Violencia vicaria: Grisell pelea por recuperar a su hijo en Quintana Roo
Joana Maldonado · 9 de septiembre de 2026
A Grisell le quitaron a su hijo Mathías porque su expareja la acusó presuntamente de violencia familiar en un proceso judicial que inició hace seis años y que la ha obligado a permanecer en Quintana Roo, vinculada a proceso, con visitas asistidas a su hijo, ahora ya adolescente. La mujer está a punto de ser sentenciada de forma definitiva pese a que acusa ser víctima de violencia vicaria, tipificada desde 2022 con polémica en Quintana Roo.
Su nombre completo es Grisell Balderas Jonguitud y es oriunda de San Luis Potosí. Durante varios años, la mujer vivió junto con su esposo, Edén B., y su hijo, Mathías, donde afirma haber sido víctima de violencia económica, patrimonial, física y bajo constantes amenazas de que perdería la custodia del niño.
Esa fue la razón que la llevó a interponer una denuncia por violencia familiar en el año 2013. A partir de entonces, el agresor promovió un juicio de guarda y custodia que un juez dictaminó a favor de ella en 2014. Tras el fallo, el padre de Mathías acumuló quejas por maltrato e incumplimiento de la pensión alimenticia y visitas al menor, denuncia la mujer, quien se ha convertido en activista contra las agresiones por violencia vicaria.
Antes de la pandemia de COVID-19, Grisell, ya con Carlo –su segundo hijo, con otra pareja–, mantenía los cuidados de ambos de los niños. Mathías nació a finales de 2011 y tomaba clases a distancia en una escuela cristiana, ya que, dijo su mamá, carecía de recursos para buscar otro medio educativo.
“Su papá nunca habló por teléfono, nunca mandó ni una lata de frijoles durante la pandemia y nunca preguntó si su hijo seguía vivo. La ayuda fue de amistades y familia”, relató Balderas.
La retención indebida durante la pandemia
En 2020, Grisell contactó al padre de su hijo para informarle que debido a las circunstancias económicas, dejaría Playa del Carmen con sus hijos para vivir en la Huasteca Potosina, en San Luis Potosí, donde está su familia. Edén estuvo de acuerdo, pero a cambio de que Mathías conviviera con él antes de irse.
Grissel accedió, pero su expareja empezó a postergar la entrega del niño. Debido a la presencia de fenómenos hidrometeorológicos en la entidad, la mujer pensó que era buena idea que Mathías estuviera en un sitio más seguro, ya que ella se encontraba habitando un área más vulnerable en Playa del Carmen.
Pero para la segunda semana de octubre, mediante un correo electrónico, el padre de Mathías le informó que le permitiera quedarse una semana más con el niño, a lo que Grisell accedió, pidiéndole que el siguiente lunes lo entregará. Pero el lunes 2 de noviembre de 2020, la mujer recibió otro correo electrónico en el que el hombre le advertía que Mathias ya no volvería con ella porque había interpuesto una denuncia por violencia contra su propio hijo.
“Ese correo electrónico cambió mi vida por completo. En ese momento entendí que mi hijo había sido retenido de manera injusta, maliciosa. Le hablé a mi abogado que llevó el juicio de custodia y pedí la localización de mi hijo, lo localicé y me quedé 48 horas afuera del domicilio: interpuse la denuncia por sustracción y retención de menores, pero la policía no quería atenderme”, relató.
La Procuraduría del Menor y la Familia determinó que Mathías, entonces de ocho años, permaneciera en el albergue del DIF Municipal, pese a que su madre acreditó la guarda y custodia. Ahí estuvo 13 días y después se otorgó la guarda a su abuela materna, quien lo trasladó a San Luis Potosí para vivir temporalmente con unos pastores.
El padre del niño emprendió entonces una nueva denuncia contra los pastores, la abuela de su hijo y Grisell en San Luis Potosí, así como una campaña en redes sociales acusándolos de secuestro.
Grisell afirmó que dentro de la carpeta de investigación en su contra, la Policía de Investigación identificada como “Minerva” omitió integrar la denuncia de 2014 que ella previamente interpuso, además de señalar un antecedente de violencia familiar que no pudo ser comprobado.
El menor fue evaluado en la Fiscalía de San Luis Potosí, donde se comprobó que Mathías era un niño sano que tenía ansiedad por separación de su núcleo familiar y quería regresar con su madre. Pero en la denuncia contra Grisell se le acusaba de ser golpeado y que le habían negado el derecho a la educación.
Acusa en este proceso al abogado Raymundo Elizondo Gaona, quien en su carácter de defensor público fue omiso y negligente, asegura, frente a las pruebas que Grisell entregó para defenderse y que incluían un peritaje psicológico forense realizado por la Fiscalía de San Luis Potosí, en donde se había concluido que el progenitor ejercía control y violencia en contra de su hijo para violentar a su madre, aún sin tipificarse el delito de violencia vicaria.
Grisell terminó denunciando la negligencia de su abogado quien carecía de una defensa activa y se limitaba a decirle que guardara silencio.
El 17 de diciembre de 2020, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGEQROO) emitió una alerta Amber para localizar al menor y acusó a Grisell de sustracción de menores. Dos meses después, un viernes a medianoche, una jueza determinó que el menor debía estar con su padre y en 2021 la abuela de Mathías fue obligada a entregar al niño.
Su mamá se comunicó por teléfono con Grisell para informarle y pudo escuchar de Mathías la frase: “Mami, ya me llevan”, para luego no conocer su paradero durante seis meses.
Vinculan a proceso a Edén por violencia vicaria
En 2022, cuando se tipificó el delito de violencia vicaria en Quintana Roo, el caso de Grisell representó en septiembre de ese año la primera vinculación a proceso contra Eden B., padre de Mathías, en donde la Fiscalía estatal, mediante el área de peritaje, resolvió que el padre fue quien ejerció violencia vicaria.
Pero la mujer señaló al entonces magistrado de la Novena Sala, Carlos Lima Carvajal, de haberle quitado la vinculación a proceso al agresor por los delitos de incumplimiento de obligaciones y posteriormente la de violencia vicaria.
A la par, Grisell fue vinculada a proceso en 2021 por el juez David Montoya por el delito de violencia familiar. Desde entonces está obligada a firmar de manera mensual como medida cautelar, lo que le impide dejar Quintana Roo.
Una condena por violencia y la indiferencia de su propio hijo
En febrero de este año, el juez Hugo Uribe Nicolás condenó a Grisell a dos años y nueve meses de prisión por violencia familiar. Sin embargo, no ha quedado firme, por lo que no ha sido aprehendida. La mujer argumenta que la resolución llegó pese a las pruebas presentadas y los peritajes con los que demostró en 2020 que las presuntas marcas de golpes que tenía el menor le fueron provocadas en el periodo en que estuvo con su padre.
“Yo quiero saber a la fecha, quien golpeó a mi hijo en esa casa en la que estaba con su progenitor, con la concubina y toda la familia paterna, y ahora soy yo la que está sentenciada, ese es el nivel de dolo”, narró Grisell.
El estado de salud de la mujer se ha visto afectado por depresión, ansiedad, hipertensión y fibromialgia, mientras Grisell espera la resolución de sus procesos judiciales y legales. Mathías, su hijo, está por cumplir 15 años, y sólo lo puede ver mediante visitas controladas en el Centro de Convivencia Familiar (Cecofam). La mujer asegura que muestra un trato indiferente para ella.
En su experiencia como integrante de colectivos de ayuda a mujeres víctimas de violencia vicaria, Grisell afirma que el sistema de justicia opera en contra de las víctimas de este tipo de casos. “A mí me quitaron a mi hijo por el entonces fiscal, Óscar Montes de Oca, con la pasividad de Raciel López [fiscal actual]. La gobernadora [Mara Lezama] conoce mi caso, el magistrado Heyden Cebada [presidente del Poder Judicial de Quintana Ro] no sabe lo que es una carrera judicial, actúa como un publirrelacionista, perpetúa la violencia, no hay orden, no hay justicia”, denunció.