Haidé Serrano · 26 de octubre de 2026
El doble feminicidio en Chetumal de una madre de 36 años y su hija de 16 perpetrado por el presunto responsable, Donaciano “N”, un oficial de Tránsito en activo que presuntamente utilizó la patrulla oficial 11028 y su arma de cargo, evidenció una cadena de omisiones institucionales y negligencias respecto a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).
En entrevista para Animal Político Quintana Roo, la abogada Yunitzilim Rodríguez Pedraza señaló que a pesar de que el agresor ingresó uniformado y en una unidad oficial al domicilio para cometer el crimen antes de suicidarse, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, encabezada por Raciel López Salazar, catalogó inicialmente el hecho como homicidio en la carpeta FGE/QROO/OPB/10/5740/2026, y no como feminicidio. aunque este domingo la Fiscalía estatal por fin reculó.
“Esto denota la falta de cumplimiento, justamente de las de la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres e, independientemente de la declaratoria, la legislación en materia penal, e incluso en nuestro Código Penal establece que toda muerte violenta de una mujer debe ser iniciada por el delito de feminicidio, y sólo en caso de que no se acrediten las razones de género, se seguirán las reglas del homicidio.

“Esto ha pasado recurrentemente, manejan como homicidios dolosos las muertes violentas de mujeres o como violencia familiar las tentativas de feminicidio. Obviamente estas son las formas en las que tratan de maquillar las cifras y decir ‘bueno sí la violencia, pero los homicidios han disminuido o no hay denuncia de feminicidio’, y pues eso también ha conllevado en que haya falta de confianza en las instituciones de procuración de justicia“, explicó la abogada y profesora investigadora de la Universidad de Quintana Roo.
La Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) emitida para Quintana Roo establece de manera explícita en su Medida IV de Visibilización y Cero Tolerancia la obligación del Poder Ejecutivo Estatal de emitir mensajes públicos continuos de condena abierta, visibilización de la violencia feminicida y cero impunidad ante la ciudadanía.
Sin embargo, ante el doble feminicidio en Chetumal ocurrido este 19 de octubre, ni la gobernadora Mara Lezama Espinosa ni la presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández, emitieron mensaje alguno, video o posicionamiento en redes sociales.
Sobre esta falta de pronunciamiento público, Rodríguez enfatizó que: “ni ellas, ni la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos [Omega Istar Ponce Palomeque], nadie. Es decir, ninguna de las autoridades que se supone, por lo menos para simular. Antes por lo menos sacaban un comunicado, por lo menos había una manifestación, un pronunciamiento público, de decir que van a investigar con la debida diligencia. Pero en este caso nada, porque pues es un caso más. Ese es el mensaje de normalización y de permisividad que se envía”.

Al abordar el hecho de que el agresor era un oficial de Tránsito en activo que supuestamente utilizó una patrulla y su arma de cargo para cometer el doble feminicidio en Chetumal, Rodríguez Pedraza, quien es integrante del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) que da seguimiento a la AVGM, expuso la responsabilidad y la omisión directa de los gobiernos estatal y municipal.
“Siempre hemos insistido en la contención emocional, no sólo del personal policíaco, sino de todo el personal que lleva a cabo la prevención, investigación y sanción de la violencia… ¿Qué se ha hecho respecto al estado? Nada, pláticas ahí por encimita, no les pagan terapia, nada”.
La abogada e integrante de la colectiva Marea Verde Quintana Roo reveló casos concretos de solapamiento a policías agresores dentro de la corporación municipal de Othón P. Blanco y la policía estatal: “Tengo un policía que está condenado, tengo la sentencia por hostigamiento sexual y sigue trabajando en la policía municipal; tengo otros también que tienen una carpeta de investigación por feminicidio en grado de tentativa, justamente en esta misma semana lo reporté, sigue ahí, nadie le hace nada.
“Incluso el caso de una mujer, [que] duró 13 años en lograr una sentencia y a pesar de que logró la sentencia, ella fue la que fue expulsada de la policía porque ella también era policía, y él sigue trabajando como asesor del director jurídico de la policía Municipal en Othón P. Blanco. Y, sobre todo, los policías aprenden que el sistema normaliza la violencia, que se las permite, que se les encubre, pues por eso creen que son impunes y que pueden hacer lo que se les dé la gana”.

Asimismo, la integrante de la Red Feminista Quintanarroense criticó la falta de control en el inventario y custodia de las armas de fuego de las corporaciones policiales: “No hay un control de las armas de qué hacen cuando dejan de prestar el servicio, entonces también ahí hay varias omisiones al interior”.
Respecto a las políticas públicas que deberían ser preventivas y la actuación reactiva del grupo GEAVIG, la integrante del GIM comentó: “La verdad es que la evaluación que tenemos es negativa y sólo en los casos que se mediatizan, solo en los casos graves es que algo pasa. Todo está mal, todo este sistema está podrido, corrupto, invisibiliza las violencias, las normaliza, las permite. Ahora ya no simulan, ahora es cinismo puro lo que tienen este gobierno de Morena y estas autoridades de Morena, que entre ellas se encubren”.
Rodríguez Pedraza reprobó la falta de acompañamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVEQROO) y la indignación provocada por el velorio y sepelio conjunto de las víctimas con su agresor feminicida. “Estamos todas nosotras en las colectivas bastante lastimadas con este caso. Es muy lamentable, primero que en cuanto a verdad y memoria la misma fiscalía no haya emitido un comunicado claro. Y después esta cuestión de que los hayan sepultado o velado juntos, es muy lamentable… ¿Pero para qué sirve la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas? Si la comisionada es parte del personal del fiscal y hace lo que el fiscal le dice, pues podemos comprender por qué no han llevado a cabo ninguna acción efectiva”.
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Con relación al trato informativo de algunos medios de comunicación señaló la urgencia de la supervisión que está cargo de la Secretaría de gobierno: “Esta noticia se ha minimizado, normalizado; considero que debería ser una alerta para el gobierno en el sentido de que los medios de comunicación requieren capacitación con enfoque de derechos humanos. [Han intentado] justificar este doble feminicidio porque el señor estaba estresado, si fuera por eso, imagínese las mujeres que tenemos doble triple carga de trabajo, que nos quedamos a cargo de las hijas e hijos, que tenemos que enfrentar con pensiones minúsculas, si es que tienen tenemos pensiones, todo lo que significa la crianza, el cuidado de la protección de hijas, hijos y adolescentes, pues eso justificaría que fuéramos unas asesinas permanentemente”.
Finalmente, la abogada rechazó los intentos de justificar el crimen bajo narrativas de “estrés laboral” o “salud mental” del policía, y lanzó un llamado: “A las autoridades, a hacer su trabajo, a usar los recursos públicos, humanos y financieros para lo que realmente debería servir y no para asegurar votos o ganar elecciones… Cuando no hay respuesta del Estado, pues urge la protesta; así que si no hay respuesta, seguramente lo que habrá es protesta“.