Andro Aguilar · 17 de marzo de 2026
El Senado recibió el llamado Plan B electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, que incluye que la consulta de su revocación de mandato pueda realizarse el mismo día de las elecciones de 2027. La iniciativa de reforma plantea además ajustar el número de regidurías y sindicaturas en los municipios, topar salarios de funcionarios electorales y los presupuestos estatales, así como disminuir de forma gradual el presupuesto en la propia Cámara alta.
En la iniciativa de reforma constitucional destacó que no incluye la posibilidad de someter a una consulta ciudadana los temas electorales, que había anunciado la propia mandataria en días previos.
El Plan B presidencial fue entregado a la Mesa Directiva del Senado por parte del enlace de Gobernación con el Congreso de la Unión, Juan Ramiro Robledo Ruiz.
Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, adelantó que el llamado Plan B impulsado por la presidenta no será aprobado vía rápida (fast-track); sin embargo, estimó que sí sea votado antes del inicio de Semana Santa, una vez que se cumpla con el proceso legislativo ordinario en la Cámara alta, es decir, antes del domingo 29 de marzo.
El también coordinador de los senadores de Morena dijo que los ejes centrales de la reforma buscan dar seguimiento a una política de austeridad, con lo que se propone ajustar los presupuestos que tienen como unidad de medida diputados en los congresos locales y reducir de manera proporcional al número de habitantes la integración de cabildos y órganos municipales.

Mier avaló la reducción que está prevista en el Senado: “Al ser la Cámara de origen debemos ser consistentes, debemos ser congruentes y el buen juez por casa empieza”.
El morenista aclaró que el número de integrantes de los congresos estatales no se reducirá, porque eso corresponde a cada entidad.
El líder morenista evitó responder si están garantizados los votos requeridos de dos terceras partes para cambiar la Constitución. Sin embargo, dijo, trabajarán para sensibilizar a los legisladores, incluidos los de su propia coalición, como Luis Armando Melgar, del Partido Verde Ecologista de México.
“Vamos a hacer todo el trabajo político de sensibilización sobre las bondades, respetamos las reglas. Una mayoría no puede aplastar un sistema estructurado por muchas décadas”.
Con el número total de sus integrantes, Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo sumarían 87 votos, con lo que alcanzan la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución (86), como propone la iniciativa presidencial.
El fin de semana pasado, las dirigencias de Morena, el PVEM y el PT anunciaron un “respaldo total al plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La iniciativa de reforma constitucional que fue entregada en el Senado propone una reducción de hasta 15 regidurías y una sindicatura en los gobiernos municipales. Asimismo, los Congresos locales tendrán un tope presupuestal del .70% del Presupuesto de Egresos de cada entidad.
En la modificación constitucional se plantea que el Senado reducirá su gasto de manera progresiva hasta llegar a un 15%.
Uno de los principales puntos es que la revocación de mandato se realice el primer domingo de junio, del tercer o cuarto año de gobierno, por lo que podría realizarse el mismo día de las elecciones del proceso de 2027.
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La iniciativa también permite que la persona sujeta a revocación pueda difundir el proceso y promover el voto a su favor.
La propuesta de la presidenta dejó fuera de los cambios constitucionales lo referente a las consultas populares que, de acuerdo con lo que había anunciado tras la fallida reforma electoral en semanas previas, permitiría que la ciudadanía decidiera lo referente a temas electorales.
La propuesta, sin embargo, quedó fuera de lo planteado debido a desacuerdos con los partidos aliados de Morena —PT y PVEM—, según informó el coordinador morenista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.
La presidenta también propone cambios a las leyes generales que pueden ser aprobados por mayoría simple, es decir la mitad más uno de los legisladores, lo que podría realizar sólo con los 67 integrantes de Morena en el Senado.
Entre las modificaciones a las la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y Ley General de Partidos Políticos está que los funcionarios del Instituto Nacional Electoral, de los tribunales locales y de los Órganos Electorales de los estados no podrán ganar más que la titular del Ejecutivo y no tendrán bonos, seguros de gastos médicos mayores e ingresos adicionales.
Se señala que el inicio de los cómputos de la elección federal ocurrirá con la llegada del primer paquete electoral y no el miércoles siguiente.
Sobre el uso de recursos públicos, la propuesta incluye formalizar convenios con autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera, para fiscalizar tanto a partidos como a candidatos. Además de que las remuneraciones de los dirigentes de partidos sean transparentadas.
También, se propone la obligación de los partidos de reportar sus operaciones financieras en tiempo real, mediante el sistema bancarizado.
Además de la prohibición de recursos ilícitos o de origen no comprobable en las campañas y la prohibición de recursos provenientes del extranjero y de aportaciones en efectivo.
En tanto, el PRI en el Senado adelantó su rechazo a la propuesta. El coordinador de esa bancada, Manuel Añorve, reiteró que, como ocurrió en la fallida reforma electoral propuesta por la presidente Claudia Sheinbaum y rechaza en la Cámara de Diputados, la nueva iniciativa busca la concentración del poder.
“¿Qué es lo que quiere Morena?, obviamente disminuir y callar al INE, quiere en los municipios disminuir lo que es la representación proporcional para cuidar todos los municipios o la mayoría de los municipios que ellos gobiernan, disminuir las voces de fiscalización que se requiere obviamente de los equilibrios en los municipios. Pero lo más grave, quiere Morena por la parte de atrás que la presidenta aparezca en la boleta en el 2027. No hay que darle vueltas”, dijo el senador del PRI.

El dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, destacó que su partido no fijará una postura definitiva hasta conocer el contenido de la iniciativa formal, pero adelantó que no acompañarán la propuesta de revocación de mandato incluida en la propuesta.
“Movimiento Ciudadano no va a buscar la revocación de mandato de la presidenta de México, que nos parece una mala idea adelantar esta discusión, que costó mucho que llegara la primera mujer presidenta a la Presidencia de la República en México y que sería un contrasentido intentar que hubiera una revocación de mandato para esa primera mujer presidenta.
El político destacó el riesgo de colocar en la agenda la discusión de la permanencia de la mandataria en medio de la discusión internacional sobre la revisión del T-MEC y la relación con Estados Unidos.
El dirigente, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de construir acuerdos respecto a lo relacionado con la reducción de privilegios y gastos en el sistema electoral.