Deportan a presunto implicado en caso Ayotzinapa que buscaba asilo en EU

Estados Unidos deportó a Alejandro “N”, implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, tras no recibir asilo en dicho país, informó el gobierno federal.

El Instituto Nacional de Migración (INM) indicó que Alejandro “N” contaba con una alerta migratoria y era buscado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y el gobierno mexicano por delincuencia organizada y secuestro por el caso Ayotzinapa.

En un comunicado, detalló que elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos​ (CBP) entregaron al hombre a los agentes federales del INM en el cruce internacional San Jerónimo-Santa Teresa, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El hombre, implicado en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, quedó en custodia de la representación de la Fiscalía General de la República (FGR) para cumplimentar la orden de aprehensión librada por un juez en 2015.

#Comunicado 📄 @INAMI_mx recibió hoy, en el cruce internacional San Jerónimo-Santa Teresa, en #CdJuárez, #Chihuahua, al connacional Alejandro “N”. Era buscado por delincuencia organizada y secuestro; contaba con una alerta migratoria. Fue entregado a FGR.https://t.co/lnFsY6eSR8 pic.twitter.com/rcFDmMHnlt

— INM (@INAMI_mx) January 18, 2023

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Estados Unidos determinó que Alejandro “N” no cumplía con los requisitos para que le otorgará el asilo que había solicitado.

Alejandro “N” fue detenido el 20 de diciembre de 2022 por el CBP al ingresar de manera irregular a territorio norteamericano.

Caso Ayotzinapa

Entre la noche del 26 y la madrigada del 27 de septiembre de 2014, desapareció un grupo de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de entre 17 y 25 años, en Iguala, Guerrero.

Ocho años después del caso Ayotzinapa, el gobierno federal ha admitió de manera pública que todos los indicios apuntan a que los jóvenes fueron asesinados y desaparecidos por el crimen organizado, en contubernio —“por acción, omisión o negligencia”— con autoridades de los tres niveles de gobierno y el Ejército.

“Fue un crimen de Estado”, ha subrayado el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

El informe de la Comisión de la Verdad, presentado en agosto de 2022, señala que omisiones del Ejército y de la justicia mexicana, así como la pérdida de numerosos testigos clave, han impedido la resolución del caso.