Haidé Serrano · 17 de noviembre de 2026
Cancún.- Sofía fue víctima de violencia familiar y de un feminicidio en grado de tentativa a manos de Héctor, su pareja sentimental, a quien acusó por delitos que ponían en peligro su vida, en Cancún. La acusación fue turnada a un juez 21 meses después y Héctor, un médico anestesiólogo, fue detenido, pero un juez especializado en Violencia de desestimó los cargos.
Al mismo tiempo, Héctor denunció a Sofía por robo, extorsión y lesiones. Ella fue detenida días después de la querella durante una supuesta infracción de tránsito y al revisar la base de datos de la Policía, resultó que tenía una orden de aprehensión. Fue recluida en poco tiempo en el penal local, del que no ha logrado salir.
Marisol, su mamá, acusa por un lado la actuación del juez de control especializado Miguel Francisco Espinoza Cervera, quien dictó la no vinculación a proceso por el delito de tentativa de feminicidio que pesaba contra Héctor, peritajes y testimonios tras una audiencia de nueve horas. Por el contrario, señala Marisol, su hija permanece presa por acusaciones promovidas por el entorno de su presunto agresor. La mamá de la víctima califica la situación judicial en ambos casos como un esquema de impunidad y criminalización.
La determinación judicial generó el rechazo inmediato de la defensa y de la familia de Sofía, quienes denuncian irregularidades procesales, intencionadas y disparidad en el acceso a la justicia dentro del caso.
El fallo, aclara Marisol, se emitió pese a que en la causa penal se aportaron peritajes médicos de lesiones, valoraciones psicológicas oficiales de afectación severa y testimonios de elementos de seguridad que auxiliaron a la víctima el día de los hechos. Al resolver que “no había delito que perseguir”, el juzgador ordenó la libertad del médico.
La defensa legal de Sofía interpuso de inmediato un recurso de apelación contra la resolución, señalando que la autoridad judicial ignoró los estándares obligatorios de juzgamiento con perspectiva de género y la gravedad de las pruebas físicas y testimoniales presentadas por el .
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La agresión contra Sofía data del 25 de noviembre de 2024, en el interior de una vivienda ubicada en el Residencial Aqua, en Cancún. En la denuncia, la joven narró que durante una discusión y agresión física, se encerró en una habitación, pero el anestesiólogo utilizó un martillo para destrozar la cerradura de la puerta, rompió el teléfono celular de la joven con la misma herramienta para evitar que pidiera auxilio y la jaló del cabello por las escaleras para sacarla de la casa. Durante el ataque arrojó también a su mascota, una perra pitbull que intentó defender a la joven.
En la cochera, la acorraló contra el cofre de un auto para ahorcarla. Tres guardias de seguridad del residencial acudieron ante los llamados de vecinos y confrontaron al agresor, quien los increpó antes de huir del sitio al percatarse de que habían solicitado el arribo de la .
Aunado al ataque físico, en la acusación documentó que su pareja sentimental le suministró fentanilo y sufentanilo, sustancias a las que tiene acceso por su trabajo como anestesiólogo, en al menos tres ocasiones, bajo el engaño que se trataban sueros vitamínicos.
Dichas dosis provocaron desvanecimientos severos y pérdida de pulso en la víctima, obligando al médico a suministrarle naloxona para revertir los efectos.
Marisol , la mamá de la víctima asegura que Héctor y su hermana intentaron ofrecer dinero tanto a la empleada doméstica como al personal de vigilancia privada para evitar que declararan ante el Ministerio Público.

Al tiempo que Héctor y su familia buscaron frenar la denuncia de Sofía por feminicidio en grado de tentativa, como contraataque promovieron tres carpetas de investigación contra la joven por robo, extorsión y lesiones a una mujer embarazada.
El 15 de mayo de 2026, elementos de la policía estatal detuvieron a Sofía bajo el argumento inicial de una supuesta falta de tránsito, trasladándola de inmediato para cumplimentar mandamientos judiciales. En audiencias celebradas de forma casi inmediata en el Cereso de Cancún, la joven fue vinculada a proceso con medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Aunque la defensa logró que una magistrada revocara la vinculación relativa a la acusación por lesiones —demostrando la falsedad en la agresión a una mujer embarazada—, Sofía continúa privada de su libertad por los cargos restantes.

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Desde que su hija fue recluida, su madre, Marisol, acusa la existencia de un marcado favoritismo y presuntas influencias que han protegido al médico anestesiólogo mientras mantienen encarcelada a su hija. En entrevista con Animal Político Quintana Roo asegura que la diferencia es económica: “Sí creo que hay un favoritismo para estas personas porque también la diferencia es que ellos tienen recursos y nosotros no. Esa ha sido la gran diferencia. Sí puedo pensar que a lo mejor esa ha sido la pauta para que las carpetas de mi hija caminen más rápido, se judicializaron más rápido que la de él, que después de 21 meses se judicializó”.
La madre de la denunciante cuestiona las garantías que ofrece el sistema judicial para las graves en el estado: “Imagínense que una persona, una mujer que fue agredida y que estuvo a punto de que la mataran, tuvo que esperar 21 meses después de las quejas para que le dieran la audiencia a esta persona. ¿Qué esperamos entonces cuando seamos agredidas por alguien que cuenta con el respaldo de altos mandos del Gobierno y que cuenta con dinero? Entonces, ¿va a suceder esto, que un juez va a decir que no hay delito que perseguir? Yo quisiera saber si esto nos espera a todas las mujeres que vayamos a denunciar, porque esto me da mucho miedo, me da mucho miedo pensar que estamos a expensas de una justicia que no es para todos, que es parcial”.
A la falta de avance procesal se suma el riesgo directo sobre la vida de Sofía y la integridad de su núcleo familiar, derivado de constantes intimidaciones digitales recibidas a través de redes sociales: “La verdad es que sí tenemos miedo de las amenazas de muerte. Se los he comentado a los abogados, digo, tengo los screenshots donde le han puesto ahí que la van a matar. Tenemos miedo, sí, mi familia y yo tenemos miedo porque sabemos que somos gente común y corriente y que siento que estoy peleando contra un titán, o sea, siento que estamos peleando contra un gigante porque vuelvo a repetir, no tenemos ni los recursos ni las influencias para poder salir adelante”.
Asimismo, Marisol ha solicitado de manera reiterada una audiencia con la gobernadora de Quintana Roo Mara Lezama exponer el entramado de irregularidades: “Realmente yo lo que requiero es una audiencia con la gobernadora. Yo sé que tiene muchas cosas importantes en qué ocuparse, sin embargo, para mí, mi prioridad es mi hija y sí me gustaría que me regalara unos minutos para verla a los ojos y preguntarle si es cierto de lo que me han dicho, que mi hija tiene línea. Yo quisiera saber línea de quién y por qué, si existe un tráfico de influencias”.
