Senadores de oposición pedirán a la Corte aclarar los efectos de su sentencia contra el “plan B”
Mauricio Torres · 10 de mayo de 2023
El bloque de senadores de oposición que presentó una acción de inconstitucionalidad contra el primer decreto del “plan B”, y que logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara ese paquete de reformas electorales, pedirá al máximo tribunal del país que aclare los efectos de su sentencia, a fin de que especifique qué normas quedarán vigentes en lugar de las que fueron anuladas y se establezcan límites a los funcionarios públicos.
El primer decreto del “plan B” incluía cambios a las leyes de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas que permitían a los servidores públicos expresarse sin restricciones durante procesos electorales, puesto que —bajo esa norma— sus dichos no eran considerados propaganda gubernamental. Sin embargo, la SCJN anuló tales modificaciones tras concluir que fueron aprobadas con violaciones al procedimiento legislativo.
Germán Martínez Cázares, senador del Grupo Plural, informó en entrevista que el bloque de oposición que promovió la acción de inconstitucionalidad ahora presentará a la SCJN un recurso para que haga explícito que la Ley General de Comunicación Social que estará vigente será la que existía antes de la que fue invalidada este lunes. Con ello, los legisladores buscan evitar que funcionarios públicos se expresen a favor de partidos o candidatos.
“Es un incidente de aclaración de sentencia, para que (las y los ministros) aclaren los efectos de la sentencia. Lo que busco es lo que los abogados conocen como reviviscencia. Esto quiere decir revivir la ley anterior”, dijo Martínez Cázares.
“Eso hace falta para que quede regulada la propaganda electoral y queden regulados los tiempos de campaña y que los funcionarios no se puedan meter a hacer propaganda electoral, que quede regulado como estaba antes”, añadió.
Los senadores de oposición tienen tres días para presentar el recurso a partir de la notificación de la sentencia. A su vez, la SCJN tiene tres días para resolver, de acuerdo con el artículo 224 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Desde la tarde del lunes, la anulación del primer decreto “plan B” ha sido criticada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y por su partido, Morena, quienes acusan a la SCJN de querer “sustituir” al Poder Legislativo y ser contraria a la llamada “cuarta transformación”.
La SCJN aún debe discutir y votar las impugnaciones contra el segundo decreto del “plan B”, que contiene reformas a las leyes de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos y del Poder Judicial, así como una nueva Ley de Medios de Impugnación.
Abogados consultados por Animal Político consideraron que, con el antecedente de la invalidación del primer decreto, lo más probable es que el máximo tribunal también anule el segundo porque se aprobó en las mismas condiciones que una mayoría de ministras y ministros estimó violatorias del procedimiento legislativo.
Más aún, Martínez Cázares afirmó que la primera resolución sobre el “plan B” marca el camino para la eventual anulación de las más de 10 reformas que fueron aprobadas por el Senado y enviadas a promulgar entre la noche del viernes 28 de abril y la madrugada del sábado 29.
“Después de este procedimiento está más fácil, tienen una sentencia de muerte esas normas”, dijo el senador, bajo el argumento de que esas modificaciones también fueron aprobadas mediante procedimientos legislativos que la oposición tacha de viciados, puesto que la sesión ocurrió en una sede alterna, de madrugada y cada tema se procesó de forma exprés.
En contraste, Morena sostiene que el proceso se desarrolló con apego al reglamento del Senado y a lo largo de los últimos días ha difundido cronologías con datos sobre el transcurso del encuentro, el quorum y las votaciones.
Algunos de los temas que se aprobaron esa noche fueron la nueva ley de ciencia, la reforma para destinar el 80% de los ingresos por impuestos cobrados a turistas extranjeros a grandes proyectos turísticos y de infraestructura administrados por el Ejército, y la desaparición de Financiera Rural y del Instituto de Salud para el Bienestar.
La semana pasada, el gobierno federal comenzó a publicar esas normas en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Una vez publicadas, los legisladores de oposición que quieran impugnarlas tienen 30 días a partir de esa fecha para presentar sus acciones de inconstitucionalidad.