Frenan destitución de Comité de Participación Ciudadana en Quintana Roo
Verónica Fajardo · 21 de septiembre de 2026
La XVIII Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo emitió un decreto con el objetivo de destituir a los actuales integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción y renovar de manera anticipada este órgano de representación ciudadana. Sin embargo, los miembros del comité obtuvieron una suspensión ante el Juzgado Sexto de Distrito, medida que obligó a los diputados a frenar por ahora la aplicación del decreto y garantizó la continuidad del actual CPC.
La resolución judicial fue dada a conocer por Ignacio Alonso Velasco, integrante de la Red Ciudadana Anticorrupción, organización que funge como respaldo del comité y que integra a asociaciones civiles como la Red de Ciegos A. C., Mexicanos de Corazón A. C., colectivos de migrantes y grupos en situación de vulnerabilidad.
El decreto legislativo plantea la sustitución urgente de los miembros del CPC bajo dos argumentos principales: en primer lugar, un reajuste salarial, al señalar que los cinco integrantes devengan percibir un salario similar al de un Secretario de Estado; en segundo lugar, la modificación de su composición para integrar a representantes de instituciones gubernamentales como la Fiscalía Anticorrupción, la Secretaría de la Contraloría (Sefiplan), la Secretaría Ejecutiva y del órgano de transparencia, dejando únicamente dos espacios para la representación ciudadana.
Alonso Velasco explicó que, tras realizar un análisis jurídico de la iniciativa, detectó que la propuesta del Congreso promueve una renovación anticipada, modifica el régimen económico y contractual del órgano, altera las reglas de selección y fortalece las atribuciones institucionales sobre las ciudadanas.
Riesgos para la autonomía y representación ciudadana
El especialista enfatizó que la Comisión de Selección es una pieza fundamental para preservar la naturaleza ciudadana del CPC, dado que la legislación del sistema establece las bases y procedimientos para su organización y funcionamiento.
El abogado sostuvo que el punto central del debate radica en la legalidad del procedimiento: “¿Puede el legislador modificar el diseño institucional hacia el futuro y, al mismo tiempo, provocar que integrantes actualmente designados no concluyan el plazo para el que fueron nombrados? ¿Por qué no esperar a que terminen sus contratos?”. Advirtió además que, de concretarse estos cambios, se reducirá sensiblemente la participación y representación ciudadana ante los legisladores.
Los argumentos del Congreso para modificar el CPC
Por su parte, la diputada local Andrea González, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Protección Animal, sostuvo que la medida responde a que, desde la perspectiva del Congreso, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana perciben ingresos elevados en proporción con sus responsabilidades.
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La legisladora confirmó que el decreto se encuentra suspendido temporalmente mientras el Juzgado Sexto de Distrito emite un fallo definitivo, el cual determinará si se da la razón al CPC o al Congreso para proceder con la reforma y la subsecuente convocatoria para nuevos integrantes.