Verónica Fajardo · 20 de septiembre de 2026
El policía municipal Jorge Oswaldo Loría Garma solicitó formalmente al Ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún) y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal una indemnización, tras descubrir que la corporación lo mantuvo registrado como inactivo durante nueve años en el Sistema Nacional de Información e Inteligencia (Plataforma México) a pesar de haberlos laborado.
Loría Garma recibió durante esos años reconocimientos oficiales por su desempeño, entre ellos uno entregado por la presidenta municipal, Ana Paty Peralta, tras rescatar a dos personas secuestradas, a pesar de figurar como inactivo en las bases de datos criminalísticas durante este periodo.
De acuerdo con el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera, dichos actos meritorios debieron traducirse en ascensos, incrementos salariales y mejores prestaciones; sin embargo, denuncia, las solicitudes del agente fueron ignoradas por sus mandos inmediatos y por el titular de la corporación, Jaime Padilla Barrientos.

El agente relató que en 2022, mientras se encontraba de descanso y circulaba en su motocicleta, fue interceptado en un retén de la policía estatal. Al identificarse como elemento activo de la policía municipal, los agentes consultaron sus datos en Plataforma México y detectaron que aparecía como inactivo, por lo que fue detenido bajo la acusación de usurpación de funciones.
Fue en ese momento cuando comenzó a investigar su situación laboral. Loría Gama señala que las irregularidades comenzaron tiempo atrás. Tras realizar una detención con un importante aseguramiento de droga, así como la puesta a disposición en 2020 de un caso de homicidio que derivó en la captura de tres presuntos responsables, comenzó a ser rotado de área constantemente.
Incluso en 2024, tras ser incluido en el cuadro de honor de la corporación y recibir una nueva distinción, los estímulos económicos y el ascenso prometido nunca se concretaron.
Según el denunciante, el problema no es aislado. “No solo yo estaba inactivo, sino también otros 150 elementos de mi generación (2014)“, afirmó. Loría destaca que esta omisión administrativa pudo estar vinculada con el manejo de las reglas de operación de los subsidios federales del extinto Programa de Fortalecimiento de Seguridad (FORTASEG).

La situación generó severas complicaciones procesales. Al estar inactivo en la base nacional, el agente optó por no acudir a las comparecencias requeridas por los Tribunales de Juicios Orales para evitar incurrir en faltas legales, notificando formalmente sus motivos a la Fiscalía General del Estado (FGE).
El elemento denunció que, dentro de la FGE, personal de la institución intentó presionarlo para que compareciera y declarara falsamente que se encontraba en activo.
La Fiscalía envió oficios a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para aclarar el estatus del oficial, pero no obtuvo respuesta.
A raíz de la presentación de quejas ante la Comisión de Honor y Justicia y la Contraloría Municipal, Loría Gama señala que comenzó a sufrir hostigamiento laboral, lo que le provocó problemas emocionales y depresión, lo que culminó en una licencia médica de 60 días.
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Al concluir este periodo, solicitó una extensión de la licencia conforme al procedimiento correspondiente; sin embargo, no recibió contestación, le retiraron el pago de su salario y le impidieron reincorporarse formalmente, dejándolo en un limbo jurídico.
“Hasta el día de hoy he sufrido hostigamiento y acoso laboral. Estoy en un limbo legal porque no me quieren indemnizar, a pesar de que ya pedí la ayuda a las autoridades del gobierno del Estado”, declaró Loría Garma, quien confirmó que ya cuenta con asesoría jurídica para proceder por la vía legal.
Consultada al respecto, la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito, a través de su coordinador de Comunicación Social, Óscar Valdés, informó que la corporación fijará una postura oficial tan pronto como se revise y dictamine el estatus administrativo del elemento.