Mauricio Torres · 15 de diciembre de 2022
La reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador dio un paso más para convertirse en realidad, luego de que la mañana de este jueves quedara aprobada en el pleno del Senado gracias a los votos de la mayor parte de la bancada de Morena y de sus partidos aliados.
El tema comenzó a discutirse por la tarde de este miércoles, en una sesión que se prolongó por horas hasta pasadas las 10:00.
Los senadores aprobaron por separado los dos dictámenes que conforman la reforma. El primero fue aquel que modifica tres leyes (de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos y del Poder Judicial) y crea otra (acera de medios de impugnación).
En ese dictamen, la votación en lo general quedó en 69 votos a favor y 53 en contra. En lo particular, quedó en 68 a favor y 50 en contra.
En el bloque morenista, destacó la postura del coordinador Ricardo Monreal, quien se distanció del grupo parlamentario al votar en contra de la reforma. Horas antes de la votación, Monreal perfiló su posición bajo el argumento de que la propuesta presidencial —a su juicio— tiene varios puntos que son contrarios a la Constitución.
Únicamente otro compañero de bancada votó como él: Rafael Espino de la Peña, suplente de Cruz Pérez Cuéllar —hoy alcalde de Ciudad Juárez— y quien es presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.
El resto del grupo parlamentario se pronunció a favor de la reforma promovida por López Obrador.
Durante la discusión en lo particular, además, todas las reservas de Monreal fueron rechazadas.
El segundo dictamen fue aquel que modifica las leyes de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.
En lo general, ese documento se aprobó por 65 votos a favor y 52 en contra. En lo particular, por 64 contra 48.
Dentro de este segundo dictamen se regula la propaganda gubernamental. La oposición reclama que abre la puerta a que funcionarios se promuevan abiertamente porque sus expresiones no podrían ser consideradas mensajes propagandísticos.
Puesto que el conjunto de reformas tuvo cambios en el Senado, todavía deberá regresar a la Cámara de Diputados para otra revisión. Si en San Lázaro se acepta lo avalado por los senadores, la propuesta presidencial quedará lista para ser promulgada; si no, irá nuevamente a la Cámara alta.
La Cámara tiene programado sesionar este mismo jueves para recibir lo que le envíe el Senado.
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Uno de los principales puntos de la reforma es reducir la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), órgano que el presidente López Obrador considera caro y corrupto y al que acusa de no proteger la democracia.
De concretarse la reforma, el INE deberá fusionar comisiones y sus 300 juntas distritales dejarán de ser permanentes para convertirse en instancias temporales con menos personal. A su vez, esto implicará pérdida de plazas; de acuerdo con consejeros del propio INE, la medida significaría perder 84.6% del Servicio Profesional Electoral.
Además, se busca quitar facultades a la Secretaría Ejecutiva del instituto y establecer que los consejeros no podrán tener un sueldo mayor al del presidente de la República.
El dictamen que incluye estos cambios indica que con ello “se espera generar un ahorro significativo”.
En la Cámara de Diputados, se habían aprobado medidas que favorecían a partidos pequeños y aliados a Morena: el PVEM y el PT.
Ignacio Mier, coordinador de Morena en San Lázaro, dijo que eso había sido había sido un error y se había comprometido a retirar el asunto del documento, pero en el Senado el PVEM cabildeó y logró que Morena respaldara su plan.
Así, se incluyó que partidos aliados podrán repartirse votos, algo que permitirá que partidos de menor tamaño alcancen el porcentaje mínimo marcado en la ley para conservar el registro —3%— y puedan acceder a curules y financiamiento público.
En otros tema, la reforma acorta la duración de los procesos electorales federales, que ya no comenzarían en septiembre sino en noviembre del año previo a comicios; fija cuotas para que los partidos den candidaturas a personas con discapacidad, afromexicanas, de la diversidad sexual, jóvenes y migrantes, y crea nuevas reglas en materia de impugnaciones.
Desde el inicio de la sesión, el debate estuvo marcado por las diferencias entre el bloque encabezado por Morena y el de la oposición, también conocido como “bloque de contención”.
Los integrantes del primer grupo reiteradamente acusaron a sus rivales de ser “conservadores” y de estar al servicio de élites políticas o económicas, mientras que los opositores respondieron argumentando que la reforma representa un golpe a la democracia porque debilita al INE y sus capacidades.
Ana Lilia Rivera y Casimiro Méndez, senadores de Morena, dijeron en sus intervenciones que las instituciones “sí se tocan”, en alusión al lema “¡El INE no se toca!” con el que personas contrarias a la reforma se han manifestado y han exigido frenarla.
En contraste, el senador Clemente Castañeda, de MC, acusó que el Senado vivió “una larga noche autoritaria”, en tanto que Beatriz Paredes, del PRI, dijo que la propuesta “tiene vicios de procedimiento” y Josefina Vázquez Mota, del PAN, aseguró que lo planteado representa “destruir” instituciones.
Al inicio del debate formal, algunos legisladores de oposición pidieron posponer la discusión, pero sus solicitudes fueron rechazadas.
El bloque de los partidos opositores ha advertido que acudirá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar la reforma en caso de que se apruebe. Ante ello, el presidente López Obrador ha dicho que le tocaría a los ministros analizar y pronunciarse, aunque confió en que sus propuestas serán validadas.
La oposición señala que varios de los principales puntos de la actual propuesta presidencial son contrarios a la Constitución.