Redacción Animal Político · 28 de octubre de 2025
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se espera que el empresario Víctor Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, quien se encuentra en un centro de detención en Miami, sea extraditado a México.
En conferencia de prensa, la mandataria fue cuestionada por la información que posee el gobierno federal respecto a la detención del empresario acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal.
En ese sentido, Sheinbaum dijo que espera detalles completos sobre el caso de Álvarez Puga por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), pero adelantó que se espera que sea extraditado a México.
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“Estamos esperando toda la información de la fiscalía, lo pregunté hoy en la mañana en el gabinete de seguridad y espero que unas horas podamos tener toda la información. La idea es que se envíe a México”, sentenció durante su conferencia matutina.
🚨La presidenta @Claudiashein informó que se espera la extradición a México de Víctor Álvarez Puga, acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal.
Dijo que el Gabinete de Seguridad dará más detalles en las próximas horas. pic.twitter.com/CLdCBqnAK0
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Respecto a la situación de la conductora Inés Gómez Mont, la presidenta reiteró que esperará “la última información de la fiscalía” para conocer exactamente qué se está solicitando.
El lunes 27 de octubre se dio a conocer que el empresario Álvarez Puga se encontraba en el centro de detención Krome North SPC en Miami, Florida, de acuerdo con el registro del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
En 2019, la FGR inició las carpetas de investigación en contra de Inés Gómez Mont y de su esposo, así como de otras cinco personas identificadas como Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R” y siete empresas, de los cuales tres están recluidos en centros federales de justicia penal.
“Todas estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos”, informó la Fiscalía.
Por este motivo fueron liberadas fichas rojas en contra de los presuntos implicados, quienes huyeron del país.
De acuerdo con las investigaciones para cometer los ilícitos antes mencionados, los presuntos implicados llevaron a cabo diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales por internet para encubrir “operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban”.
En total, la Fiscalía General de la República acreditó que la conductora recibió depósitos por 14 millones 843 mil 816 pesos, que equivalen al 0.5 % de los más de 2 mil 500 millones presuntamente desviados. En el caso de su esposo, Álvarez Puga, la dependencia federal acreditó operaciones por menos de 250 mil pesos.
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En abril de 2023, un tribunal federal invalidó la orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont Arena por el supuesto delito de defraudación fiscal.
Con esta resolución, el Sexto Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México ordenó al juez reponer la audiencia del año 2021 en la que el Ministerio Público Federal solicitó emitir la orden de captura contra Gómez Mont.

El pasado mes de marzo, magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Administración ordenaron a la Unidad de Inteligencia Financiera (UF) retirar a ambos de su “Lista de Personas Bloqueadas”, por lo que la conductora y Álvarez Puga recuperaron sus cuentas bancarias, aunque se mantenía la orden de aprehensión en su contra.
De acuerdo con un comunicado emitido por la UIF, el 4 de marzo de 2025 se giraron instrucciones para que se reanudaran los servicios financieros a la pareja.
Días después, el 1 de abril, la presidenta Sheinbaum informó que alistaba reformas para evitar que jueces pudieran otorgar suspensiones para descongelar cuentas bancarias ligadas a lavado de dinero, luego de que pasara eso con el caso de Gómez Mont y Álvarez Puga.