Sheinbaum alista reformas para evitar desbloqueo de cuentas tras caso Gómez Mont

La presidenta Claudia Sheinbaum alista reformas para evitar que jueces puedan otorgar suspensiones para descongelar cuentas bancarias ligadas a lavado de dinero, luego de que esto pasara con el caso que involucra a la conductora de televisión, Inés Gómez Mont y a su esposo, Víctor Álvarez Puga. 

Durante su conferencia matutina, la mandataria precisó que se trata de modificaciones a la Ley de Amparo en las que ya trabaja la consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, y que presentará pronto junto con cambios a la leyes de procedimiento enfocados en acelerar la temporalidad de los juicios.

Según explicó, las cuentas de Gómez Mont y Álvarez Puga, cuyo monto asciende a los 35 mil millones de pesos, fueron descongeladas tras obtener una suspensión judicial y sin que el asunto se resolviera en un juicio de fondo, por lo que sus modificaciones buscarán que esto no vuelva a ocurrir. 

“En todo caso tiene que haber un juicio de fondo para demostrar que deben ser liberados los recursos por una mala interpretación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), no una primera suspensión para liberar los recursos”, sostuvo.

El 26 de marzo, Inés Gómez Mont y el empresario Víctor Álvarez Puga recuperaron sus cuentas bancarias, luego de que magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ordenaron a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) quitarlos de su “Lista de Personas Bloqueadas”.

En noviembre de 2023 un juez de distrito ya había otorgado un amparo a los esposos en contra del congelamiento de sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito, por lo que el Tribunal Colegiado ratificó esa resolución y declaró infundado el recurso de revisión presentado por la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de dicha sentencia.

Ambos están acusados por los delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal. Actualmente se encuentran en Estados Unidos evadiendo la justicia mexicana. 

Lee: EU sanciona a presuntos operadores del Cártel de Sinaloa involucrados en una red de lavado de dinero.

Al respecto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, detalló que tanto Inés Gómez Mont como Víctor Álvarez Puga fueron acusados de una serie de fraudes en el sistema de prisiones. 

“Se cometieron una serie de falsas obras, ganaron mucho dinero ahí, en ese lugar, de tal manera que pues la justicia los empezó a perseguir cuando las cosas cambiaron y entonces se fueron a vivir a Estados Unidos. Han podido eludir la extradición de Estados Unidos a México hasta este momento”, precisó. 

El funcionario espera que las cosas cambien para que ambos sean extraditados y enfrenten su responsabilidad ante los tribunales mexicanos. 

Por lo pronto, señaló, podrán realizar operaciones sin ninguna restricción en el sistema financiero tras la decisión del Poder Judicial que como a ellos, acusó, ha beneficiado a cientos de personas en la misma situación. 

🔴Pablo Gómez, titular de UIF, informó que Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga fueron eliminados de la lista de personas bloqueadas por una orden judicial, lo que les permitirá hacer uso del sistema financiero nacional sin ninguna restricción, pese a ordenes de aprehensión en… pic.twitter.com/tI36fpkjjf

— Animal Político (@Pajaropolitico) April 1, 2025

Sheinbaum acusa corrupción del Poder Judicial 

Al abordar el caso, Sheinbaum acusó “corrupción y colusión” de jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con personas acusadas de lavado de dinero.

“Cuando se demuestra que hay lavado de dinero sea por corrupción, o sea delito de cuello blanco de algún tipo o por delincuencia organizada, y resulta que se liberan las cuentas para que se siga usando el recurso pues no tiene otro nombre se llama corrupción“, sostuvo. 

En tanto, Pablo Gómez señaló que las suspensiones otorgadas por los jueces para descongelar cuentas bancarias se han convertido en un instrumento para “acabar” con la “Lista de Personas Bloqueadas”, así como con su efectividad. 

Según cifras de la UIF, de diciembre de 2018 a marzo de 2025 ha bloqueado un total de 32 mil 531 millones 158 mil 722 pesos, de los cuales 23 mil 575 millones 925 mil 786 han sido desbloqueados por resolución judicial. Mientras que poco más de 5 mil millones 61 mil pesos y 82 millones 470 mil pesos han sido desbloqueados por resolución de la propia UIF o del Tribunal Contencioso Administrativo, respectivamente.

Te puede interesar: El entramado de bandas chinas que el Cártel de Sinaloa usa para lavar dinero en EU.

Pablo Gómez señaló que una interpretación de la Segunda Sala de la Suprema Corte ha permitido que las personas juzgadoras puedan ordenar que los sujetos presuntamente involucrados en lavado de dinero sean desincorporados de la lista con tan sólo una suspensión provisional y no definitiva.

“Esto no puede ser producto más que de estructuras de corrupción“, dijo al respecto. “Nada de ese de ese tamaño es gratuito en ninguna parte del mundo, no, una cosa es el error judicial con la mala interpretación de las leyes que hacen los jueces, otra que todos los jueces caminan con la inmensa mayoría de ellos, mejor dicho caminan por el mismo sendero” agregó. 

Asimismo, indicó que hace tres años la UIF hizo una matriz de riesgo del Poder Judicial y ha presentado quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) relacionadas con las acciones de funcionarios judiciales, jueces y secretarios, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta.

“De verdad, lo digo así dramáticamente, las cosas están tan mal, están en vías de cambiar, pero todavía tenemos el esquema, mucha gente percibió que el cambio del Poder Judicial era indispensable, era un complemento a todos los cambios que se habían hecho”, dijo en referencia a la reforma en la materia.

Además de las modificaciones que prepara el gobierno de Sheinbaum para evitar esta situación, el funcionario espera que en este periodo de sesiones el Senado resuelva los cambios propuestos a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, también conocida como Ley ORPI, y a una parte del Código Penal Federal, cuyo propósito es darle al gobierno la capacidad de representar al sistema financiero como ofendido en los juicios de lavado de dinero.