Redacción Animal Político · 18 de septiembre de 2025
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunció este jueves la aplicación de un bloqueo administrativo contra siete personas físicas y quince empresas, identificadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como presuntos integrantes de una red delictiva dedicada al lavado de dinero.
De acuerdo con el comunicado de Hacienda, la medida se deriva de la designación realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés), que en días recientes incluyó a estas personas y compañías en sus listas de sancionados.
El objetivo del bloqueo, sigue el documento, es evitar que recursos de procedencia ilícita se introduzcan o se dispersen en la economía nacional.
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La UIF indicó que se trata de una acción de carácter preventivo y no de una determinación judicial, por lo que “no prejuzga la responsabilidad penal de los señalados sin elementos probatorios”.
La dependencia indicó además que realizará un análisis de la información financiera relacionada con los sujetos designados y que, en caso de encontrar indicios de actividades ilícitas, dará vista inmediata a la Fiscalía General de la República.
El anuncio ocurre en el marco de la visita a la Ciudad de México de John K. Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro estadounidense, quien este jueves sostendrá reuniones con autoridades del gobierno federal y con representantes del sector financiero.

Se trata de su primera visita internacional desde que asumió el cargo, y tiene como propósito reforzar la estrategia bilateral contra el financiamiento ilícito, el narcotráfico y las operaciones de los cárteles.
En un comunicado publicado este miércoles por el Departamento del Tesoro, Hurley destacó la colaboración con México y aseguró que el gobierno de Estados Unidos “no permitirá que los cárteles tengan acceso al sistema financiero estadounidense”.
La decisión de la UIF se inscribe además en un contexto de creciente presión financiera por parte de Washington contra los grupos criminales mexicanos y las redes que los apoyan.
El 25 de junio, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) sancionó a tres instituciones mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector— por presunto lavado de dinero vinculado con el tráfico de opioides, especialmente fentanilo. La medida prohibió a los bancos estadounidenses realizar transferencias hacia o desde esas entidades, incluidas sus cuentas de criptomonedas.
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El 13 de agosto, la OFAC sancionó a cuatro personas y 13 empresas acusadas de operar fraudes de tiempo compartido en Puerto Vallarta bajo la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, esas estafas perjudicaron a más de seis mil ciudadanos de Estados Unidos, quienes reportaron pérdidas cercanas a los 300 millones de dólares entre 2019 y 2023.
Un día después, el 14 de agosto, el Tesoro amplió sus sanciones contra líderes y miembros de Cárteles Unidos y Los Viagras, organizaciones a las que se atribuyen actividades de narcotráfico, extorsión al sector agrícola y actos de violencia contra civiles y autoridades mexicanas. Entre los señalados figuraron Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, y Luis Enrique Barragán Chávez, conocido como “Wicho”, acusados de homicidios, secuestros y del reclutamiento de mercenarios extranjeros.