Senado alista votación de impuestos a refrescos y videojuegos violentos
Andro Aguilar · 28 de octubre de 2025
Luego de dos semanas de haber recibido el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación, aprobado por la Cámara de Diputados, y de reunirse en dos ocasiones con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Senado se prepara para aprobar el paquete fiscal sin grandes modificaciones.
Este martes, las comisiones unidas de Estudios Legislativos Primera y de Hacienda y Crédito Público dictaminarán las minutas referentes a los ingresos para el próximo año. Legisladores de Morena adelantaron el miércoles 22 de octubre, tras una reunión a puerta cerrada con funcionarios del SAT y Hacienda, que no prevén realizar modificaciones a lo aprobado por la Cámara de Diputados.
El lunes, representantes de Hacienda y el SAT se reunieron por segunda ocasión con legisladores. El encuentro fue público y en él participaron senadores de todos los partidos políticos.
En la reunión estuvieron María del Carmen Bonilla Rodríguez, subsecretaria de Hacienda; Gabriel Lerma, subsecretario de Ingresos, y Ricardo Carrasco, administrador general jurídico del SAT.
Antes del encuentro, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la comisión de Estudios Legislativos Primera —una de las dos que dictaminará las reformas fiscales— adelantó que este martes prevén dejar listos los dictámenes de las cuatro leyes: Ley Federal de Derechos, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la Ley de Ingresos y el Código Fiscal de la Federación.
El veracruzano admitió que al conformar un solo grupo, los legisladores de Morena irán en el mismo sentido de sus compañeros que descartaron en días previos cambios a las leyes en materia fiscal; sin embargo, evitó confirmar que los documentos irán aprobados sin modificaciones.
“No soy brujo, todavía no tengo esa capacidad, pero hemos demostrado que se revisan las leyes con la pulcritud, con la legalidad y con el interés siempre de atender las necesidades del pueblo”, dijo.
Se espera que el pleno del Senado vote las cuatro leyes del paquete fiscal y la sesión se prolongue hasta la madrugada del jueves; sin embargo, no se descarta que este mismo martes algunos dictámenes sean abordados en una sesión vespertina para avanzar en los trabajos correspondientes al paquete que prevé ingresos de 10 billones 193 mil 683 millones de pesos.
Estos son los principales cambios
Entre las principales modificaciones del paquete se encuentra aumentar el costo de entradas a museos y zonas arqueológicas, así como emisión de documentos por parte del Instituto Nacional de Migración, a personas extranjeras, a través de una reforma a la Ley Federal de Derechos.
Una de las modificaciones más controvertidas, en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), es el aumento a los impuestos de bebidas azucaradas y productos de tabaco, así como un nuevo impuesto a los electrolitos orales y a los videojuegos con contenido violento.
Durante días previos, al Senado acudieron representantes de los sectores afectados, incluidos los de la cooperativa Pascual, quienes argumentaron que el aumento al IEPS a bebidas azucaradas podría sacarlos del mercado.
Respecto del Código Fiscal de la Federación, la reforma autoriza que el SAT pueda revisar de manera permanente y en tiempo real las operaciones en plataformas digitales como Uber, Netflix o Mercado Libre.
Rechazan espionaje con plataformas y defienden aumento a refrescos
Ricardo Carrasco Varona, administrador general jurídico del SAT, rechazó que el monitoreo a plataformas digitales busque espiar a los usuarios. Argumentó que la estructura internacional de esas compañías impide una revisión como en empresas nacionales.
“Es totalmente falso que el cambio al marco jurídico fiscal, aprobado en la Cámara de Diputados, tenga fines de espionaje digital o se trate de la ‘Ley Espía’, como apuntaba. Es decir, desde luego que no tiene como propósito, ni se implementará de ninguna forma, para vigilar a los usuarios de las plataformas. Eso nunca va a pasar”.
Carrasco Varona insistió que la propuesta establece que las plataformas permitan a las autoridades fiscales acceder a la información para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y “hacer más eficiente la recaudación”.
El funcionario explicó que las plataformas están obligadas a pagar al SAT las retenciones que hacen a los usuarios, que tiene como fuente única lo que reciben a cambio de bienes o servicios; sin embargo, muchas de esas plataformas están ubicadas en el extranjero por lo que las labores de fiscalización no pueden ser las mismas, ya que no pueden hacer una visita domiciliaria y una revisión de gabinete.
“El único propósito que tiene esta reforma es garantizar que el monto que desde hace un par de años estas empresas enteran al SAT y reportan coincida con la realidad de lo que cobraron a los usuarios, que no exista ninguna especie de doble contabilidad, que no exista ningún hueco. De tal forma, que podamos tener una garantía absoluta de que lo que se cobró a cada uno de sus usuarios termine en las arcas federales”.
En tanto, Carlos Gabriel Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos de Hacienda, defendió el alza a impuestos en bebidas azucaradas, con base en poco impacto que asegura tuvo en el consumo la modificación previa de impuestos en ese sector y el beneficio que significaría respecto a la salud de los consumidores.
Ante los cuestionamientos de la morenista Nora Ruvalcaba, sobre que la industria de bebidas azucaradas ha calculado que el aumento de los impuestos llevaría a la pérdida de hasta 150 mil puestos de trabajo para 2030, el funcionario descartó que el cambio impacte en los pequeños comercios y empleos alrededor. Argumentó que el cambio realizado en 2013 significó menos de 5 por ciento el consumo.
“No vemos una pérdida de empleo relevante, ni en los productores y menos en las tienditas, porque lo que vemos ahí es que ellos ahí se ofrecen productos sustitutos”.
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Lerma reconoció que si bien la modificación parece regresiva en el mediano y largo plazo, habrá una mejora en la salud de las personas de menores recursos y los gastos que ello implica al Estado.
Ejemplificó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) destina 40 mil millones para 100 mil personas con diálisis, ya que cada tratamiento cuesta a la institución aproximadamente 400 mil pesos anuales.