Senado cita a Maru Campos a explicar la presencia de dos agentes de la CIA en Chihuahua
Andro Aguilar · 22 de abril de 2026
El Senado de la República formalizó el llamado a que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y el fiscal general de esa entidad, César Jáuregui, acudan a esa Cámara para explicar la participación de agentes estadounidenses en un operativo de seguridad en esa entidad.
Luego de tres horas de discusión y debate entre la coalición encabezada por Morena y el PAN, los representantes de esos grupos parlamentarios votaron igual. A mano alzada, el Senado acordó invitar a la mandataria y al fiscal de Chihuahua a una reunión de trabajo para el martes 28 de abril a la que, sin embargo, tienen la libertad de no asistir.
Si bien los votos de Morena y el PAN fueron en el mismo sentido, la diferencia se centró en los argumentos. Los legisladores de Morena destacaron la necesidad de que la gobernadora rinda cuentas por el operativo en que presuntamente participaron extranjeros sin el conocimiento del gobierno federal, por lo que apelaron en diversas ocasiones a la soberanía nacional. Los representantes del PAN centraron sus argumentos en que el operativo fue para combatir al crimen y aprovecharon para ensalzar a la gobernadora extraída de su partido por el combate a la delincuencia.
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¿Qué pasó en Chihuahua?
El punto de acuerdo fue presentado el martes 21 de abril por el morenista Juan Carlos Loera de la Rosa, luego de que el fin de semana pasado, el gobierno de Chihuahua informó que los dos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos murieron en un accidente automovilístico.
La primera versión del fiscal general de esa entidad, César Jáuregui, fue que las víctimas participaban en un operativo contra un laboratorio de drogas. Después dijo que los extranjeros solo daban capacitación en el manejo de drones y que coincidieron con los agentes mexicanos porque pidieron “un aventón” para ser trasladados rumbo al aeropuerto.
En un mensaje posterior, la gobernadora señaló que se trata de un operativo realizado por la Fiscalía General del Estado en coordinación con el Ejército mexicano. Evitó dar detalles sobre el operativo, aseguró que la dependencia ya está preparando un informe. Añadió que solicitó ya una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Si no asisten, no habrá sanción
En la presentación del dictamen, el morenista Óscar Cantón Zetina, al presentar el dictamen, advirtió que si los funcionarios no asisten no serán sancionados por el Senado, pero advirtió que pueden hacerlo otras dependencias.
“Este punto de acuerdo no significa sanción alguna. Si la invitación es declinada, no prejuzga ninguna culpabilidad penal; serán otras instancias y serán otras autoridades. Lo que eso sí tiene este punto de acuerdo es que el Senado de la República activará su mecanismo de control político, de rendición de cuentas y esclarecimiento documental plenamente razonable frente a hechos de posible relevancia constitucional y de seguridad nacional”.
El acuerdo fue aprobado en comisiones por 14 votos a favor, incluidos los del PAN y Morena, y uno en contra, de Movimiento Ciudadano. El PRI no participó.
Ya en el pleno, de nuevo la única bancada que votó en contra de forma explícita fue Movimiento Ciudadano. El senador Luis Donaldo Colosio argumentó que con el acuerdo se está violentando el pacto federal, porque la gobernadora no le rinde cuentas al Senado sino a la población y al Congreso de ese estado.
“Estamos pasando dosis por el arco del triunfo a la Constitución del estado soberano de Chihuahua y de paso la Constitución federal”, advirtió. Al final de la sesión, el coordinador de ese grupo, Clemente Castañeda, solicitó que quede asentado de forma explícita en el acta el rechazo de su grupo.
PAN pide que también acudan gobernadores de Morena
Por el PAN, Ricardo Anaya coincidió con Colosio en que el Senado no tiene facultades para citar a gobernadores y gobernadoras. Acusó a Morena de ignorancia y de asentar un nuevo precedente para llamar a los mandatarios estatales.
“Vamos a votar a favor porque el que nada debe nada teme (…) Va a ser una oportunidad para que ella les explique cómo en Chihuahua se combate al crimen”.
El coordinador panista, sin embargo, aprovechó para solicitar que así como se citó a la gobernadora de Chihuahua, acudan a comparecer los gobernadores morenistas Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, y Marina del Pilar, de Baja California.
El senador Mario Humberto Vázquez, también chihuahuense y exfuncionario del gobierno de Maru Campos, acusó que el gobierno federal no tiene control sobre quiénes participan en las labores de seguridad.
“El hecho de que estén proponiendo este punto de acuerdo es un claro indicio de que traen un desmadre, un descontrol en el tema”, dijo.
Noroña advierte denuncia penal
El morenista Gerardo Fernández Noroña advirtió que presentará una denuncia penal contra quienes señalaron que los agentes estadounidenses pertenecen a la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés).
“Yo no voy a dejar pasar esta situación, yo sí voy a presentar una denuncia penal por estos hechos tan graves contra todos los que han declarado que sí eran agentes de la CIA, y que la gobernadora Maru Campos acordó esto, a espaldas a la jefa del Estado mexicano, la compañera presidenta Sheinbaum Pardo; de espaldas al pueblo de México, de espaldas a la decencia, a los principios, al honor que alguna vez Acción Nacional tuvo”.
Juan Carlos Loera mostró una gráfica para ilustrar que el gobierno de EU alertó sobre la violencia en Chihuahua. Argumentó también que es la segunda entidad con mayor índice de
El morenista Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, acusó a los panistas de querer desviar la atención. Defendió la responsabilidad del Senado para intervenir en el tema, por la fracción primera del artículo 76 constitucional.
¿Qué establece el dictamen?
El dictamen destaca que el principal problema es que las autoridades de Chihuahua dieron versiones diferentes y contradictorias sobre qué hacían los agentes extranjeros en Chihuahua. Argumenta que se trata de un asunto que afecta la seguridad nacional y la soberanía de todo México.
Destacan que cuando las autoridades de un estado interactúan con agentes extranjeros deben pedir autorización y avisar al gobierno federal. El dictamen indica que las autoridades de Chihuahua no habrían informado de manera oportuna a la Federación, por o que fallaron en su obligación de coordinarse y pusieron en riesgo la seguridad del país.
El Senado argumenta que tiene la obligación constitucional de vigilar la política exterior y proteger al país de cualquier intervención extranjera que no haya sido autorizada. Destaca que el llamado a la gobernadora y al fiscal no significa un castigo, sino un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas para que aclaren las dudas y demuestren si su actuación respetó las leyes mexicanas.