Antonio González · 21 de agosto de 2026
La defensa del contraalmirante Fernando Farías Laguna solicitará que la audiencia inicial sea pública, pues consideran que el principio de publicidad debe prevalecer en el proceso penal y que cualquier restricción debe estar debidamente justificada.
En una tarjeta informativa, los abogados señalaron que ya tuvieron comunicación con Farías Laguna desde el momento en que aterrizó en México y que ahora se encuentran a la espera de la notificación formal sobre la audiencia inicial.
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La defensa adelantó que pedirá que la diligencia se realice de manera pública, con base en el principio de publicidad que rige al sistema penal acusatorio.
“El artículo 20 constitucional establece este principio y el Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que la regla es la publicidad, mientras que cualquier restricción debe ser excepcional, fundada y motivada”, señaló la defensa.
Los abogados argumentaron que la Fiscalía General de la República (FGR) ha mantenido público el caso durante meses, al difundir información relacionada con la investigación contra Farías Laguna, así como sobre su detención, traslados y otras actuaciones.
Por ello, consideraron que no existiría congruencia en que la audiencia inicial se realizara a puerta cerrada, salvo que exista una justificación jurídica para restringir el acceso.
“La defensa considera que debe prevalecer la congruencia: si el caso se ha hecho público para acusar, la audiencia no debería convertirse ahora en un acto reservado sin una justificación jurídica clara”, comentó.
Prosiguió: “La publicidad es la regla; la puerta cerrada, la excepción”.
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La solicitud de los abogados será planteada una vez que sean formalmente notificados de la audiencia inicial, en la que se definirá la situación jurídica del contraalmirante.
La Fiscalía General de la República informó que luego de ser expulsado de Argentina y aterrizar en CDMX, fue presentado ante un médico legista con la finalidad de ser certificado médicamente para ser trasladado posteriormente al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”, donde quedará a disposición de la autoridad judicial que lo requirió.
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Ayer, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, estimó en más de 340 millones de pesos la afectación económica ocasionada a la organización dedicada al huachicol fiscal.
Esa cantidad corresponde tan sólo a uno de los aseguramientos realizados durante las investigaciones contra la organización, sin que represente el monto total de las operaciones ilícitas atribuidas a la red.