Ultimátum a la Fiscalía por accesibilidad para personas con discapacidad

Chetumal.- A nada de que la Fiscalía General de Quintana Roo, presente su proyecto de presupuesto 2027, el abogado activista quintanarroense Arnold Stivens Rosa Gómez presentó una segunda queja dirigida al Fiscal General del estado, Raciel López Salazar para garantizar el acceso a personas con discapacidad en todos los edificios de la Institución.

Explicó a Animal Político Quintana Roo que desde mayo de 2024 presentó una queja solicitando que se identificaran las barreras que obstaculizan el acceso a las personas en condición de discapacidad, y realizarán las adecuaciones necesarias en la sede de Chetumal. Aunque la Institución de Justicia respondió que turnaría el documento a las áreas administrativas, desde entonces “no sucedió nada”.

“Lo que estamos pidiendo, puntualmente, es que la Fiscalía General de Quintana Roo cumpla con esta accesibilidad universal en diversos edificios; no se trata de solo colocar “rampas”, si no de que las personas con discapacidad (que) acuden en busca de justicia puedan desplazarse en el edificio con total libertad”, indicó.

Por ello, dijo, fue necesario presentar un segundo oficio pues “el tema va más allá de colocar rampas”. Enfatizó que es necesario que la dependencia haga diagnóstico integral para un edificio totalmente incluyente.

“No solo son rampas, se necesitan letreros en braille, pisos podo táctiles, que haya letreros de lectura fácil, para personas (con) discapacidad cognitiva, o sensorial, semaforizaciones, baños accesibles, etc”, subrayó.

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Accesibilidad universal derechos humanos

El abogado expresó que el nuevo documento está dirigido al fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar, y cumple con una perspectiva de derechos humanos, conforme al Artículo 13 de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad.

“No es únicamente en los edificios de Chetumal, es en todo el estado. Por ejemplo, en Felipe Carrillo Puerto, no hay ni rampas. Desafortunadamente, en general, muchos edificios públicos, y de entes privados, que prestan servicios al público están incumpliendo con esta accesibilidad. Es exigir a nuestras autoridades que cumplan con la ley y no se trate de letra muerta”, reiteró.

Por último, señaló que la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo es amplia y fuerte, por lo que se trata de voluntades gubernamentales para ejercer presupuestos que garanticen la accesibilidad mediante acciones reales.

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“La ley esta, es voluntad de las autoridades para cumplir estas obligaciones, es sentar precedentes, desafortunadamente somos grupos históricamente discriminados y excluidos, es justicia, e igualdad material, no solo en la ley, porque ante ella todos somos iguales. Si no tendremos que buscar otras vías legales”, sentenció.

A finales de julio de 2026, el titular de la FGE declaró que el presupuesto 2027 rondaría en los 2 mil 500 millones de pesos con el objetivo de fortalecer su capacidad operativa, ampliar su infraestructura ante las 4 mil carpetas de investigación que inician al mes en promedio.

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