Andro Aguilar · 27 de junio de 2025
El Senado aprobó la reforma en materia de desaparecidos que mantiene como uno de sus puntos centrales la obligatoriedad de que la información personal y los datos biométricos de toda la población estén disponibles para ser consultados por las autoridades de seguridad y fiscalías en todo país.
Los legisladores acordaron votar por separado las dos propuestas incluidas en la reforma. Así, el primer caso contempló los cambios a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Morena, PAN, PT, Partido Verde y Movimiento Ciudadano sumaron 89 votos, y el PRI lo rechazó con 14 votos.
Minutos después los legisladores votaron los cambios contemplados en la Ley General de Población, cuyo principal cambio es la incorporación de los datos biométricos de la población en la Clave Única de Registro de Población, que sería la identificación oficial en todo el país. Los votos a favor de Morena, PT y Partido Verde sumaron 69. El PRI y el PAN lo rechazaron con 28 votos, mientras que los cuatro votos de Movimiento Ciudadano fueron en abstención.
La reforma será enviada a la Cámara de Diputados para que sea discutida y votada a más tardar el 2 de julio, cuando termina el periodo extraordinario en el Congreso.
Los cambios que rechazó la oposición en la Ley General de Población establecen que la Clave Única de registro de Población, CURP, con huellas dactilares y fotografía sea el documento nacional de identificación obligatoria en todo el territorio mexicano, en formatos físico y digital. Entes públicos y privados estarán obligados a solicitarla para trámites y servicios.
La Secretaría de Gobernación integrará a las CURP los datos biométricos de las personas y establecerá el Programa de Integración al Registro Nacional de Población de la información de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, la CURP que cuente con los datos biométricos podrá vincularse con el Registro del Sistema Nacional de Salud.
Otro de los ejes de la reforma es la creación de la Plataforma Única de Identidad, que conectaría diversas bases de datos, como el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
A esa Plataforma Única podrán acceder las fiscalías y comisiones de búsqueda, nacionales y estatales, para consultar información sobre personas desaparecidas. Otra modificación es que autoridades y particulares permitan que fiscalías y autoridades de seguridad tengan acceso irrestricto a la consulta de los datos que tengan de la ciudadanía.

Los servicios periciales y servicios forenses federales y estatales con cuerpos en resguardo o restos humanos no identificados deben practicar pruebas de huellas dactilares y genéticas para su identificación, así como registrar los resultados en el Banco Nacional de Datos Forenses en un plazo no mayor a tres días.
Puedes leer: Al menos 141 casos de desapariciones forzadas desde 2018 contradicen a Morena en su polémica con ONU
La reforma incluye también el reconocimiento de las figuras de familia y nombre social en beneficio de las personas desaparecidas en situación de calle y pertenecientes a poblaciones LGBTQ+, así como el derecho de las familias a hacer peticiones en procesos de identificación humana y la delimitación de protocolos para la operación de la Plataforma Única.
Desde su envío inicial en marzo, la reforma fue nutrida por una mínima parte de las observaciones de familiares de víctimas (30 de 570 propuestas) y sin que el Congreso haya abierto el parlamento abierto solicitado por colectivos y familiares de víctimas de desaparición.
Este viernes, los legisladores aceptaron una única reserva por parte de la senadora Margarita Valdés para precisar que 90 días después de que entre en vigor la reforma, la Presidencia de la República deberá emitir el reglamento de la ley.
La senadora Margarita Valdés, presidenta de la Comisión de Gobernación, llamó al pleno a no regatear su voto la aprobación de la iniciativa.
“Éste es un dictamen que ya se discutió por todas y cada una de sus bancadas, ya dieron sus argumentos. Y esos son los argumentos que le tienen miedo a la iniciativa, que nos van a espiar, que nos van a controlar, que a través del teléfono van a saber a los hoteles que nos metemos. No seamos mezquinos, démosle al pueblo de México una muestra de solidaridad, una muestra de amor, una muestra de que sus senadores y sus senadoras sirven para algo”, les dijo.
Sigue leyendo: “Las desapariciones son crimen del Estado”, dicen madres buscadoras y colectivos
En tanto, la priista Karla Toledo acusó al gobierno federal de no intentar buscar justicia ni responde a las solicitudes de las madres buscadoras, sino que busca crear un instrumento de control con huellas digitales y reconocimiento facial.

“Lo que necesitan las y los mexicanos es una estrategia real de búsqueda, policías capacitados, fiscalías que investiguen, forenses con equipos y comisiones de búsquedas que verdaderamente funcionen y tengan presupuesto suficiente”.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, celebró la creación de la Plataforma Única y los cambios en los procesos forenses para la identificación de cuerpos. Sin embargo, reiteró el rechazo a la CURP biométrica por el riesgo en la protección de datos personales.
“Es cierto, necesitamos instrumentos para que el gobierno, para que el Estado mexicano haga su trabajo, pero no a costa de los derechos y de la invasión a la privacidad de las personas en este país”.
Te puede interesar: En 9 años, 66 mil casos de personas desaparecidas en México y sólo 373 condenas contra responsable