Senado aprueba combate a lavado de dinero; legisladores eliminan el financiamiento a terrorismo
Andro Aguilar · 25 de junio de 2025
El Senado aprobó la reforma para ampliar el combate al lavado de dinero con modificaciones a la Ley Federal de Prevención e Identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el Código Penal Federal.
La reforma, aprobada por 74 votos a favor, 19 en contra del PRI y 19 abstenciones del PAN y Movimiento Ciudadano, amplía la posibilidad de vigilancia financiera a servidores públicos de los tres niveles y poderes de gobierno.
De última hora, la mayoría encabezada por Morena eliminó de la reforma toda mención referente a “financiamiento de terrorismo”, con el argumento de que éste ya está tipificado y podrían caer en una contradicción jurídica.
Personas políticamente expuestas
La reforma incorpora la definición de “Persona Políticamente Expuesta” (PPE), y la define como la persona física que desempeña o ha desempeñado funciones públicas en el territorio mexicano o en el extranjero. La intención es obligar a quienes realizan actividades vulnerables de ser usadas para el lavado de dinero a identificar y monitorear las operaciones con estos clientes.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá elaborar y actualizar un listado de las personas clasificadas como PPE y podrá solicitar de forma directa información financiera y patrimonial a las entidades públicas sin orden judicial. Las dependencias de los tres niveles de gobierno, así como los órganos autónomos, deberán enviar sus respectivos listados a Hacienda.
Uno de los puntos que más críticas recibió por parte de legisladores de oposición fue que adiciona en esa supervisión a las personas relacionadas con funcionarios que cumplan con las condiciones y características que la Secretaría de Hacienda establezca.
La reforma establece que se debe monitorear de forma intensa actividades consideradas como vulnerables de ser usadas para lavar dinero, como casinos, compra de algunos artículos y la realización de préstamos y donativos.
También amplía la lista de actividades vulnerables de ser usadas para el lavado de dinero con la inclusión del desarrollo inmobiliario, la comercialización de activos virtuales (criptomonedas), la prestación de servicios de fideicomiso y otras actividades financieras no tradicionales. Quienes realicen estas actividades deberán identificar y reportar quiénes son las personas beneficiarias finales.
En su artículo 54. BIS, la reforma contempla que la Secretaría de Hacienda podrá determinar que quienes realizan Actividades Vulnerables de ser usadas para el lavado de dinero suspendan de forma temporal la realización de actos u operaciones con determinadas personas “Clientes o Usuarias” hasta que se subsane o resuelva el procedimiento establecido en dichos mecanismos.
La reforma también reconoce a la Unidad de Inteligencia Financiera como víctima u ofendido en los delitos de lavado de dinero en los que se utilicen servicios de instituciones del sistema financiero, con la intención de asegurar su participación en las investigaciones y procesos penales.
Otro de los cambios es la amplificación del concepto de “beneficiario controlador”, que se refiere a la persona física que, de forma directa o indirecta, obtiene beneficios económicos sobre una empresa, un fideicomiso u otra figura jurídica.
En ese sentido, amplía la obligación de identificar y reportar al beneficiario controlador o beneficiario final en todas las actividades vulnerables de ser usadas para ocultar el origen ilícito de recursos que pudieran y lavar dinero, con un mayor monitoreo.
Otra de las modificaciones es definir a las Organizaciones sin fines de lucro, con la intención de que no sean usadas tampoco para el lavado de dinero.
Javier Corral, impulsor de la reforma, explicó que la reforma atiende las observaciones realizadas en 2018 por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), principalmente sobre identificación de “beneficiarios finales”, supervisión de actividades no financieras y “personas políticamente expuestas”. Informó que México tendrá una nueva ronda de evaluaciones del GAFI este año.
La propuesta, presentada en enero pasado, fue nutrida tras la celebración de un parlamento abierto con especialistas y representantes de los sectores implicados.
La aprobación de la reforma se dio justo el día en que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió órdenes que identifican a tres instituciones financieras de México como fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides. Se trata de las firmas CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco S.A., Institución de Banca Multiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector).
La reforma aprobada será enviada a la Cámara de Diputados para concluir su ciclo legislativo.
Eliminan “Financiamiento al terrorismo”
Pese a que en Comisiones Morena realizó dos cambios en la reforma, a través de las reservas presentadas por el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, este miércoles sumó una modificación más de última hora, a través de la senadora Lucía Trasviña, con la finalidad de eliminar cualquier referencia al financiamiento al terrorismo.
La reserva aprobada tuvo la finalidad de eliminar toda referencia que hiciera alusión a la figura “financiamiento al terrorismo, para tener un marco normativo armonizado, según explicó la senadora Lucía Trasviña, encargada de presentarla.
La legisladora dijo que ya está tipificado el aporte o la recaudación de fondos o recursos destinados apara financiar actividades terroristas o conductas de ese tipo en México o el extranjero.
“La reforma al Código Penal Federal resulta totalmente innecesaria” y aseguró que el cambio no merma el esfuerzo del gobierno mexicano en el combate y prevención del lavado de dinero. Trasviña dijo que si no se quitaba el tema de terrorismo derivaría en contradicción juirídica.
Fue la única reserva que el Senado aceptó, con el rechazo del PRI y las abstenciones de integrantes del PAN y Movimiento Ciudadano.
La reserva aprobada, según dijo el coordinador del PAN Ricardo Anaya, no había sido compartida con legisladores de la oposición hasta antes de las 5:30 de la tarde, cuando inició la discusión.
Oposición acusa intromisión gubernamental
Movimiento Ciudadano votó en abstención, debido a las medidas que señalaron como invasivas en la reforma, de “meterse en la vida privada de los mexicanos”.
Alejandra Barrales, senadora de esa bancada, advirtió del riesgo de que al amparo de combatir temas sensibles para la población haya medidas que resulten lesivas como el acceso a datos personales.
La senadora señaló que en el artículo 51 BIS que posibilita el acceso de la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de Hacienda, a información, datos e imágenes de mexicanos en posesión de los entes públicos, sin restricción ni orden judicial.
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Por lo que advirtió de un uso faccioso de la UIF en contra de adversarios políticos.
Otra preocupación fue el concepto “personas políticas expuestas”: “Sí al combate al crimen organizado pero no a meterse en la privacidad de las y los mexicanos”, dijo.
En tanto, la priista Claudia Anaya acusó de excesiva la reforma y de “militarizar la administración pública”, por la incorporación de la Guardia Nacional.
La legisladora se refirió al artículo 6, que señala que la Secretaría de Hacienda coordinará sus funciones con las de la Guardia Nacional para los fines de la ley, “en términos de las disposiciones aplicables y en el ejercicio de las atribuciones que establezca el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.
Al respecto, el senador Luis Alfonso Silva, del Partido Verde, calificó los señalamientos como “falacias”. Argumentó que no se trata de una normativa con carácter penal, sino una ley de naturaleza preventiva y administrativa, con medidas de identificación, reporte y control.
“No se otorgarán facultades penales a la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública”, dijo.
En su posicionamiento por bancada, el PAN advirtió que realizaría reservas pero no rechazó la reforma. La senadora Guadalupe Murguía advirtió que existe ambigüedad y exceso cuando al definir a las personas políticamente expuestas, ya que el Grupo de Acción Financiera Internacional señala a servidores públicos que tengan actividad relevante, sin embargo la reforma deja abierta la posibilidad para que cualquier servidor pueda ser considerado bajo ese esquema. Algo que, dijo, puede ocurrir también con las “personas relacionadas”.
Murguía calificó como preocupante que la Secretaría de Hacienda pueda solicitar información a cualquier autoridad federal, estatal, entidad pública, bancos, institutos electorales y a la Comisión Nacional de Valores.
“Y sobre todo involucrarse en la información, en nuestra información digital, la de cualquier persona, pudiendo accesar a archivos, llamadas, documentos, fotografías, información financiera, lo cual vulnera gravemente la privacidad y los datos personales, porque aquí no se exige autorización judicial para que pueda realizarse esta intervención”, concluyó.
Además de las observaciones de legisladores de oposición sobre el concepto de “persona políticamente expuesta”, la senadora Guadalupe Chavira, de Morena, se pronunció a favor de que se redacte de mejor manera para delimitar las acciones de la Comisión Nacional Bancaria y la Secretaría de Hacienda.