Una herencia millonaria y un caso fabricado: la pesadilla del abogado Alejandro Arzate

–En ese momento, yo solo pensaba: ‘Me están secuestrando’.

Era la tarde del 17 de septiembre de 2020, jueves, a eso de las cuatro.

El abogado Alejandro Arzate Mejía acababa de salir de un restaurante de mariscos en una plaza comercial en Interlomas. Ahí se vio con un cliente importante al que le daba asesoría fiscal, su especialidad.

Para la ocasión vestía sin corbata, casual, pero elegante: pantalón azul, camisa de vestir, blazer, y unos zapatos café. Los mismos zapatos que esa misma noche usaría como ‘almohada’ en la cárcel.

Precisamente, desde el Reclusorio Oriente cuenta ahora su historia. Ahí lleva en prisión preventiva algo más de cuatro años luego de que las hijas de otra clienta, una señora de 91 años, lo acusaron de mantener a la anciana secuestrada durante 8 meses y de torturarla para quedarse con su fortuna. Acusaciones que, a pesar de las numerosas inconsistencias en el caso, un juez vio suficientes para mandarlo a prisión preventiva; la misma figura legal por la que, como Alejandro, había en 2023 más de 55 mil personas privadas de la libertad sin un juicio, el 37% del total de presos, aunque un años antes, el ministro de la Suprema Corte Luis María Aguilar llegó a situar esa cifra en los 90 mil casos.

De regreso a septiembre de 2020, tras la reunión con el cliente, el abogado enfiló el parking de la plaza comercial y subió a su carro. Cuando estaba subiendo por la rampa, otro vehículo apareció de la nada y se le cruzó en el camino de un frenazo.

Cuatro tipos bajaron como una exhalación.

–Por eso pensé que era un secuestro –insiste Alejandro.

El abogado salió del vehículo y comenzó a correr despavorido. A su espalda, los cuatro tipos lo correteaban gritándole que se detuviera, pero Alejandro no obedeció hasta que se topó con una patrulla de policía, a la que pidió auxilio.

Pero, para su sorpresa, los policías no lo ayudaron. Por el contrario, lo retuvieron en el lugar hasta que llegaron los cuatro tipos que se abalanzaron sobre él.

“¡¿Por qué corres?! Tenemos una orden de aprehensión”, gritaban los tipos luego de que, al fin, se identificaron como policías de investigación capitalinos.

Los agentes llevaron al abogado a la Fiscalía Antisecuestros en Azcapotzalco, donde fue sometido a una revisión médica de rutina. Unas horas más tarde, fue trasladado al Reclusorio Oriente en espera de su audiencia ante un juez.

En menos de 24 horas, Alejandro pasó de estar atendiendo a un cliente importante en un restaurante fancy, a dormir con un zapato de almohada sobre una plancha fría de cemento, y sin imaginar siquiera que aquella noche era solo el preámbulo de todo lo que vendría después.

La pesadilla apenas había comenzado.

La acusación

Poco más de un año antes de la escena en el parking, en diciembre de 2018, una de sus clientas a la que daba asesoría en temas fiscales y de impuestos, la señora Maurine, de 90 años en ese entonces, acudió en dos ocasiones a una notaría en Huixquilucan, Estado de México, a hacer primero un borrador de su testamento, y luego a la firma del mismo.

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En ese documento, la señora decidió dejar en legado una casa en favor de la esposa de un difunto empleado, la señora Regina –quien, sin embargo, no fue acusada en este caso–, y como heredera universal de toda su fortuna a otra señora de nombre Olga Cristina, quien fue la secretaria y empleada de confianza por décadas de su esposo, hasta que éste falleció en 2015 y entonces pasó a ser su empleada.

 

En el testamento, además, se establece que a la muerte de la heredera Olga Cristina, todo pasaría a sus dos hijos, mientras que, como albacea, es decir, no como heredero, sino como administrador, designó a quien era su abogado desde 2016 Alejandro Arzate, y a quien le pagaría por sus servicios legales con un 10% del testamento.

Sin embargo, cuando las dos hijas de la señora, de las cuales una vive en Estados Unidos, se enteraron de este testamento, acudieron primero a la Fiscalía de personas desaparecidas y luego a la antisecuestro de la ciudad, y pusieron una denuncia, asegurando que su madre estaba primero desaparecida y luego secuestrada en su propia casa en la colonia San Jerónimo desde hacía al menos 8 meses por la empleada Olga Cristina y su abogado, Alejandro Arzate.

Después, el 23 de mayo de ese 2019, algo más de una semana después de que policías capitalinos acudieron a la casa de la señora y la liberaran del supuesto secuestro, la adulta mayor acudió a la fiscalía antisecuestro a rendir declaración junto a sus dos hijas.

En la declaración ministerial, de la que este medio tiene copia, la anciana relata que la empleada Olga Cristina se “ganó su confianza” y “generó un plan” para, en supuesto contubernio con sus hijos y el abogado Alejandro Arzate, falsificar su firma en numerosos documentos relacionados con cuentas bancarias y patrimonio, y quedarse con su fortuna, obligándola, además, a que firmara el testamento ante notario, el cual, según la declaración de la señora, no la auxilió.

“Le dije que tenía mucho miedo, que me ayudara, que yo no quería hacer eso, y no obstante lo que le dije al notario, me obligaron a firmar dicho testamento”, denunció la mujer, según el documento de la declaración.

Previo a la firma de ese testamento, la señora también dijo en su declaración que fue torturada en reiteradas ocasiones por la señora Olga Cristina y sus hijos: “Si no les obedecía, me esposaban a la cama y me hacían cosas muy feas; de vez en cuando, me obligaban a tomar pastillas y gotas que me ponían muy mal y hacían que perdiera mi estado de alerta”.

La mujer también refirió que una de las veces que se negó a tomar los medicamentos la amarraron a la cama “y me comenzaron a golpear en todo mi cuerpo”. Incluso, dijo que era torturada con “cucharas calientes” que le colocaban sobre el abdomen.

También dijo que el 13 de mayo de 2019, un día antes del supuesto rescate en el que las dos hijas se presentaron en su domicilio con un policía de investigación, pidió ayuda: “Le alcancé a gritar a los policías lo que me estaba sucediendo, es decir, que me tenían privada de la libertad”. “Yo les gritaba que yo quería ir con ellos y con mis hijas, sin embargo, los policías me comentaron que regresarían a por mí, y así fue al día siguiente”, hizo hincapié.

No obstante, documentos, así como las declaraciones ante un juez de peritos forenses, el notario, y hasta del propio policía que fue a liberarla del presunto secuestro, contradicen la declaración de la señora Maurine.

No hay, por ejemplo, evidencia de que fuera amarrada a la cama, ni golpeada, ni de que acudiera forzada a la firma de su testamento, ni de que pidiera ayuda al notario o a la policía.

No hay evidencia tampoco de que, tras la supuesta liberación la señora haya sido objeto de un secuestro o de haber sufrido actos de violencia: ninguna de las personas (policías, empleadas domésticas, doctores) que participaron en el día del supuesto rescate mencionaron que hubiera existido.

Además, tampoco hay evidencia de que la señora fuera en realidad a declarar ante la Fiscalía, pues documentación oficial muestra que no hay constancia alguna de su firma, ni de sus hijas ni asesores legales, en las bitácoras de acceso a la Fiscalía Antisecuestros en Azcapotzalco.

Todos estos elementos llevan a la defensa legal de Alejandro Arzate Mejía a concluir que todo se trató de una “fabricación del caso” para arrebatarle la herencia a la señora Olga Cristina, ‘llevándose’ como daño colateral al abogado.

Las inconsistencias

El 19 de abril de 2024, el notario público Juan Carlos ‘N’ acudió a declarar ante un juez para explicar cuál era el estado en que se encontraba la señora Maurine el día de la firma del testamento.

En su comparecencia, el notario explicó que la mujer “acudió sola” a “nombrar a los herederos”, y que lo hizo, incluso, en dos ocasiones, primero durante la elaboración de un borrador del testamento, y luego durante la firma del mismo el 19 de diciembre de 2018.

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Asimismo, de acuerdo con el notario, la mujer de 90 años en ese entonces se expresaba “con claridad, con precisión y congruencia”, y dijo que no notó “nada raro” en su actuar, ni se percató de que estuviera siendo coaccionada.

“Durante los 30 minutos que estuvo con ella, ¿usted se percató de que estuviera nerviosa o temerosa? ¿De que estuviera siendo amenazada?”, le cuestionaron.

A todas las preguntas, el notario respondió ante el juez: “No”.

“¿Usted vio golpeada de la cara a la señora Maurine?”, le volvieron a preguntar los abogados, en referencia a una de las acusaciones de las hijas de la señora, que refieren haberla visto desnutrida y golpeada previo a su liberación.

“¿Usted le vio marcas en las muñecas a la señora? ¿A usted le dijo que le ayudara, que ya no quería hacer eso (firmar el testamento)?”.

De nuevo, a todas las preguntas el notario respondió: “No”.

El 17 de mayo de este 2024, en otra audiencia, se llamó a comparecer al médico forense Humberto ‘N’ para que explicara ante el juez cuál era el estado de salud de la señora Maurine tras ser liberada del supuesto secuestro.

En la intervención, el médico explicó que, de acuerdo con un informe médico inicial que se le hizo a la anciana al ser liberada, la mujer presentaba un moretón de 18 centímetros en el muslo derecho, y que se trataba de una lesión “que tarda menos de 15 días en sanar” y que no requería de llevarla a un hospital, ni de mayor atención médica. El doctor corroboró, además, que la mujer no presentaba ningún golpe en la cara, ni cicatrices, ni quemaduras de una supuesta tortura.

El 1 de julio de este 2024, el señor Freddy ‘N’, otro doctor en Medicina forense Legal que elaboró un dictamen sobre el certificado médico del estado psicofísico de la señora Maurine, mismo que le realizaron el 23 de mayo de 2019 tras su supuesta liberación, declaró que no apreció elementos que indicaran que la señora fuera amarrada a la cama durante 8 meses, tal y como ella habría declarado.

“No existe ningún elemento técnico científico pericial que permita establecer que (la señora Maurine) hubiera sido sujetada o contundida”, expuso el forense.

Cuestionado sobre las supuestas quemaduras con una cuchara en el abdomen, el médico también negó que hubiera elementos que prueben esa tortura: “Específicamente en este caso, deberían encontrarse cicatrices hipocrómicas en el abdomen, lo cual, de acuerdo a lo que consta en el certificado médico de estado psicofísico de la mujer, no existe”.

Como conclusión, el forense subrayó que, de acuerdo con el certificado médico, “no se desprende ningún elemento técnico, médico, científico, ni pericial, que se corresponda con lo referido por MQB (la señora Maurine), propio de mecanismos traumáticos repetidos durante 8 meses”.

En otras palabras, de acuerdo con el perito forense y el certificado médico que se le realizó a la señora, no existen evidencias de que la mujer fuera amarrada a la cama durante 8 meses, ni torturada, ni golpeada.

Tampoco hay evidencia de que la mujer estuviera “desnutrida”, como señaló el policía de investigación que fue a la casa de la señora un día antes de liberarla.

“Se encontraba en un adecuado estado de nutrición”, declaró el médico forense.

El 22 de marzo de 2024, el policía de investigación de la Fiscalía antisecuestros capitalina, Marco Antonio ‘N’, también compareció para explicar cómo fue su “investigación exhaustiva”, así como la “entrevista con las víctimas” y la “inspección del lugar de los hechos”, en la presunta liberación de la señora Maurine en mayo de 2019.

Durante su comparecencia, el policía dijo que “no recuerda” que la adulta mayor le hubiera pedido auxilio, tal y como la mujer habría supuestamente declarado. Asimismo, admitió que no pidió las cámaras del C2 y C5 que le habían solicitado el Ministerio Público en un oficio como parte de la investigación del caso. También admitió que no entrevistó a testigos del lugar, ni a ningún vecino de la casa de la señora Maurine, ni a nadie de los establecimientos mercantiles cercanos a la casa, tal y como también le solicitó que hiciera el Ministerio Público.

Cuestionado acerca de por qué no regresó tampoco al día siguiente a hacer todas estas diligencias de investigación, el policía se limitó a responder que no lo hizo porque estaba de “asueto”.

El oficial también cayó en contradicciones que los abogados de Alejandro Arzate hicieron notar al juez durante la comparecencia. Por ejemplo, el agente dijo en la audiencia que vio a la señora “asustada y delgada” cuando la tuvo a la vista el día que acudió a su casa, pero en el informe que elaboró de ese día no reflejó nada de esto. De hecho, en ese informe, lo que dejó establecido el policía es que la señora les dijo que tenía miedo de salir a la calle, pero “por lo peligroso de la noche” y porque “no eran horas” de llegar a su domicilio, no porque estuviera secuestrada. También aseguró que no vio ningún golpe en la cara de la señora, y que en ningún momento le comentó que estaba siendo víctima de un delito, a pesar de que la mujer en su supuesta declaración dijo que le gritó pidiendo ayuda.

A todo lo anterior hay que sumarle que, como ya se expuso unas líneas arriba, no consta que la señora Maurine accediera al inmueble de la Fiscalía antisecuestros los días 14, 23 y 24 de mayo, a rendir su declaración ministerial. De hecho, de acuerdo con un peritaje del Corporativo Peritos & Abogados Elite, también en poder de este medio, hay indicios de que la firma de la señora Maurine que consta en su declaración ministerial denunciando haber sido víctima de secuestro, tortura, y obligada a firmar el testamento, podría haber sido falsificada.

Asimismo, el 8 de julio de 2024, la perito en contabilidad Sara Patricia Rojo Ledesma, adscrita a la Coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales de la Fiscalía, a preguntas de la defensa de Alejandro señaló que revisó toda la información bancaria enviada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sin embargo, no encontró depósitos bancarios en favor de Alejandro provenientes de alguna de las cuentas bancarias de Maurine.

“No sabía que te pueden fabricar tantas cosas”

De regreso de nuevo atrás en el tiempo, la noche del 17 de septiembre de 2020, horas después de haber sido detenido en el parking de un centro comercial en Interlomas, Alejandro llegó al reclusorio en una noche gélida y lluviosa en la capital mexicana.

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–No sé cómo explicar lo que se siente –dice en entrevista–. Es un cúmulo de emociones brutal. Es miedo, incertidumbre, incredulidad… estás en shock. Tu mente está trabajando a mil por hora y no te da tiempo de tener un solo sentimiento.

Al otro lado de la llamada, el abogado se queda unos segundos en silencio.

–Estás tan preocupado por todo lo que puedes encontrarte aquí adentro –dice, mientras por el altavoz del celular se cuelan gritos y los ruidos de la cárcel–, que tu mente no sabe qué sentir en ese momento.

Pero esa noche, esa primera noche en la que dormitó un par de horas sobre una plancha de cemento –“hacía un frío espantoso”, recuerda–, y en la que usó uno de sus elegantes zapatos como almohada, Alejandro asegura que aún albergaba la esperanza de que, una vez ante el juez al día siguiente, todo se aclararía y pronto estaría de vuelta en casa, donde planeaba prepararse durante el fin de semana para una importante videollamada el lunes con unos potenciales clientes nuevos.

A las tres de la madrugada, los custodios del penal lo despertaron e hicieron que se alistara rápido. Aún faltaban muchas horas para la audiencia de vinculación en la tarde, pero es parte del ritual de ‘bienvenida’ al sistema carcelario mexicano.

Tras escuchar la acusación de secuestro ante el juez, Alejandro dice que tuvo ganas de reír.

–Soy abogado, pero no sabía que te podían fabricar tantas cosas –dice Alejandro, que recuerda que su caso no es desde luego el único. Este medio, por ejemplo, ha documentado muchos otros como el de July Raquel, una joven que fue torturada por la policía judicial de Veracruz para que se autoinculpara en un asesinato, a pesar de lo cual estuvo en prisión preventiva hasta que finalmente fue sentenciada, aún y con todas las inconsistencias documentadas en la investigación.

–Me parecía una película, una mala película –ríe ahora con desgana.

Pero el juez Júpiter López Ruíz de vinculación no tomó nada de esto a risa y lo mandó a prisión preventiva, donde lleva más de cuatro años sin que exista para él certidumbre de cuándo ni cómo acabará el caso, pues si bien pronto un Tribunal de Enjuiciamiento decidirá sobre la validez del caso de la Fiscalía (inocencia o culpabilidad de Alejandro), cualquiera de las partes involucradas podrá continuar combatiendo el tema mediante un recurso de apelación y un eventual juicio de amparo. Por lo que el abogado teme que aún faltan años para que este caso se decida de manera definitiva, mientras él está preso.

La pesadilla continúa.