Abogados de 13 narcotraficantes entregados a EU exigen su repatriación a Relaciones Exteriores

Abogados defensores de 13 de las 92 personas entregadas al gobierno de los Estados Unidos solicitaron formalmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que garantice asistencia consular inmediata y busque la repatriación de los capos. 

Entre los 13 representados se encuentran Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”; Jesús Alberto Galaviz Vega, alias “El Z-13”; Carlos Alberto Monsivais Treviño, alias “La Bola”, y Juan Pedro Saldívar Farías, “El Z-27”, todos ellos integrantes de los Zetas o de su grupo sucesor conocido como el Cártel del Noreste. Los abogados omitieron dar el nombre de sus otros representados.

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Los traslados se llevaron a cabo en tres operativos de entregas masivas durante la actual administración. La primera entrega de 29 personas fue en febrero de 2025, la segunda de 26 personas ocurrió en agosto de 2025 y la tercera de 37 aconteció en enero de 2026. 

De acuerdo con las autoridades federales, como el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, estas entregas se justificaron bajo argumentos de seguridad nacional y cooperación bilateral.

Sin embargo, el abogado Marco Antonio Avilés Huerta denunció que estas personas fueron expulsadas del país de forma arbitraria, eludiendo los procesos formales de extradición contemplados en las leyes y tratados internacionales.

Caso Rocha y entrega de capos: “punta de lanza” del intervencionismo

Durante la presentación de los escritos ante la SRE, la defensa señaló un trato desigual por parte del Estado mexicano respecto al caso del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, acusado por los EU por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa. 

Recriminó que en ese caso el gobierno exigió pruebas suficientes y respeto estricto al debido proceso ante una petición de detención.

“Eso confirma que el Estado mexicano sabe perfectamente cuál es el estándar constitucional correcto. La pregunta es por qué ese estándar desapareció cuando se trató de personas privadas de la libertad trasladadas bajo figuras extraordinarias sustentadas en seguridad nacional”, cuestionó Avilés Huerta.

Además, el abogado señaló que la entrega de estas 92 personas, permitida por parte del gobierno mexicano, fue la “punta de lanza” del intervencionismo de Estados Unidos, que hoy el gobierno de México “está alardeando de que no debemos permitir”.

“La entrega de las 92 personas que estaban detenidas aquí en México fue la punta de lanza, el iceberg, para permitir que Estados Unidos haya intervenido en México de forma arbitraria e ilegal, brincando cualquier tipo de procedimiento legal o causa legal contemplado en tratados internacionales y la Constitución”, dijo.

Exigencia de repatriación y posibles acciones internacionales 

Por este motivo, el equipo legal exige que las autoridades diplomáticas mexicanas intervengan para verificar las condiciones de detención y garantizar una defensa adecuada para los 13 extraditados.

“La asistencia consular no es una concesión política. Es una obligación constitucional y convencional del Estado mexicano”, sentenció el litigante.

Asimismo, plantearon que la SRE debe solicitar la repatriación de estas personas argumentando la ilegalidad de la entrega para que, en su caso, sean juzgados en México.

De no obtener una respuesta favorable por parte del gobierno mexicano, la defensa anunció que buscarán la intervención de organismos internacionales. 

“Evidentemente, la escalada sería a nivel internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) pidiendo medidas cautelares”, concluyó el abogado.

Acusan condiciones de reclusión y riesgo de pena de muerte 

Finalmente, el abogado explicó que actualmente los detenidos enfrentan condiciones severas de reclusión en Estados Unidos. 

El abogado Avilés Huerta explicó que se encuentran en un “régimen de excepción” derivado de una orden ejecutiva de Donald Trump, que declara a los cárteles como narcoterroristas. 

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Por esta razón, se les han limitado sus derechos, no reciben visitas de familiares y su comunicación hacia México es casi nula.

Además, la defensa alertó sobre las tácticas de la fiscalía estadounidense, la cual presiona a los detenidos para cooperar bajo la amenaza de condenas extremas. 

“Debió de haberse llevado un procedimiento de extradición adecuado (…) no tenemos ningún compromiso por escrito por parte del gobierno americano. Primero, para que no se pida (la pena de muerte) o bien que en su oportunidad los jueces no la vayan a imponer”, advirtió el abogado, recordando que también existe el riesgo de cadena perpetua.