Diana García · 11 de noviembre de 2026
Para evitar que candidatos a cargos de elección popular promuevan “falsas promesas de campaña”, los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), María José Osorio Rosas y del Partido del Trabajo (PT), Hugo Alday Nieto, presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en Quintana Roo, para que los actores políticos “distingan” de los compromisos que pueden cumplir de aquellos donde solo pueden realizar una “gestión”.
De acuerdo con el documento, la propuesta plantea modificar los artículos 285, 396 y 397 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Quintana Roo, para obligar a los candidatos a cargos de elección popular a promover propuestas, compromisos y proyectos acordes a sus facultades, especialmente cuando se trata de contiendas a diputaciones.
En la exposición de motivos, los legisladores señalan que durante las campañas electorales es frecuente que aspirantes a diputaciones locales prometan pavimentación de calles, construcción de infraestructura, ejecución de obras públicas y entrega de apoyos sociales, pese a que estas acciones corresponden a otras autoridades.

Para atender esta situación, la iniciativa propone adicionar al artículo 285 la siguiente disposición: “Las propuestas, compromisos y planes de trabajo difundidos durante la campaña electoral deberán corresponder estrictamente al marco de atribuciones, facultades y competencias constitucionales y legales del cargo al que se postula”, precisa el documento.
Asimismo, establece que cuando una propuesta dependa de otros niveles de gobierno, poderes del Estado u organismos autónomos, deberá identificarse expresamente en la propaganda como una gestión institucional o intermediación pública, y no como una facultad de ejecución directa del cargo en disputa.
El documento contempla en las modificaciones al artículo 396 incorporar como infracción para los partidos políticos “la difusión, por cualquier medio de propaganda electoral o comunicación social, de propuestas, compromisos o planes de trabajo que atribuyan a la candidatura facultades de ejecución directa ajenas a las competencias constitucionales y legales del cargo al que se postula, omitiendo precisar de forma clara y explícita que se trata de una gestión institucional”, precisa.
El artículo 397 incluiría una disposición equivalente para las candidaturas independientes, con lo que ambas modalidades quedarían sujetas a las obligaciones propuestas.

Y aunque señala que las sanciones serán “conforme a la legislación electoral”, no puntualiza multas específicas para estas conductas, o si son equiparables para la pérdida de candidaturas. Sin embargo, sujeta a los actores a presentar informes anuales sobre sus “promesas de campaña” en el Artículo 285, para que los compromisos electorales tengan seguimiento después de las elecciones.
Es decir, el documento no establece sanciones específicas por dejar de cumplir una promesa de campaña, sino obligaciones sobre su difusión y la información que deberán presentar quienes resulten electos.
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La iniciativa fue turnada a la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. De avanzar al pleno, el dictamen sólo requiere la mayoría simple de los 25 diputados para ser aprobada por el Congreso de Quintana Roo, pero 90 días antes de que inicien las elecciones de 2027, para que el Instituto Electoral local, realice las adecuaciones reglamentarias correspondientes.
Animal Político Quintana Roo contactó a los legisladores promoventes para conocer los alcances reales de las sanciones, pero no obtuvo respuesta.