Dictan prisión preventiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, por presunto lavado de dinero

Redacción Animal Político · 10 de diciembre de 2025

Dictan prisión preventiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, por presunto lavado de dinero

Una jueza federal dictó prisión preventiva contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, detenido el pasado lunes por su presunta participación en el delito de lavado de dinero.

De acuerdo con Radio Fórmula, la medida contra el exmandatario fue impuesta durante la madrugada de este miércoles tras una audiencia de alrededor de 15 horas que se llevó a cabo en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) Número 1, “El Altiplano”.

Duarte permanecerá en el centro penitenciario bajo prisión preventiva; se tiene previsto que el próximo sábado 13 de diciembre se decida si el exgobernador es vinculado a proceso o no por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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César Duarte prisión preventiva Altiplano
Foto: Cuartoscuro

Durante la audiencia, la juzgadora negó a la defensa del exgobernador de Chihuahua la solicitud para invalidar la orden de aprehensión que un juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México emitió el pasado 16 de mayo de 2024.

Esto debido a que contaba con un amparo a su favor. Sin embargo, consideró el incidente de nulidad como “improcedente”, asegurando que son causas penales distintas, indicó el medio.

En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó alrededor de 120 datos de prueba para inculpar a César Duarte por presunto lavado de dinero.

El caso de Duarte

En 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encontró que el exgobernador de Chihuahua recibió transferencias bancarias desde empresas fachadas y prestanombres y se presentaron dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito.

Asimismo, el gobierno de Chihuahua encontró supuestos desvíos millonarios durante la gestión de Duarte y el entonces gobernador, Javier Corral, presentó las denuncias que incluían la presunta compra de 50 propiedades en Estados Unidos con un valor de aproximadamente 25 millones de dólares.

Duarte también fue denunciado e investigado por la llamada “Operación Safiro”, un presunto mecanismo de triangulación de recursos federales para financiar campañas electorales del PRI y que se implementó en varios estados. Este asunto no derivó en una orden de aprehensión contra el mandatario ni escaló a niveles jerárquicos superiores, debido a que el gobierno federal, en la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), arrebató a la fiscalía de Chihuahua el expediente y terminó por desistirse de la investigación.

Animal Político reveló que la FGR inició en 2021 la integración de una nueva carpeta de investigación contra el priista tras detectar que tuvo un enriquecimiento inexplicable que asciende a 190 millones de pesos.

Los recursos fueron desviados mediante contratos simulados para la compra de equipos de inseminación artificial de ganado, compra de vaquillas, transporte de ganado, alimento para ganado y granos para productores, así como para la adquisición de un inmueble.

Otra de las acusaciones contra Duarte está relacionada con el supuesto desvío de alrededor de mil millones de pesos de la “caja chica” de la Tesorería del estado que habrían sido usados para pagar sobornos a legisladores y políticos de diversos partidos, funcionarios públicos, líderes sindicales y medios de comunicación, en un caso conocido como “nómina secreta”.

César Duarte fue detenido el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, y fue extraditado a México casi dos años más tarde -el 2 de junio de 2022- por delitos de peculado y asociación delictuosa, investigado en la entidad Chihuahua.

El exgobernador pasó dos años en prisión preventiva por dichos delitos, sin embargo, una jueza de control determinó en mayo de 2024 que ya había cumplido el plazo máximo para estar detenido en esta condición.

Cesar-Duarte
Foto: Archivo

En junio de 2024 se determinó que el exgobernador de Chihuahua podía continuar en libertad su proceso penal por los delitos de peculado y asociación delictuosa durante su administración en 2010-2016, por lo que no regresó a prisión tras recibir el alta médica del hospital donde se encontraba luego de una intervención quirúrgica que le realizaron.

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No obstante, se estableció que Duarte debía utilizar un brazalete de monitoreo electrónico, no podía salir de la ciudad y estaría bajo la vigilancia de elementos del Instituto de Servicios Previos al Juicio, dependiente del Tribunal de Justicia.

Ante estas medidas, la defensa del exmandatario ofreció entregar el pasaporte de Duarte Jáquez para comprobar que no hay intención de sustraerse de la justicia.