Andro Aguilar · 22 de julio de 2026
Tras cuatro meses desde su anuncio, llegó al Congreso la iniciativa presidencial que propone homologar el feminicidio en el país, establecer agravantes, que el delito no prescriba y que cualquier muerte violenta de una mujer en México sea investigada como este delito, entre otras medidas.
La iniciativa deberá ser analizada y votada por el Senado a partir del inicio del próximo periodo ordinario de sesiones, que comienza en septiembre.
Este miércoles, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, quien será la próxima titular de la Secretaría de las Mujeres, informó que la Consejería Jurídica de la Presidencia le hizo llegar la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio.

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En tanto, el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, informó que la iniciativa fue turnada a las comisiones de Igualdad y Justicia del Senado. La idea es que esas comisiones dictaminen el documento y quede listo para la primera semana de septiembre, cuando inicia el próximo periodo ordinario de sesiones.
La iniciativa de la Ley general propone que el Ministerio Público investigue cualquier muerte violenta de una mujer como feminicidio y que se garantice una investigación ininterrumpida.
La principal propuesta es crear un tipo penal único de feminicidio, por lo que pretende homologar el delito en las 32 entidades del país para evitar que las diferencias entre legislaciones locales generen criterios distintos de investigación, subregistro de casos e impunidad.
La iniciativa plantea que el feminicidio sea considerado un delito imprescriptible, para el que no se le pueda aplicar amnistía, beneficios para reducir penas.
También reconoce las razones de la agresión por género, como son signos de violencia sexual, antecedentes de violencias, delito motivado por estereotipos o prejuicios y la existencia de relaciones de poder.
Para las personas que cometan feminicidio las penas irán de los 50 a los 70 años de prisión, además de otras sanciones contra la tentativa de feminicidio.
La ley contempla 19 agravantes que se traducirán en mayores penas si las víctimas de ese delito son niñas, adolescentes, mujeres mayores o si viven con alguna discapacidad u otro elemento de vulnerabilidad. Contempla castigos si quien comete el delito es un servidor público, cuando existan ataques con ácido o cuando haya circunstancias que incrementen la vulnerabilidad de la víctima.

Dentro de la exposición de motivos, la iniciativa destaca que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de Relaciones en los Hogares de 2021 (ENDIREH), 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años en México fueron víctimas de violencia, ya sea sexual, psicológica, física, económica, patrimonial o discriminatoria.
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La iniciativa presidencial incorpora sanciones complementarias para las personas responsables de feminicidio, como son la pérdida de patria potestad, tutela o custodia de menores. Los funcionarios que incumplan sus obligaciones en la atención e investigación del delito pueden ser destituidos o inhabilitados.
Como ocurre con otros delitos, las fiscalías estatales tendrán que contar con unidades especializadas y personal capacitado en perspectiva de género y derechos humanos.
La iniciativa contra el feminicidio fue anunciada desde el 24 de marzo pasado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero primero había que modificar la Constitución para permitir al Congreso la creación de una ley al respecto.
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En abril, el Congreso modificó el artículo 73 de la Constitución para incluir al feminicidio en el listado de delitos sobre los que los legisladores deben crear una ley general, además de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación ilegal de la libertad, extorsión, trata de personas, tortura y electoral.