El bebé de Mariana falleció por omisiones; autoridades reconocen negligencia, pero no sancionan
Marcela Nochebuena · 29 de agosto de 2025
Mariana perdió a su bebé por la atención deficiente que recibió en el Hospital Materno Infantil Cuautepec de la Ciudad de México, en donde los médicos ignoraron la necesidad de una cesárea e indujeron un parto erróneamente, sin realizar los estudios indispensables para confirmar su diagnóstico. Desde 2021 no ha obtenido justicia, pues la Secretaría de Salud capitalina concluyó que las acciones de su personal no fueron graves.
El primer día que se enteró de que estaba embarazada, en mayo de aquel año, Mariana acudió con un médico privado, donde tuvo un primer seguimiento, pero una vez que llegó a los cinco meses, decidió recurrir al sector salud. El resto de su embarazo transcurrió entre consultas públicas y privadas, hasta que poco después de cumplido el séptimo mes, el médico particular le informó que su bebé traía el cordón umbilical enredado y venía sentado.
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No volvió más a la consulta privada, porque el tiempo de dar a luz estaba ya muy cerca, así que para diciembre le dieron su pase al hospital que le correspondía, el Materno Infantil Cuautepec. Mariana le comentó su diagnóstico al médico para saber qué pasaría en su caso, pues en el sector público no le habían hecho ningún ultrasonido previo.
Le dijeron que no se preocupara, que el bebé se había acomodado y nacería de manera natural. Como la gestación transcurría en la semana 38 y no tenía ningún dato de alarma en el momento, le pidieron que esperara una semana más para considerarlo un embarazo de término.
Aun así, ella decidió prevenir y hacerse, por su cuenta, el ultrasonido. En el resultado, le informaron que el bebé venía “acostadito”, en lugar de con la cabeza hacia abajo, y por lo tanto, el nacimiento debía ocurrir mediante una cesárea. Además, cuando nació su primera hija, ella había presentado preeclampsia, lo que fortalecía esa recomendación.
Iba ya para la semana 39. Llegó al hospital público, entregó el estudio y el médico inicialmente accedió a la cesárea. La ingresaron, pero tras el cambio de turno, otros doctores decidieron –sin corroborar– que ella no tenía el tiempo de embarazo que decía, y que aún le faltaba un mes. Aseguraron que la frecuencia cardiaca del bebé estaba bien. Por la tarde del mismo día la dieron de alta.
Aunado a ello, eran fechas decembrinas; los hechos ocurrieron entre el 17 y el 20 de diciembre. Para tener mayor certeza, el lunes siguiente a su alta, que había ocurrido el sábado, acudió con un médico privado, que ya no halló la frecuencia cardiaca y elaboró un documento urgente para que Mariana fuera de inmediato al hospital. Cuando llegó y lo mostró, los médicos decidieron –a diferencia de antes– que en ese momento sí era necesario un ultrasonido para verificar.
“Me hicieron el ultrasonido –narra ella en entrevista–, y me empiezan a decir: ‘No, sí, sí está muerto, es que tú tuviste la culpa, es que tú rompiste fuente y no te diste cuenta, ¿por qué en vez de irte a un particular no viniste con nosotros?’ Discúlpeme, yo vine en el momento oportuno. Yo fui nada más con mi médico particular a corroborar lo que ustedes me habían dicho, porque si yo me hubiera esperado el tiempo que ellos habían dicho, pues no sé qué hubiera pasado”.
Entonces, propusieron inducirle el parto, con el argumento de que no tenían a un anestesiólogo disponible y ya no se trataba de una urgencia, ni la cesárea era necesaria. En un principio, en medio de la confusión, ella firmó una autorización, pero recapacitó y cuando entró su esposo a verla le dijo decidida: “Firmé, pero habla con quien tengas que hablar, yo no voy a parir a un hijo muerto”.
Alrededor de 30 minutos después, la ingresaron al área de hospitalización y comenzaron a inducirle el parto. Ella conocía el procedimiento desde el nacimiento de su hija –que al final terminó en cesárea–, y le pareció muy diferente, incluso más agresivo desde el tacto. Cerca de cuatro o cinco horas habían pasado cuando le informaron que se iba de alta voluntaria.
Dejó el hospital, acudió con un particular que no quiso asumir la responsabilidad de que ella pudiera fallecer ahí cuando el trabajo de parto se había iniciado en una instalación pública, y así terminó en el Hospital Juárez: “En cuanto dijimos cuál era mi situación, la situación del bebé y todo lo que había pasado, rapidito me canalizaron, me prepararon, pero como estaba esto de hacer un ultrasonido por la parte médico legal, pues fue esa espera y que hubiera un quirófano”.
Su hijo nació sin vida hasta el día siguiente, a las 6 de la madrugada, con el peso normal para un bebé de 39 semanas de gestación; ella no había roto fuente como la acusaron en el materno infantil. Ahí empezó el proceso legal para ir al ministerio público y reportar el fallecimiento, que comenzó su esposo y cuya ratificación pudo hacer ella unas tres semanas después.
“Ahí pareciera que el martirio fue que mi hijo falleciera. Vino, y ha estado, y sigue estando después, casi 4 años después, de que todo esto pasó. Tantas cosas han pasado que para nosotros es injusto, que ya dijimos ‘no, ya, ya, creo que ya es hora, ya es momento’ (de contar su historia), y no considero que yo sea la única persona que haya vivido eso”, subraya.
Al principio, una abogada de oficio incluso le sugirió que aceptara dinero y no buscara mayor sanción para el hospital. Ella se opuso, porque de acuerdo con la autopsia, su hijo era un bebé viable, candidato a un nacimiento normal, pero por el mal diagnóstico de señalar que le faltaba un mes, no corroborar y no hacer los estudios necesarios, falleció.
Después de cuatro meses sin respuestas en la fiscalía, se acercó a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde se abrió el expediente de queja CDHCM/III/121/GAM/22/D2538, de la que se desprendió una valoración de impactos psicosociales de la que Animal Político tiene copia, donde se describen las afectaciones físicas, así como el miedo, la angustia, el cansancio físico y emocional, y la ansiedad que experimentó. También se documenta el deterioro en el estado psicoemocional de su esposo, quien falleció en 2022 luego de haber tenido un intento de suicidio.
En un análisis sobre las acciones que en la atención a su salud pudieron constituir violencia obstétrica, la CDHCDMX señala que “en casos como el de Mariana, la falta de atención médica adecuada en el contexto obstétrico, puede dar lugar también a la vulneración de otros derechos”. Enfatiza también la insensibilidad frente a su dolor, y la insuficiencia de claridad respecto a su atención, lo que implicó un trato poco humano, además de someterla a mayor estrés y angustia.
“El proceso de búsqueda de verdad y justicia se ha caracterizado por procesos prolongados, tratos carentes de empatía y resoluciones no favorables como los dictámenes emitidos por diversas instancias, lo que a su vez ha agudizado y configurado nuevos impactos en Mariana”, describe el documento.
“Mi esposo fallece al año de mi hijo, porque él decía que ya se quería morir. Como cuatro meses después de que muere mi hijo, él intentó suicidarse. Decía que lo único que él quería era irse con mi hijo, con mi hijo, y con mi hijo. Pues al año se le cumplió. Él se dejó, no vimos signos evidentes de que fuera una enfermedad y fueron datos muy pequeñitos”, recuerda.
Mariana recibió una disculpa, pero no hay justicia
Pese a que en el expediente OIC/SEDESA/PRA/005/2024 de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, del que este medio tiene copia, se reconocen fallas diversas en la atención que recibió Mariana, y se determina que los médicos Bryan Donovan González Villa, Miguel Ángel González Valladares y José Enrique Martínez Bolaños, en su calidad de servidores públicos incurrieron en faltas administrativas, la dependencia las consideró no graves y fueron sancionados con solo cinco días de suspensión laboral.
Así describe la propia Sedesa, en el primer caso, la actuación médica que considera no grave: “Si bien es cierto que brindó atención médica… la misma fue de manera deficiente, pues erróneamente determinó que Mariana era candidata a inducción de trabajo de parto con análogos de prostaglandina E2 por la vía vaginal, sin realizar más estudios clínicos que confirmaran dicho diagnóstico, ni revisar el expediente clínico… dejando de ponderar el interés superior de las necesidades de su paciente”.
Al segundo le atribuye la omisión de no realizar un correcto llenado de la nota médica ni de la valoración clínica inicial en el servicio de urgencias, y no registrar e integrar la información que era su responsabilidad, mientras que sobre el tercero se asienta que, de acuerdo con un dictamen médico de Conamed, el registro cardiotocográfico fue realizado con deficiencias, lo que tampoco fue grave según la dependencia, que sostiene que no se acredita negligencia médica.
En ese mismo expediente, Sedesa vuelve, además, a depositar la responsabilidad en Mariana, con el argumento de que su expediente clínico refiere “situaciones inusuales”, como dolor de cadera, mancha en la pantaleta color marrón, obesidad mórbida, “ropa inadecuada para la etapa” y tabaquismo positivo, el cual era previo a su embarazo, además de tratarse de condiciones que en ningún momento alteraron el estado de salud de su bebé.
El 12 de septiembre de 2024, no obstante, la dependencia emitió un oficio de disculpa, derivado de la conciliación que promovió la CDHCDMX: “Esta secretaría reconoce la falta o retraso de acceso a los servicios de salud especializada, así como la deficiencia en la atención brindada… por lo que expresamos nuestra solidaridad con las víctimas… y extendemos nuestra más amplia disculpa por las acciones realizadas por algunos de nuestros servidores públicos”, dice el documento.
“Que paguen, que reconozcan el error que cometieron”
“Nada más de recordarlo me da mucho coraje. Mucho coraje porque después de que muere mi hijo, muere mi esposo. A la par yo caigo en excesos, mi hija empieza a decir que se quiere ir con su hermanito, que se quiere ir con mi esposo, que van a venir por ella, que a lo mejor ella también se enferma y se muere. Terminé en tratamiento de antidepresivos, ansiolíticos. Estoy todavía en terapia psicológica, mi hija también”, reclama.
Después de incluso acudir a las jornadas de Zócalo Ciudadano de la jefa de gobierno, Clara Brugada, sin obtener alguna respuesta adicional, Mariana dice que está dispuesta a agotar todas las instancias que haga falta. Cuenta que cuando empezó con su lucha, lo único que quería era que cerraran el hospital y que los médicos pagaran por el error que habían cometido, y eso es lo que siempre ha considerado justicia.
Animal Político ha documentado en diversos reportajes cómo en México es casi imposible que los médicos reciban sanciones por malas prácticas: las demandas civiles y denuncias penales son procesos revictimizantes que pueden extenderse por años, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico es solo una instancia conciliadora, que requiere la voluntad de participación de los doctores, mientras que para muchos de ellos basta con cambiar de hospital, y los órganos colegiados niegan que existan violencias específicas, como la obstétrica.
“Que paguen, que reconozcan el error que cometieron, y que no puedo decir que ya no ejerzan, porque al final yo sé que errores tenemos todos, pero errores de este tipo no pueden seguir ocurriendo; para ellos es tan fácil decir ‘hijole, una mamá más, un hijo más, una cifra más, qué feo’… Para mí eso es justicia: que paguen, que reconozcan, todas las personas que estuvieron involucradas, todas”, exige.