Handel Aguilar · 22 de noviembre de 2026
Integrantes de comités locales y participantes de un encuentro comunitario celebraron un acto de toma de protesta de coordinaciones municipales en el municipio de Playa del Carmen, sumándose a Tulum y Lázaro Cárdenas como municipios con representaciones ante Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA).
El objetivo de ANIPA busca que los pueblos indígenas y afromexicanos tengan el reconocimiento pleno y efectivo de sus derechos, como los vinculados a la reforma y reglamentación del artículo 2 constitucional, el cual establece que la Nación Mexicana es única, indivisible, pluricultural y multiétnica, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas y afromexicanos, así como exigir su cumplimiento mediante la organización y la lucha, en lugar de esperar concesiones.
En el contexto de los procesos electorales, los oradores indicaron que buscan hacer efectivo el derecho a la participación y representación política de los pueblos indígenas, así como denunciar o impugnar lo que denominan “simulaciones o usurpaciones” de candidaturas.

El acto se realizó en el marco del aniversario luctuoso de Jacinto Canek. Si el 19 de noviembre de 1761 su rebelión contra el dominio español marca el inicio de su movimiento, precisamente su muerte, el 14 de diciembre de ese mismo año, luego del suplicio al que fue sometido, se conmemora ahora con un evento que busca regresarles el poder a los pueblos indígenas.
En el presídium y entre los asistentes figuraron integrantes de comités y representantes locales, entre ellos Juan Carlos Cobos, quien asumió la coordinación municipal general de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía en Playa del Carmen, así como David Manances Tah Balam, Primer regidor de Tulum y Anahí Bates, representante de ANIPA en Tulum.
En su intervención, el contador Carlos de Jesús Alejandro expuso un recuento de demandas indígenas y afromexicanas a partir de los años 80 del siglo pasado: el 12 de octubre de 1992, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 1994, los Acuerdos de San Andrés de 1996 y las modificaciones constitucionales de 2001 y 2024.
“De ahí es que ahora ya lo tenemos los programas federales, que llegan directamente a nuestras comunidades, y ese creo que es un derecho sustancial que hay que retomarlo, que hay que rescatarlo si somos sujetos de derecho público con una representación política también con personalidad jurídica y patrimonio. Porque creo que ahora en el contexto del proceso electoral hay que hacer efectivo este derecho de la participación y representación política como pueblos indígenas en tanto este país tiene más del 25% de población indígena y Quintana Roo mucho más del 40%, a lo mejor me quedo corto no recuerdo bien el porcentaje de población”, expresó.

Durante la toma de protesta, Carlos de Jesús afirmó que “el 95% del poblado de Lázaro Cárdenas es indígena” y sostuvo que, por el número de población, corresponderían siete espacios en el cabildo, incluyendo encabezar la candidatura a la presidencia municipal. Asimismo, indicó que existe una población indígena del 36% al referirse a Tulum y otras localidades.
Por otra parte, respecto a los foros de consulta sobre derechos indígenas, Carlos de Jesús Alejandro señaló que entre 2019 y 2021 se efectuaron 54 foros en el país convocados por el gobierno federal sobre el derecho a la consulta, donde se discutieron 16 derechos y se integró una propuesta de reforma a 15 artículos constitucionales, entregada en septiembre de 2021 en Vícam, Sonora, y enviada al Congreso el 5 de febrero de 2024 con énfasis en el artículo 2 constitucional.
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A lo largo de la reunión, los participantes indicaron que la articulación de coordinaciones en Playa del Carmen, Tulum y Lázaro Cárdenas forma parte de un esfuerzo de organización local y regional. Mencionaron también a la Coordinadora de Organizaciones y Pueblos Indígenas de México, constituida tres años antes del pronunciamiento.
Por último, plantearon vigilar el ejercicio de los derechos de representación política frente a lo que los oradores denominaron simulaciones o usurpaciones de candidaturas indígenas en procesos electorales, sobre todo con el proceso 2027 a las puertas de Quintana Roo y el resto del país.