Sheinbaum sobre crisis en Paraguay: “Tiene que haber separación entre el poder económico y político”
Animal Político · 6 de noviembre de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este viernes que debe existir una separación entre el poder económico y el político, al referirse a la crisis bancaria e institucional que enfrenta Paraguay y al juicio político contra su presidente, Santiago Peña, por el escándalo de Ueno Bank, entidad de la que fue accionista hasta finales de marzo de 2025.
Durante su conferencia matutina, la mandataria precisó que su gobierno recabaría más información antes de emitir una opinión más amplia sobre la situación en ese país.
“Nosotros siempre hemos dicho que tiene que haber separación entre el poder económico y el poder político. Cada uno su parte”, sostuvo Sheinbaum.
La presidenta afirmó que en México existió durante 36 años una relación estrecha entre ambos poderes, en referencia al periodo de gobiernos neoliberales, y contrastó esa etapa con el principio de separación que, dijo, debe prevalecer entre los intereses económicos y las decisiones políticas.
“Fueron 36 años del vínculo total”, expresó.
Intervención bancaria y dimisiones
Las declaraciones de Sheinbaum ocurren mientras el Congreso de Paraguay avanza en el proceso para destituir a Peña, quien enfrenta cuestionamientos por su relación previa con el grupo empresarial que controlaba Ueno Bank.
La crisis en Paraguay comenzó el martes, cuando el Banco Central intervino Ueno Bank por problemas de solvencia. La medida provocó el congelamiento de las cuentas de alrededor de tres millones de clientes, casi la mitad de la población del país, además de afectar fondos públicos depositados en la institución financiera.
Peña, quien asumió la presidencia en 2023 para un mandato que debía concluir en 2028, tenía acciones de un grupo empresarial que controlaba el banco, de las cuales se desprendió el año pasado.
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El escándalo derivó en una crisis política que alcanzó al Banco Central y al gabinete presidencial. Su presidente, Carlos Carvallo, presentó su renuncia, mientras que el ministro del Interior, Enrique Riera, dejó el cargo el jueves.
Además, la Fiscalía General de Paraguay abrió una investigación penal contra Peña por hechos relacionados con la supervisión y resolución de Ueno Bank, así como por la colocación de fondos públicos en esa entidad. Como parte de las investigaciones judiciales, ocho directivos del banco fueron detenidos.
Tensión en las calles y dimisión frustrada
Ante el impacto de la intervención financiera, Peña promulgó una ley que estableció un plazo máximo de cinco días hábiles para devolver a los depositantes la mayor parte de sus fondos. Sin embargo, la medida no consiguió contener las protestas ni las exigencias de responsabilidades políticas por el caso.
Miles de personas se manifestaron durante los últimos días en Asunción, incluso frente al Congreso, para exigir la devolución de sus ahorros y la destitución del mandatario. Las movilizaciones del jueves fueron dispersadas por las fuerzas de seguridad con camiones hidrantes y gases lacrimógenos.
En medio de las protestas y las investigaciones, Peña anunció el jueves su renuncia a la presidencia; sin embargo, el Congreso no pudo pronunciarse sobre su dimisión por falta de quórum, por lo que el mandatario continuó siendo jefe de Estado.
Juicio político en marcha
La renuncia también generó cuestionamientos debido a sus posibles consecuencias legales. De acuerdo con constitucionalistas y legisladores citados en la información sobre el caso, si el Congreso aceptaba su dimisión, Peña adquiriría la condición de senador vitalicio y, con ello, inmunidad parlamentaria, lo que podría evitar que enfrentara el juicio político.
La Cámara de Diputados aprobó la apertura del juicio político con los votos de los 78 legisladores presentes, incluidos integrantes de su propio partido, el Partido Colorado. En contraste, rechazó iniciar un procedimiento similar contra el vicepresidente Pedro Alliana, quien podría sucederlo en caso de que Peña fuera destituido.
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Este viernes, el Senado paraguayo rechazó la solicitud del presidente de aplazar 72 horas el inicio del juicio político para preparar su defensa, por lo que los legisladores quedaron en condiciones de debatir su destitución, que podría concretarse durante la noche.
“Se rechaza el tiempo de prórroga, se le va a comunicar al presidente de la república y se le convoca”, informó el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez.
Con información de AFP.