Joana Maldonado y Handel Aguilar · 4 de noviembre de 2026
En Quintana Roo, una parte del magisterio sostuvo que no existen reglas o criterios claros para dar cumplimiento al Acuerdo 09/09/26 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que regula el uso de teléfonos celulares en escuelas, particularmente en educación básica, apostando al plazo de 180 días para armonizar. Esto resultó en que madres y padres de familia no recibieran información al respecto.
Este martes 3 de noviembre entró en vigor el Acuerdo de la SEP publicado el 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para garantizar el uso responsable y seguro de teléfonos celulares y tecnologías de aprendizaje en escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional.
Al respecto, la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) informó mediante sus plataformas que a partir de este día, “se restringía por completo el uso de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos (tabletas, ipads), durante toda la jornada escolar, incluyendo clases y recesos”, y “sólo podrán usarse para fines educativos previamente programados con intencionalidad pedagógica bajo la supervisión docente, emergencias personales, discapacidad, accesibilidad, inclusión, salud o necesidades particulares”.

Pero a nivel interno, madres y padres de familia dijeron desconocer la norma, pues en las escuelas no se les informó sobre las medidas a tomar. No hubo juntas previas, ni comunicados o avisos para establecer su cumplimiento.
“Lo vi en las noticias”, respondió Mario, padre de un adolescente de secundaria y un niño de quinto grado de primaria. El padre de familia informó que ninguna escuela le comunicó sobre el inicio de este acuerdo y consideró que se trata de una medida innecesaria, ya que en el caso de su hijo adolescente, un dispositivo es necesario para su seguridad. “No del todo a favor, desafortunadamente hoy en día tenemos que estar más comunicados con ellos”, consideró.
En la escuela primaria Kabah de la zona escolar 061 de Cancún no hubo información, los docentes no informaron sobre la medida y varios padres de familia coincidieron en que los celulares son útiles para conocer la ubicación de los infantes. “Me enteré por medio de las redes sociales, en la escuela no hubo ningún aviso ni nada”, opinó Margarita Sánchez, madre de dos niños y una adolecente.
El secretario general de la Sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Arimael Salas Alcocer, recordó que si bien el Acuerdo entró en vigor, contempla un plazo de 180 días naturales para que las autoridades educativas estatales emitan o armonicen los instrumentos jurídicos correspondientes.

En ese sentido, informó que la Sección 25 del SNTE ha planteado a la autoridad educativa estatal la instalación de una mesa de trabajo bilateral para educación básica, con el propósito de analizar los alcances de la disposición y establecer criterios precisos para su implementación, considerando las responsabilidades del personal educativo, las condiciones de los planteles y los derechos de las comunidades escolares.
“Debemos garantizar que las reglas sean claras, que exista certeza para las maestras y los maestros y que ninguna disposición genere responsabilidades que no estén debidamente definidas”, expresó.
Entrevistado al respecto, el profesor de educación primaria Rubén Pacab Rojas sostuvo que en su caso hubo oportunidad de planificar las restricciones de acuerdo al Marco de convivencia. El docente de las primarias “Símbolos Patrios”, turno matutino y “Armada de México”, turno vespertino, afirmó que, en el caso del turno de la tarde, se vuelve una medida necesaria, pero que los celulares se mantienen bajo resguardo durante el horario de clases.
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“Hoy que es el primer día, pues ya de plano lo trajeron, pero está guardado. Le di la indicación a los papás de que lo guardaran, cuando el niño llegue al salón manda mensaje que ya estaba en el salón y cuando vayamos a salir lo van a activar y le va a decir a su papá que ya estamos saliendo”, precisó. Pacab Rojas agregó que, como medida para los docentes, les informaron a padres y madres de familia que sólo estarían disponibles a la hora del recreo, al ser una indicación de la SEP.
En el municipio de Playa del Carmen, las instituciones educativas de educación básica comenzaron a aplicar los lineamientos de esta normativa.
Al respecto, la subdirectora de la secundaria general Ignacio Zaragoza, Lilia Campos Zaldivar, quien también desempeña funciones como docente en los niveles de primaria, secundaria y preparatoria, explicó cómo se ha manejado la transición en los planteles locales: “Cuando recibimos y cuando se publicó pues el acuerdo que restringe el uso del celular en las escuelas, tras bambalinas los maestros empezaron a opinar sobre cómo podría hacerse una normatividad interna, porque pues el acuerdo es muy general, nos dieron un marco en el cual tenemos cierta libertad para elegir la manera en la que podemos llevar a cabo esta medida”.
Las medidas proporcionadas por parte de la Secretaría de Educación Pública a través del acuerdo número 090926, en el cual se lanza el decreto de esta nueva norma en las escuelas, contemplan diversas modalidades. En primer lugar, se encuentra el espacio de resguardo dentro del aula, el cual consiste en áreas destinadas para que los alumnos puedan depositar sus teléfonos celulares para que no se pueda realizar un uso inadecuado o no permitido durante las clases.

Asimismo, se contempla un uso limitado por tiempos y espacios, en el cual los alumnos mantienen bajo su propio resguardo el dispositivo móvil, pero solo pueden hacer uso de estos en momentos y áreas específicas previamente acordadas por la autoridad.
Por otra parte, se encuentra el uso programado, consistente en que los profesores enviarán a través de los canales de difusión de las escuelas en qué momento y a qué horas se podrán realizar los trabajos mediante los celulares. Finalmente, se establece la opción de no uso, en la cual los alumnos tienen terminantemente prohibido llevar los teléfonos celulares a las instituciones.
Para aplicar la medida, la escuela Ignacio Zaragoza determinó de forma general la prohibición total de los aparatos dentro de las instalaciones y salones de clases, pidiendo que los alumnos no los lleven a menos que un maestro requiera su uso justificado bajo una planeación pedagógica previa. La subdirectora mencionó que en caso de que se sorprenda a un estudiante utilizando o portando el dispositivo de forma inadecuada, el aparato será decomisado de inmediato por las autoridades escolares.
Respecto a las acciones ante la reincidencia, la subdirectora Lilia Campos Alvíver señaló que aún no se ha concretado un protocolo definitivo sobre si se devolverá el equipo tras un periodo determinado o las acciones a tomar, pues primero considerarán los resultados de estas primeras semanas para poder formalizar el protocolo final, con el que respaldarán ante los alumnos y tutores las medidas que se llevarán a cabo.

Asimismo, la subdirectora destacó que la medida también busca prevenir problemáticas asociadas al ciberacoso y al mal uso de las redes sociales entre los estudiantes. La aplicación de esta normativa ha generado diversas reacciones entre los padres de familia de estudiantes de secundaria en Playa del Carmen, evidenciando posturas encontradas respecto a la comunicación familiar y el control de los dispositivos.
Por un lado, Miguel, padre de familia, expresó su respaldo a la disposición oficial al considerar que favorece el aprovechamiento académico de los alumnos: “Se le pone más atención al estudio, porque en medio de su su clase sacan su teléfono y se distraen, ya no están al tanto y eso es a lo que voy… Y pues para que le echen ganas, está muy bueno”.
En contraste, madres como Daría manifestaron una postura parcialmente en contra debido a las complicaciones que representa la desconexión temporal con sus hijos durante las horas de clase: “Pues por una parte está bien, sirve para que se enfoquen, pero en otra no, porque no podemos comunicarnos con nuestros niños y no se va a poder”. Para ella, el teléfono funcionaba como un medio para coordinarse con su hijo principalmente en su trayecto de la escuela hacia su casa.
Ante las dudas sobre el resguardo de los equipos y las excepciones contempladas por la ley, como emergencias médicas o necesidades pedagógicas debidamente planeadas, las directivas escolares de Playa del Carmen han optado por reforzar la comunicación directa con tutores mediante canales digitales institucionales y directorios internos.