César Duarte y sus acusaciones por corrupción: de la nómina secreta a la operación safiro
Redacción Animal Político · 8 de diciembre de 2025
El político priista, César Horacio Duarte Jáquez, detenido por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, gobernó la entidad de Chihuahua entre 2010 y 2016.
El exgobernador pasó dos años en prisión preventiva por los delitos de peculado y asociación delictuosa, sin embargo, una jueza de control determinó en mayo de 2024 que ya había cumplido el plazo máximo para estar detenido en esta condición.
Duarte quedó en libertad, pero enfrentó arraigo domiciliario y fue obligado a usar un brazalete de monitoreo electrónico.
El 8 de diciembre fue detenido en Chihuahua por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, informó la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy.
En 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encontró que el exgobernador de Chihuahua recibió transferencias bancarias desde empresas fachadas y prestanombres y se presentaron dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito.
Asimismo, el gobierno de Chihuahua encontró supuestos desvíos millonarios durante la gestión de Duarte y el entonces gobernador, Javier Corral, presentó las denuncias que incluían la presunta compra de 50 propiedades en Estados Unidos con un valor de aproximadamente 25 millones de dólares.
Sin embargo, en junio, un juzgado de El Paso, Texas, en Estados Unidos, desestimó la denuncia presentada por Javier Corral.
De acuerdo con su defensa de Duarte, la investigación incluyó la revisión de bienes, cuentas bancarias, vehículos, empresas y acciones en todo el territorio norteamericano durante cinco años, “sin encontrar evidencia incriminatoria”.
Duarte también fue denunciado e investigado por la llamada “Operación Safiro”, un presunto mecanismo de triangulación de recursos federales para financiar campañas electorales del PRI y que se implementó en varios estados. Este asunto no derivó en una orden de aprehensión contra el mandatario ni escaló a niveles jerárquicos superiores, debido a que el gobierno federal, en la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), arrebató a la fiscalía de Chihuahua el expediente y terminó por desistirse de la investigación.
Animal Político reveló que la FGR inició en 2021 la integración de una nueva carpeta de investigación contra el priista tras detectar que tuvo un enriquecimiento inexplicable que asciende a 190 millones de pesos.
Los recursos fueron desviados mediante contratos simulados para la compra de equipos de inseminación artificial de ganado, compra de vaquillas, transporte de ganado, alimento para ganado y granos para productores, así como para la adquisición de un inmueble.
“Nómina secreta”
Otra de las acusaciones contra Duarte está relacionada con el supuesto desvío de alrededor de mil millones de pesos de la “caja chica” de la Tesorería del estado que habrían sido usados para pagar sobornos a legisladores y políticos de diversos partidos, funcionarios públicos, líderes sindicales y medios de comunicación, en un caso conocido como “nómina secreta”.
La investigación señala que, durante el sexenio de Duarte, entre 2010 y 2016, mes con mes, se extraían cheques de entre 15 y 20 millones de pesos de las partidas de la Secretaría de Hacienda destinadas al gasto operativo y al pago de la nómina de los empleados estatales, recursos que eran depositados a una empresa de traslado de valores que, a su vez, hacía llegar el dinero líquido a las oficinas de la Tesorería estatal, donde era resguardado y administrado para el pago de los sobornos.
En 2017, la FEDE (antes Fepade) obtuvo una orden de aprehensión contra Duarte por “peculado electoral”, efectuado mediante la retención ilegal de salarios a 700 empleados del gobierno estatal a lo largo de seis años.
De acuerdo con la acusación, en ese periodo se acumularon, al menos, 79 millones de pesos, aunque la FEDE únicamente imputó a Duarte la retención de 14.9 millones de pesos correspondientes a 2015, mismos que habrían sido desviados al PRI estatal para financiar campañas electorales.
“Se le quitaba entre el 5 y 10% de los salarios a todos los trabajadores respecto a una compensación que se les tenía que dar. Y ese dinero era filtrado a través de una cuenta, en la que se expedía un cheque, que era cobrado en efectivo y entregado a las oficinas de la tesorería del PRI en el estado de Chihuahua”, explicó el entonces titular de la FEDE, Santiago Nieto.
Acaparó el agua con sus ranchos
El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, informó en marzo de este año que se halló una propiedad del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, donde se construyeron presas y represas para acaparar agua en beneficio personal, en medio de un contexto de escasez en la entidad.
De acuerdo con el funcionario, se calcula que en la propiedad del exgobernador se almacenaban alrededor de 700 mil metros cúbicos de agua, en prejuicio para los productores y comunidades.
Priista desde 1980
Duarte se afilió al PRI desde 1980 y se suma a la lista de exgobernadores detenidos por actos de corrupción en México, entre ellos, Javier Duarte, Eugenio Hernández, Roberto Borge y Tomás Yarrington.
El exmandatario se formó como abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El partido lo expulsó de sus filas en 2019.
Su carrera comenzó como diputado local, avanzó a una legislatura federal y al interior del partido logró puestos estratégicos como delegado en varios estados.