Joana Maldonado · 29 de septiembre de 2026
La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo (CBPEQROO) emitió el sábado pasado la ficha de localización de Emma, luego de que su madre, Fátima Aldana, se presentó con la menor ante las autoridades tras solicitar garantías de seguridad en medio de presiones sociales. Madre e hija salieron de Cancún el pasado 15 de agosto, fecha en la que se había activado una Alerta Amber.
La localización de Emma ocurrió mientras su padre, Eliezer Solís, respaldado por el colectivo de Madres Buscadoras de Quintana Roo A.C, encabezado por María Patrón Pat y una organización que se identifica como feminista, mantuvo por tres días el bloqueo de un carril en la zona hotelera de Cancún, lo que generó tráfico vehicular y afectaciones a turistas y trabajadores.
Fátima y la menor se encuentran bajo resguardo en un refugio para víctimas de violencia debido al temor manifestado por la mujer ante presuntos actos violentos. Estos hechos han derivado en cuatro carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGEQROO), una de las cuales ya cuenta con la vinculación a proceso de Eliezer Solís.

Por su parte, el padre de la menor anunció la madrugada del domingo el levantamiento de la protesta iniciada el jueves. Dicha movilización comenzó tras conocerse la liberación de Iván Mondragón Peña, amigo de Fátima, quien enfrentará en libertad el proceso legal por su presunta responsabilidad en la sustracción de la niña, luego de que ayudara a ambas a salir de la entidad. Su defensa asegura que no sabía que contaba con un proceso abierto y que estaba cometiendo un delito.
En la manifestación participó activamente el colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo A.C. El propio Eliezer Solís afirmó que podrá comunicarse con Emma mediante videollamadas mientras se resuelve la situación jurídica respecto a la sustracción de la menor y el juicio de custodia que está en curso.
“Yo no esperaba que se solucionara de esta forma; sin embargo, estoy emocionado tras ver a mi hija después de 12 semanas de no saber nada de ella. Gracias por entenderme”, declaró Eliezer al ofrecer disculpas por las molestias ocasionadas.
Un día antes, en una conferencia de prensa improvisada, la abogada Ariadne Anguas, quien asumió la defensa legal de Eliezer y se identifica como defensora de derechos humanos y feminista, admitió que su cliente enfrenta procesos legales por violencia familiar ejercida contra la madre de su hija. No obstante, apeló a la “presunción de inocencia” para restar peso a los antecedentes de violencia y respaldar el bloqueo de la vía pública.

Esa misma noche, se registró un enfrentamiento verbal con el colectivo feminista Malinches Ingobernables, quienes protestaron en el mismo acceso a las playas de Cancún con consignas a favor de Fátima. Las integrantes sostuvieron que Eliezer “no es una víctima, sino un agresor” y aseguraron que ellas “sí conocen de leyes y son abogadas de mujeres”.
La movilización provocó que organizaciones como Entra en Acción A.C., Malinches Ingobernables y Marea Verde expresaran señalamientos en contra de Madres Buscadoras de Quintana Roo A.C. y de las litigantes que respaldaron la manifestación de un presunto agresor, acusándolas además de utilizar las redes sociales para promover el ”linchamiento digital” de Fátima Aldana.
A través de un comunicado, Entra en Acción A.C. solicitó al gobierno del Quintan Roo dar a conocer las actividades legalmente autorizadas para dicha asociación, su estatus en el Registro Estatal de Organizaciones Civiles y la congruencia entre su objeto social y sus actuaciones públicas.
“Las asociaciones civiles tenemos derechos, pero también obligaciones. Ninguna organización debe estar por encima de la ley ni utilizar una causa social para sustituir las funciones de las autoridades”, señalaron.
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La organización sostuvo que la defensa de los derechos humanos de los hombres es legítima y está protegida por los principios de igualdad y no discriminación; sin embargo, aclaró que la representación de cualquier persona no puede sustituir a las instituciones ni convertirse en un mecanismo de presión sobre los procesos jurídicos.
“Una asociación civil puede acompañar y defender derechos, pero no puede asumir funciones de Fiscalía, juzgado o autoridad administrativa. Los derechos humanos no tienen género, el debido proceso tampoco, y la justicia debe determinarse con pruebas y conforme a la ley, no mediante presión social”.
Por su parte, Marea Verde difundió una infografía en la que advirtió que la violencia vicaria no debe encubrirse con discursos mediáticos, ya que esto revictimiza a la mujer denunciante, desvía la atención del problema de fondo y utiliza causas colectivas (como la búsqueda de personas) para presionar a las autoridades por intereses particulares.