Andro Aguilar · 15 de octubre de 2025
El Senado ratificó a las cinco personas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum para ocupar por 15 años las magistraturas vacantes de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Fueron 82 votos a favor, 34 en contra y una abstención.
Representantes de la oposición criticaron la cercanía de los perfiles con los gobiernos de la capital y federal, así como con el partido Morena; advirtieron que las designaciones responden a lealtad política y no a independencia jurídica.
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Entre las cinco personas ratificadas se encuentran José Ramón Amieva Gálvez, quien fue jefe de Gobierno sustituto en Ciudad de México llegó a la alcaldía de Mixquiahuala, Hidalgo, como abanderado de Morena; así como Eduardo Santillán Pérez, exrepresentante de Morena ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México y excandidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propuesto por el Ejecutivo federal.

También fueron ratificadas Ariadna Camacho Contreras, quien contendió por una Magistratura del Tribunal de Disciplina Judicial el pasado 1 de junio, Selene Cruz Alcalá, quien también buscó ser ministra de la SCJN —ambas propuestas por el Ejecutivo federal—, y Ludmila Valentina Albarrán Acuña, quien ocupó una Magistratura de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
Entre las funciones principales de la Sala Superior del TFJA están resolver de forma definitiva los juicios en materia fiscal y administrativa, así como emitir jurisprudencia para unificar criterios y determinar la jurisdicción de las salas regionales. Esta Sala venía operando con 11 de los 16 funcionarios que la deberían conformar.
Las nuevas magistradas comparecieron esta mañana ante comisiones unidas del Senado y más tarde fueron ratificadas en el pleno.
El senador Miguel Ángel Yunes Márquez, de la bancada de Morena, llamó a respaldar las propuestas aprobadas unas horas antes.
“Los perfiles que aprobamos en Comisiones Unidas cumplen con los requisitos de idoneidad, legales y técnicos, y demuestran el compromiso de la titular del Ejecutivo Federal de brindar los mejores perfiles para la administración de justicia”.
La priista Claudia Anaya criticó que los aspirantes no cuentan con buena reputación, que es uno de los requisitos, además de ser parte del grupo político al frente de los gobiernos de la capital en las últimas décadas.
“Todos ellos provienen de un mismo grupo político, del grupo político que ha gobernado la capital de este país por los últimos 30 años, e incluso, cuando a alguno de ellos se les preguntó por su militancia partidaria, dijo que él no negaba la cruz de su parroquia. Eso habla no solamente del descaro de ustedes, sino del cinismo de ellos de decir Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial son de un mismo grupo político, no hay división de poderes en este país”.

El panista Raymundo Bolaños señaló que si bien no cuestionan la trayectoria profesional de los ahora magistrados, sí la poca posibilidad que tienen de ser imparciales.
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“Lo que estos perfiles les garantizan los siguientes 15 años es una sala superior predecible, predeciblemente parcial en favor del gobierno, desproporcional y que la única verdad jurídica que va a defender es la que dicten desde Palacio Nacional, la que defienda al régimen y sus funcionarios, la que les dé justicia y gracia, y al resto de México, en el mejor de los casos, la ley a secas”.
Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, acusó que los nombramientos son parte de una estrategia gubernamental para controlar los órganos jurisdiccionales.