifica como el jefe de Los Mayos tras la detención de su padre, Ismael “El Mayo” Zambada, en julio de 2024.
Marina del Pilar no figura entre las personas sancionadas en este comunicado. Sin embargo, el documento sostiene que la red de corrupción ha alcanzado los niveles más altos del gobierno de Baja California y coloca a su exesposo y al hermano de este en el centro de esa estructura.
La presunta red de protección y sobornos
El Tesoro describe un mecanismo en el que el grupo de “El Ruso” habría obtenido protección política y policial para mantener sus operaciones en Mexicali y sus alrededores.
De acuerdo con la dependencia, Mendivil recibió sobornos del líder criminal a cambio de permitir que el Cártel de Sinaloa controlara la policía municipal de Mexicali, facilitara el tráfico de drogas y ejecutara acciones al servicio de la organización.
En esa estructura, Carlos Torres habría utilizado sus relaciones políticas para evitar intervenciones contra el cártel. El comunicado señala que también recibió pagos mensuales de Mendivil, aunque no precisa cantidades ni el periodo durante el cual se habrían realizado.
A Luis Alfonso Torres le atribuye la recepción y el lavado de esos recursos. La OFAC sancionó además cinco empresas que vincula con él: Vida Orgánica Tijuana, Edifika Desarrollos Baja, The Woods Bar, Raes Restaurante y Distribuidora y Comercializadora ATAF. También incluyó a Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, que relaciona con Mendivil.
Los señalamientos tienen un antecedente en México. El 20 de enero de 2026, N+ Focus reveló que la Fiscalía General de la República investigaba una presunta red de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero en la que estaría involucrado Carlos Torres.
Según la denuncia presentada el 11 de junio de 2025, citada por ese medio, Torres habría recibido 150 mil dólares mensuales de Mendivil para permitir las operaciones de Los Rusos. La carpeta consultada por N+ también señalaba a Luis Alfonso Torres por administrar recursos ilícitos mediante empresas y apoyos a campañas políticas. Ese monto corresponde a la denuncia reportada por N+, no al comunicado del Tesoro.
El 21 de enero, Carlos Torres respondió que la información provenía de una denuncia anónima y afirmó que no tenía “nada que ocultar”. Manifestó su disposición a esclarecer los hechos y dijo confiar en que la investigación de la FGR permitiría desestimar las acusaciones. Esa postura fue difundida meses antes de las sanciones estadounidenses anunciadas este martes.
De la revocación de visas a la separación
El comunicado del Tesoro aporta una explicación expresa sobre la cancelación de la visa de Carlos Torres: afirma que el Departamento de Estado la revocó en mayo de 2025 debido a su afiliación y a sus actividades en favor del Cártel de Sinaloa.
Cuando hizo pública la medida, el 10 de mayo de ese año, Torres sostuvo que respondía a criterios administrativos y que no representaba una acusación, investigación o señalamiento formal de las autoridades mexicanas o estadounidenses. También aseguró que había buscado asesoría para intentar recuperar el documento.
Marina del Pilar informó igualmente que Estados Unidos le había retirado su visa. En ese momento no dio a conocer una causa específica. El anuncio afectó a una gobernadora de un estado fronterizo y a quien entonces era su esposo y colaborador en proyectos públicos.
El comunicado de este martes atribuye motivos concretos a la revocación de la visa de Torres, pero no explica por qué fue retirada la de la mandataria.
El 3 de junio de 2025, Torres anunció su retiro de los cargos honorarios que desempeñaba. Era coordinador de proyectos estratégicos en el gobierno estatal y en el municipio de Tijuana, con actividades relacionadas con medio ambiente y centros históricos. Al anunciar su salida, calificó los señalamientos en su contra como infundados.
Cuatro meses después, el 8 de octubre, Marina del Pilar confirmó que estaban en proceso de divorcio. Explicó que la separación se desarrollaba con respeto y describió a Torres como “un gran hombre, un gran papá”. La pareja había contraído matrimonio el 20 de septiembre de 2019, en Mexicali.
Del PAN al entorno del gobierno morenista
Antes de incorporarse al entorno político de Marina del Pilar, Carlos Torres desarrolló su carrera en el PAN. Fue dirigente de las juventudes panistas, diputado federal y diputado local. También compitió por la presidencia municipal de Tijuana bajo las siglas de ese partido.
En 2019 fue expulsado del PAN después de apoyar la reforma que pretendía ampliar a cinco años el mandato de Jaime Bonilla, elegido para gobernar Baja California durante dos. Posteriormente se afilió a Morena y desempeñó cargos honorarios vinculados con proyectos públicos en el estado.
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Ahora, el Tesoro lo identifica como un operador político que habría puesto esa influencia al servicio del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el comunicado, las sanciones implican el bloqueo de los bienes e intereses de las personas designadas que estén en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses. También se prohíben, por regla general y salvo autorizaciones o excepciones, las transacciones sujetas a jurisdicción estadounidense que involucren esos bienes.
El documento anuncia sanciones económicas y expone los señalamientos que las sustentan; no presenta una sentencia penal contra Carlos Torres ni contra los demás integrantes de la presunta red.